El Gobierno tiene por delante una semana que puede ser clave en su armado legislativo y político porque arrancará con el debate del Presupuesto 2025 y se someterá a una prueba de fuego ante la sesión especial pedida por la oposición para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Como telón de fondo intentará retomar el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas y defenderá el decreto que limita el acceso a la información públicam, una movida que fue cuestionada por el PRO que tampoco garantiza hasta ahora el apoyo al veto universitario.

La multitudinaria marcha por la universidad pública dejó al Gobierno en medio de una gran incertidumbre porque el veto presidencial juntó a la oposición, hizo que dejaran de lados las diferencias y provocó que el radicalismo, Encuentro Federal y el kirchnerismo se movieran en sintonía para acordar una sesión para el próximo miércoles a las 11 con la intención de rechazar el veto de Milei a la ley que actualiza el presupuesto de las universidades por inflación para este año.

Sin embargo, la tensión quedó centrada en lo que pueda hacer el PRO, que a través de Mauricio Macri marcó la diferencia con el Gobierno y reafirmó que la educación pública es una de las banderas de esa fuerza. En rigor, en la Casa Rosada esperaban otro mensaje del ex presidente para que ordenara a sus legisladores, pero eso no pasó y dispuso esperar que el Gobierno junte los apoyos para ratificar el veto.

Martín Menem advirtió a la Casa Rosada que la situación es compleja y dejó trascender que la movida de la oposición es «una operación política contra el Gobierno que nada tiene que ver con las universidades». Está claro que el tema de las universidades será uno de los puntos críticos de la discusión por el Presupuesto 2025.

«Estamos esperando que se ordene el PRO. La postura de Macri no es coincidente con el apoyo a la gobernabilidad que plantearon en el veto anterior con el tema jubilaciones ni con las posturas públicas«, se despachó un operador libertario molesto por la incertidumbre que genera su principal socio en el Congreso.

En este sentido interpretan que si por algún motivo la posición del macrismo deja de ser firme y colaborativa con el Gobierno y pasa a «una estrategia especulativa, cambiará mucho la lógica parlamentaria». También es cierto, como responden desde la órbita dialoguista, que hay una decisión de discutir ley por ley y no hay garantía de que se repitan los votos dos sesiones seguidas.

Santiago Caputo, el asesor estrella, trató de acercar posiciones reuniéndose con Macri, pero al parecer no se avanzó y el ex presidente que tiene previsto un viaje al exterior dejó la negociación en manos de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, quien tiene agendada una reunión con su tropa para el martes a las 18, donde se espera que surja una definición. A lo largo del fin de semana continuarán los llamados para alinear las posturas.

Desde el macrismo advirtieron que aún votando todo el bloque completo a favor del veto, el oficialismo no tiene garantizado que vaya a ratificarlo. Tal como informó este diario, el larretista Álvaro González confirmó que votará en contra de la decisión del Presidente, mientras que están en duda Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti y Sabrina Ajmechet, quienes abandonaron el recinto cuando se dio la media sanción a la ley.

La Libertad Avanza tiene 39 bancas en Diputados y sólo puede sumar el apoyo de algunos aliados para consolidar un tercio de 86 votos para bloquear la movida de la oposición. Por ahora, el oficialismo cree tener asegurados los votos de los radicales Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, quienes acompañaron el veto del Gobierno a la actualización de las jubilaciones, mientras que Martín Arjol y Pablo Cervi, también de la UCR estarían ausentes.

Para ratificar la ley de financiamiento universitario se anotaron los 99 de Unión por la Patria, 27 del radicalismo y la mayoría de Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto. También se sumaron los 6 de la Coalición Cívica, los dos diputados de Santa Cruz, Sergio Acevedo y José Luis Garrido; como así también Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino y los 5 diputados de la izquierda.

En paralelo y en medio de la tensión, el Gobierno inicia el tratamiento en comisión del Presupuesto 2025, una ley que de acuerdo a las estimaciones que hace el oficialismo recién llegaría al recinto en la última semana de noviembre, al filo del cierre de las sesiones ordinarias, con la intención de que tenga un tratamiento rápido en el Senado ya que será negociada en simultáneo en ambas cámaras.

Se estima que habrá al menos 4 reuniones informativas en la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, con la presencia de ministros y secretarios. Arranca el martes a las 14 con la defensa que harán los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas). La oposición presiona para que concurra Luis Caputo, pero desde la Casa Rosada ratificaron que el ministro no participará y advirtieron que no es negociable. El cronograma se completa con otras 2 audiencias de debates y una tercera para ya emitir despacho de comisión.

Los libertarios entienden que los puntos más difíciles serán los vinculados a la educación y la obra pública. Saben que esta es una instancia en la que los gobernadores intentarán «meter mano en la caja» y entienden que si el Gobierno afloja será difícil de contener.

El kirchnerismo ya avisó que rechazará el ajuste de US$ 20 mil millones pedido por Milei, y pondrá al tanto que eso equivale al 35% de las transferencias previstas para las provincias en 2025. Tampoco hay que olvidar que en el Pacto de Mayo, el acuerdo que 18 mandatarios provinciales sellaron con Milei el 9 de julio, en su artículo 3 se estableció una reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI.

En el radicalismo también hay cuestionamientos al ajuste pedido por el Presidente porque entienden que «se avanza sobre la autonomía de las provincias». En números, lo traducen como una rebaja del 12 % afectando tanto a los servicios de educación, salud y justicia.

En medio de la crisis, el oficialismo buscará defender el decreto 780/2024 que restringe el acceso a la información pública y que generó fuertes tensiones con los bloques dialoguistas. Incluso, la presión de la oposición obligó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos a acceder a  hacer modificaciones de «ser necesario» aunque desestimó la posibilidad de derogarlo.

La normativa restringe el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas. Para defender la decisión del Gobierno fue convocada la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien responderá a los reclamos de los legisladores en el marco de una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales prevista para el martes a las 13.

A todo esto, el oficialismo también quiere reactivar el debate en comisión del plan de privatización de Aerolíneas Argentinas luego del informe dado por José Rolandi, el dos de la Jefatura de Gabinete, junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El Gobierno buscaba un tratamiento exprés pero fracasó en el intento de reunir las firmas para sacar despacho. Ahora la intención es apretar el acelerador después de la sesión del próximo miércoles.