Después de haber logrado que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le tome juramento al abogado Manuel García Mansilla para que integre el máximo tribunal, el Gobierno aguarda por una decisión clave sobre su segundo candidato: Ariel Lijo. Con el período de sesiones ordinarias inaugurado desde este sábado, el Poder Ejecutivo tiene otro desafío por delante: el envío de 222 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales.

La Casa Rosada buscaba la fotografía de la Corte Suprema con cinco miembros, en la actualidad queda una vacante por cubrir la que en 2021 dejó Elena Highton de Nolasco. Para ese cargo, el presidente Javier Milei postuló al juez federal Ariel Lijo.

Por el momento, sólo se le tomó juramento a Manuel García Mansilla. El magistrado deberá esperar al acuerdo del 6 de marzo para saber si el máximo tribunal le concederá la licencia extraordinaria solicitada esta semana, para poder integrar la Corte después de la designación por Decreto que promovió el Jefe de Estado.

La medida se adoptó después de que el pliego de Ariel Lijo quien obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdo, no fue tratado en el período de sesiones extraordinarias.

El magistrado con más de veinte años en a Comodoro Py sostiene que al tratarse de una designación a comisión por el plazo de un año, y por ser un cargo de mayor jerarquía, le corresponde el otorgamiento de una licencia sin goce de sueldo.

Dicha licencia es de carácter extraordinario ya que supera los seis meses. Por ese motivo, pese a que la Cámara federal porteña la concedió -ya que tiene Superintendencia sobre los juzgados de instrucción-, la Corte tendrá la palabra final.

La decisión se conocerá días después de la inauguración del período legislativo que encabezará este sábado el presidente Javier Milei. De todos modos, el Gobierno quiere a Ariel Lijo sentado entre los ministros de la Corte durante el acto oficial.

Cuando las sesiones ordinarias queden oficialmente inauguradas, la Casa Rosada en materia de justicia, tiene otro desafío por delante: que el Senado apruebe 222 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales.

Ese extenso listado suple los pliegos retirados de la Cámara Alta por parte del Ministerio de Justicia cuando asumió el gobierno libertario.

Las planillas que había dejado el gobierno de Alberto Fernández fueron revisadas y modificadas, por las actuales autoridades del Ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona.

Fuentes oficiales señalaron a Clarín que el tratamiento y aprobación de los pliegos que se enviarán en el transcurso del mes de marzo, “no deberían ser complicados, no será fácil pero la gran mayoría de las ternas lograran aprobación”.

Hay dos aspectos que contempla el Poder Ejecutivo sobre los cuales sustenta un moderado optimismo frente a los 222 pliegos: requieren una mayoría simple (a diferencia de los candidatos para la Corte Suprema que demanda los dos tercios del cuerpo deliberativo).

Por otro lado, en el extenso listado, no hay candidatos para cubrir los sillones de vacío Comodoro Py el fuero que investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.

La instancia del envío de los pliegos es posterior al trabajo realizado por el Consejo de la Magistratura, responsable de tomar los exámenes para los cargos de jueces nacionales y federales; como así también la evaluación de los mismos, las entrevistas hasta confeccionar el orden de mérito y conseguir, en plenario, la aprobación de las ternas. Es ahí cuando las mismas son remitidas al Poder Ejecutivo.

El año pasado el Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, realizó y concluyó 97 concursos. Una cifra que hace tiempo no se observaba.

Desde el Ministerio de Justicia, que cuenta con su representación en el Consejo, esperan poder remitir 55 pliegos más al Congreso para ir reduciendo uno de los números más inquietantes: el 30% de los puestos del Poder Judicial se encuentran vacantes.

Este año ya se fijó, dentro del Consejo, la agenda para continuar avanzando con los concursos y también con los concursos anticipados, para no aguardar a la creación de la vacante y recién allí poner en marcha un proceso que demanda tiempo hasta la confección de las ternas.

La justicia cuenta con 1.002 cargos de jueces nacionales y federales. De ese universo de sillones en diversos fueros, 305 puestos están vacantes. “Es un porcentaje sin precedentes y uno de los temas más acuciantes”, sostuvo una fuente judicial a Clarín.

Durante el último plenario del Consejo de la Magistratura del 2024, se aprobaron 23 ternas para cubrir cargos vacantes en diversos fueros, del Poder Judicial. Ninguna corresponde a los cargos sin cubrir en Comodoro Py, el fuero al que más atención le presta la política.

Las cifras oficiales exponen que de 1.002 cargos de magistrados/as el 30,43% son cubiertos, hace muchos años, con la Ley de Subrogancias que debía ser un paliativo pero como muchos dentro de la justicia definen, “se volvió la norma”.

Los Tribunales de Retiro son un muestreo de la situación: en instrucción hay jueces cuatro despachos de los doce de la instancia de instrucción, sin cubrir. Ese número ascenderá a cinco si Ariel Lijo jura como ministro de la Corte.

La situación se replica en otros fueros e instancias: Cámara revisoras, Tribunales Orales, juzgados electorales, civiles, y el listado continúa.

El Consejo de la Magistratura es el primer eslabón en el largo recorrido que las ternas recorren. El órgano presidido por Horacio Rosatti, es el responsable de confeccionar los exámenes para cada cargo, armar los jurados que los evaluarán teniendo en cuenta no sólo la evaluación escrita sino también, los antecedentes. Después, viene la etapa de las entrevistas personales para después, la Comisión correspondiente apruebe el informe y realice la elevación de las ternas al plenario.

Cuando se recibe el dictamen de la Comisión junto al expediente del concurso, se convoca a una audiencia pública y finalmente se lleva adelante la votación de las ternas para la cobertura de cargos. Allí concluye la tarea del Consejo de la Magistratura.

Durante el 2024, en total, se remitieron tras ese recorrido administrativo 96 ternas al Poder Ejecutivo Nacional, que es el responsable de enviar los pliegos al Congreso para que allí, en la Comisión de Acuerdos se traten para que después ingresen al recinto y se proceda con la votación que es por mayoría simple. Cuando ese paso se cumple, vuelve a manos del PEN para su publicación en el Boletín Oficial.

Sin embargo, el Gobierno no designó durante todo el año pasado ni un solo juez.

A la fecha, según los números oficiales, en el Poder Ejecutivo hay pliegos a la espera de su envío, que representan más del 60% de las vacantes que afronta el Poder Judicial.

Después, hay otras 121 ternas que permanecen en el Consejo de la Magistratura, es decir, un 40% de las vacantes. Todas se encuentran con el trámite iniciado en diversas instancias.

Eso arroja un total de 305 cargos sin cubrir con jueces, juezas en carácter de titular. La administración de justicia es el factor resaltado por diversos funcionarios judiciales, a la hora de hablar sobre el perjuicio que esta circunstancia representa: más del 30% de la justicia vacante.