La Casa Rosada no tuvo un cronograma de anuncios en la última semana para no correr del eje mediático los efectos del levantamiento del cepo, que fue considerado por los funcionarios libertarios como el mayor triunfo político en lo que va del año. Esto hizo que por primera vez en meses el gobierno de Javier Milei pudiera recuperar la agenda de la discusión política, la cual pretenden seguir manteniendo y acentuando de cara a los próximos meses a través de la implementación de diferentes medidas.

En ese sentido, la agenda desreguladora que lleva adelante Federico Sturzenegger pretende ser insumo clave de la narrativa libertaria, aunque también podría darse por mera necesidad: en algo menos de tres meses se vencerán las facultades delegadas que el Congreso Nacional le dio al Poder Ejecutivo Nacional a través de la sanción de la Ley Bases.

En todo ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene una batería de medidas a tiro del decreto presidencial para seguir con el achicamiento de Estado Nacional, con diferentes reformas normativas y la desburocratización de procesos. En sus palabras, en este 2025 pretende seguir con la denominada “motosierra profunda” o “motosierra 2.0″.

El miércoles de esta semana, el Gobierno pretendía hacer un importante anuncio vinculado a una desregulación estatal; sin embargo, se optó por aplazarlo hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de ella es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias. La mayoría de las áreas que sufrirán cambios son institutos. Un ejemplo son algunos que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son algunos de los sectores que más cambios tendrán.

De todas maneras, el DNU abarca a más áreas del Gabinete. Es justamente por este motivo que esta medida lleva prácticamente medio año en estar en elaboración, ya que son muchas los sectores en los cuales se estudiaron cambios posibles y con los que se tiene que coordinar todo el proceso normativo y legal. Incluso, se conoció que hubo pedidos de cambios a último momento para los ministerios. “Todos tenemos que hacer retoques clave, van a tener que esperar un poco más para conocerlo”, afirmaron desde una área a Infobae. El Presidente lo había anunciado hace más de dos meses, afirmando que iba a publicarse en pocos días; pero no le habían comentado el entuerto legal que quedaba por delante.

En rigor, en las filas gubernamentales comunican que no sería un DNU, sino uno por área significativa. Hay dos razones al respecto: la primera es que publicar un decreto por cada cartera permite ser más efectivo en el mantenimiento de la agenda; mientras que la segunda es por motivos estrictamente preventivos en caso de que se judicialice la medida. “Cuando estaban con la idea de hacer un solo DNU, se dieron cuenta de que no era viable porque si un juez recibe un amparo y lo concede todo el decreto se frena”, explicó una fuente libertaria.

Parte de este paquete es posible para el Gobierno a partir de las facultades administrativas que son detalladas en el artículo 3 de la Ley Bases. Esta permite la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” innecesarias de los organismos, a la vez que habilita la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias”. Aun así, esa misma legislación bloquea la posibilidad de la disolución de más de 30 organismos.

Puede que no sean los únicos DNU de ese estilo que se vean en los próximos meses. Trasciende que la Casa Rosada también podría lanzar un conjunto de 40 desregulaciones que podrían ser similares (o las mismas) a las contenidas en el “proyecto de ley Hojarasca”, que establece la derogación más de 70 leyes, consideradas “normativas obsoletas” o que restringen libertades.

El proyecto fue enviado en octubre del año pasado al Congreso Nacional para ser tratado antes del fin de las sesiones ordinarias, pero el Gobierno no logró moverlo entre los diputados opositores pese a que eran optimistas de que no sería un proyecto de difícil aprobación. Para este año planea darse el mismo panorama: a pocos meses de que comience el habitual “parate legislativo” por la campaña electoral, los libertarios prefieren dosificar su esfuerzo en iniciativas que resulten fundamentales. Ejemplo de ello es la reforma penal juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad en menores.

En el panorama también aparece como inminente una medida que podría transformar profundamente el sector marítimo del país. Y es que está próximo a publicarse un decreto que permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante nacional. Además, la normativa autorizará la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con los estándares internacionales de habilitación.

Según interpretan desde Balcarce 50, la decisión busca dinamizar el comercio marítimo y reducir las barreras burocráticas que afectan al sector. La medida fue coordinada por la cartera de Sturzenegger y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, y permitirá que los armadores puedan registrar sus buques bajo bandera extranjera sin que esto sea considerado una exportación.

El decreto contempla la posibilidad de que los armadores soliciten el cese de la bandera argentina para sus buques, lo que les permitiría registrarlos bajo banderas extranjeras sin que esto sea considerado una exportación. Este cambio podría facilitar la operativa de las empresas marítimas, pero también podría tener implicaciones en términos de control y regulación por parte del Estado, así como de empleos. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que la implementación de este plan podría significar la pérdida de al menos 3.000 empleos actuales, así como la reducción de la presencia argentina en ríos y mares.