El Gobierno envió al Congreso este martes una reforma integral de leyes para abordar el crimen organizado en la Argentina.

El conjunto de herramientas normativas incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de “reiterancia” y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.

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La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo el proyecto en Casa Rosada.

Ley Antimafias

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

• Se delimita la procedencia del delito para la aplicación de la ley a la comisión de hechos que involucren tipos penales específicos como: tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos y que estén relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
• En segundo lugar crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
• La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización.
• Para menguar los recursos de las organizaciones criminales, se contempla la extinción de dominio de cualquier bien que sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
• El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. Hoy la ley vigente, considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Noticia que está siendo actualizada.-

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