El Gobierno negó tener, hasta el momento, registros de que prófugos del asalto a los tres poderes en Brasilia, en 2023, se encuentren en la Argentina. La respuesta oficial llega luego de que se conociera que la administración brasileña solicitará la extradición de 65 personas que habrían llegado al país tras un supuesto pedido de refugio secreto al gobierno de Javier Milei.

La encargada de desligar a la Casa Rosada de este tipo de operatorias fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo desconocer que parte de los bolsonaristas que irrumpieron en el Congreso para rechazar la victoria de Luiz Inácio “Lula” da Silva hayan penetrado por las fronteras.

“Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas. Es decir, una cosa es que Brasil las pida y otra es que tengan ya un proceso o una condena, que es el momento en que uno puede pedir una extradición. Es difícil pedir extradición si no hay una causa judicial o si no tienen una alerta de algún tipo que permita que se puedan enviar las personas. Tampoco tenemos el listado”, dijo Bullrich este sábado por la mañana en Radio Mitre.

Incluso, la titular de Seguridad sostuvo que “no tienen confirmado” que estas personas en la mira de la Justicia brasileña hayan siquiera ingresado al país. “Tenemos confirmado que entran brasileros todos los días, pero no quiénes son, cuántos son, qué causas tienen”, dijo con ironía para intentar bajarle el tono al asunto, en medio de la alta sintonía que hay entre Milei y los Bolsonaro.

Asimismo, Bullrich aprovechó para advertir a Brasil que cualquier deportación debe venir precedida de pedidos especiales, con intervención de Interpol y bajo el respeto a los acuerdos que hay entre ambos países. “Tiene que tener un marco legal. En este momento, por lo menos al Ministerio de Seguridad, no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas”, insistió y marcó, contra la gestión de Da Silva: “Por ahora se mantiene como en una propaganda, pero no en un hecho jurídico válido”.

El jueves se conoció, a través del diario O Globo, que la Policía Federal de Brasil lanzó un megaoperativo para capturar a 208 personas condenadas o investigadas por participar en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, consideradas prófugas. La lista incluye a 65 imputados que, según Brasil, huyeron a la Argentina y que ahora serán objeto de un pedido de extradición. Un informe de la fuerza publicado el jueves contabilizó 49 arrestos en 18 estados y el Distrito Federal e indicó que 159 aún eran buscados.

Las órdenes fueron emitidas por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien investiga los actos golpistas en Brasilia. Las personas buscadas en la operación “incumplieron las medidas cautelares judiciales”, con el objetivo “de eludir la aplicación del derecho penal”, dijo. Se trata de casos que incluyen el retiro de la tobillera electrónica, cambios de domicilio sin comunicación y no comparecencia ante el tribunal.

El gobierno brasileño solicitará la extradición de prófugos que ingresaron a la Argentina, según información de la columnista de O Globo Bela Megale. La Policía Federal mapeó el paradero de los imputados y enviará los datos al STF, responsable de emitir la orden de extradición. En consecuencia, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), vinculado al Ministerio de Justicia, emitirá esa solicitud.

La Policía Federal dice tener información de que algunos de los prófugos solicitaron refugio al gobierno de Milei, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, y que algunos no pasaron por las barreras migratorias al cruzar las fronteras. Los nombres de los prófugos que no fueron encontrados también se incluirán en la base de datos de órdenes de arresto nacional. Con esto, sus nombres serán públicos y cualquiera que los localice podrá llamar a los agentes para arrestarlos.

Las investigaciones que emergen desde Brasil indican que estas personas podrían haber ingresado a la Argentina incluso en baúles de vehículos, de acuerdo el sitio G1. Otros habrían huido a pie por el puente fronterizo o por el río Paraná. Todas las filtraciones se produjeron en 2024, tras la asunción de Milei.

La semana pasada -todo en base a O Globo y contra la versión de Bullrich- cuando el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, viajó a Buenos Aires para participar de un acto organizado por La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, pidió asilo político para los brasileños acusados de intentar un golpe de Estado contra Lula da Silva una semana después de su asunción.