LA PLATA.- El reemplazo de Cristina Kirchner como cabeza de la lista de candidatos en la tercera sección electoral bonaerense no sería Máximo Kirchner. El hijo de la expresidenta sondea otras opciones para las elecciones legislativas el 7 de septiembre próximo.

La información de los nombres alternativos a Máximo Kirchner circuló en una reunión del PJ bonaerense a la que asistió el presidente de ese partido.

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y mano derecha de Kirchner en el armado territorial, es una de las opciones que dejó trascender el kirchnerismo a los aliados del Movimiento Derecho al Futuro (MDV), la agrupación de Axel Kicillof.

Otras de las opciones, con más posibilidades de consenso, es Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown. Si bien formó parte de las reuniones del MDF, tiene muy buena relación con el PJ bonaerense tradicional. Fue el encargado de anunciar la resolución del Congreso partidario en Merlo, el sábado último.

En la nómina de posibles reemplazos también se baraja a Verónica Magario, que podría ser candidata testimonial. La vicegobernadora, alineada con Kicillof, busca ser un puente de diálogo y nunca rompió vínculo con el PJ tradicional.

“Máximo no será el candidato. Eso nos aseguraron antes de avanzar en las últimas reuniones”, dijo un funcionario al tanto a los encuentros más reservados entre Máximo Kirchner, Kicillof y Sergio Massa.

“Lo que se habló hasta ahora es que no sea Máximo: alguien que no genere tanta resistencia en Fernando Espinoza (La Matanza)”, dijo una fuente con acceso a la mesa chica del PJ.

“No creo que sea Máximo. Pero hay tiempo aún y una negociación abierta”, dijo una fuente de acceso directo a Cristina Kirchner que también participó del Congreso de la semana que pasó.

El cierre para inscribir candidatos será el 19 de julio. Hasta entonces se abrirá una tensa negociación que incluirá las ocho secciones electorales. Antes, este 9 de julio, se cerrará el plazo para inscribir alianzas. La unidad que se comenzó a construir en el Congreso del PJ del sábado pasado, en Merlo, deberá quedar plasmada entonces en los papeles ante la Junta Electoral.

“El candidato por la tercera no está completamente definido. Si fuera Máximo no puede pedir más nada para La Cámpora en esa sección. Y como esa ecuación no cierra, se evalúan otras alternativas”, dijo un hombre de la tercera que participó de todos las reuniones que se sucedieron entre San Vicente y Merlo durante la última semana.

El Congreso del PJ bonaerense, que es el órgano máximo del partido y sin cuya aprobación nada puede prosperar, proclamó la unidad con el aval de 690 congresales.

Aún queda definir como se plasmará esa ingeniería política. Los representantes del presidente del partido, Máximo Kirchner, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aún mantienen recelos y desconfianza.

En lo inmediato, la unidad es la única solución para evitar una derrota contra la alianza Pro-La Libertad Avanza.

El Congreso designó una comisión formada por Máximo Kirchner, Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Mariel Fernández y Federico Otermín para negociar las alianzas. Pero en realidad ya se negocian las conformación de las listas y la modalidad para definir a las cabezas de cada sección.

Máximo Kirchner no sería candidato, pero maneja la lapicera. La jugada no es casual: cada sector pugna ahora por meter más legisladores y concejales en las ocho secciones para poder gravitar hacia 2027.

Kicillof tiene más para perder: una derrota electoral no sólo lo dejaría golpeado en su carrera presidencial, sino que lo dejará mal parado ante Máximo y Cristina Kirchner quienes le habían sugerido unificar los comicios provinciales con los nacionales, el 26 de octubre.

En un escenario de eventual derrota en las elecciones legislativas de medio término, el presidente del PJ bonaerense sería beneficiado como quien “renunció” para sostener la unidad y no perdió una elección que se presenta complicada.

Federico Sturzenegger lucía radiante a horas de que se conocieran los últimos decretos que le permitieron las facultades delegadas a través de la Ley de Bases. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado ya tiene planes para lo que viene después de este 8 de julio.

La derogación de parte de los 700 mil decretos históricos, pero aún vigentes; una participación activa en los lineamientos que, a través del Pacto de Mayo, el Gobierno se plantea para 2026 y, sobre todo, seguir reduciendo el tamaño del Estado, están entre los objetivos de Sturzenegger.

Cerca del ministro resaltan que los 65 decretos delegados enumerados ayer representan el 5% de lo que hizo en su gestión. Hasta acá, es reconocido internamente por haber “simplificado y achicado el Estado”, como mencionan en el Palacio de Gobierno. Allí agregan que redujo en 50 mil los puestos de empleados públicos, con “un ahorro de 2 mil millones de dólares”.

En esa línea sostienen uno de los indicios de lo que vendrá: “Estamos mucho mejor que lo que encontramos, pero aún estamos muy lejos del tamaño que debe tener el Estado”, dicen sobre la motosierra que seguirá funcionando.

Además de eso, según pudo reconstruir en la Casa Rosada, Sturzenegger y su equipo planean revisar 700 mil decretos que se firmaron a lo largo de la historia del país, algunos de los cuales ni siquiera están digitalizados. Buscarán ver qué hay en cada uno de ellos y derogando aquellos que ya no están vigentes por diferentes motivos y que “pueden complicar hasta las cosas más insólitas”, dicen en Balcarce 50.

La revisación empezó de adelante hacia atrás. Los primeros fueron los que llevaban la firma del expresidente Alberto Fernández, “donde estábamos seguros que íbamos a encontrar muchas cosas inútiles”, ironizan en la Rosada. Luego se avanzó por las gestiones de Cristina Kirchner.

Con Inteligencia Artificial (IA) esperan agilizar la búsqueda de esos miles de decretos y poder resolver sobre ellos. En la agenda de lo que viene también están en la mira tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Ninguno cerrará, pero sí está previsto una “revisión de competencias” para la primera, en la que ya trabaja Sturzenegger junto al ministro de Salud, Mario Lugones. Por otro lado, con el INTA se prevé reducción de personal y revisión de los estudios que hacen: “Lo que sea más necesario para el sector productivo es lo que prevalecerá”, resumen.

Sobre el Instituto ponen bajo la lupa que duplicó su planta de 3.000 a 6.000 empleados durante el kirchnerismo, según enumeran, y en las 116 mil hectáreas cuya explotación mirará de cerca el Gobierno.

Con miras a una reforma de fondo, observan lo que sucederá el año próximo en el Congreso de la Nación, con lo que son los preceptos del Pacto de Mayo “como guía”. Fundamentalmente la reforma laboral primero y la previsional después. La reforma tributaria, otro de los ítems del Consejo, quedarían afuera del alcance de la cartera, por estar bajo la órbita de Hacienda.