El presidente Alberto Fernández llamó al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros temas, las “solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y habilitó, de esta manera, que avancen todos los pedidos presentados ante la Comisión que deberá iniciar el trámite institucional.

Según pudo saber TN, hay al menos seis solicitudes en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, tres presentados por la Coalición Cívica, uno de la Multisectorial por la Democratización de la Justicia, y dos del Frente de Todos (FdT), una de Vanesa Siley y el que entregó hace unos días Alberto Fernández a Carolina Gaillard, titular de la Comisión, y a Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos.

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La idea del oficialismo es sustentar con mayor fuerza el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con otras iniciativas anteriores.

Con mayoría en la Comisión de Juicio Político, el oficialismo avanza contra la Corte

Del total de 31 miembros que conforman la Comisión de Juicio Político, el FdT cuenta con 16 diputados; Juntos por el Cambio, con 14, y el Interbloque Federal, con uno. Si bien había incertidumbre respecto de la adhesión de los tres diputados que responden al ministro de Economía, Sergio Massa, el Gobierno logró sentar a todos en la primera reunión informal y despejó las dudas.

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Así, el pedido de juicio político que, en instancias anteriores había sido frenado por la Comisión, esta vez logrará contar con la mayoría simple que habilita el quórum para tratamiento y análisis de la iniciativa. En el recinto, el escenario es mucho más complejo para conseguir los dos tercios que necesitará el oficialismo.

La Comisión tratará al menos seis pedidos de juicio político a la Corte

Alberto Fernández logró la adhesión de 11 gobernadores a su pedido de juicio político para los cuatro miembros del Máximo Tribunal, menos de los 19 que lo habían acompañado en 2020, cuando recortó a la Ciudad de Buenos Aires parte de los fondos coparticipables.

En este contexto, en los últimos días el oficialismo viene evaluando distintas alternativas para darle mayor sustento a la iniciativa. Una de ellas era la de habilitar todos los pedidos de juicio político contra la Corte que haya recibido la Comisión, lo que terminó sucediendo en el llamado a sesiones extraordinarias, cuando el texto menciona “las solicitudes” y no se cierra sobre la presentada por el oficialismo.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia contra Lorenzetti en 2017, por presunto mal desempeño de sus funciones. Lo acusa de montar un servicio de inteligencia propio, avasallar al Congreso e ir contra los otros poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo. En su ampliación de 2018 incluyó “presiones indebidas a otros poderes del Estado y por ser un actor decisivo en intentos de desestabilización institucional en la República Argentina”.

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Ese mismo año, ingresó a la comisión un pedido contra Rosenkrantz impulsado por organismos de Derechos Humanos, que fue retomado en 2020 por la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todos, por “mal desempeño” y “eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, tras fallos del 2×1 en beneficio de represores de la Dictadura.

En 2021, la diputada de la CC Paula Oliveto junto a una decena de legisladores del mismo espacio hicieron una presentación para promover la ampliación del juicio político contra Lorenzetti, también “por mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, es decir, ampliar la denuncia que había hecho Carrió.

Un año después, el diputado Juan Manuel López, también de la CC, presentó otra ampliación contra Lorenzetti, que firma acompañado por Oliveto y otros siete legisladores del espacio.

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También en 2022 ingresó la solicitud de la Multisectorial por la Democratización de la Justicia, que pidió el juicio político de los cuatro integrantes del Máximo Tribunal por una decena de hechos, entre ellos el fallo del 2×1.

Y en 2023 el Presidente avanzó junto a los 11 gobernadores contra los cuatro jueces supremos, pedido que terminó abriendo la puerta para todos los anteriores.