La carta de intención que firmará este lunes el presidente Javier Milei con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, para que los argentinos puedan ingresar sin visa al país gobernado por Donald Trump, es el resultado de más de nueves meses de negociaciones entre ambas administraciones.

Así se lo reveló a una alta fuente del Gobierno, quien precisó que el proceso involucró al canciller Gerardo Werthein, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro Oxenford, en contacto con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, jefe de la funcionaria que se reunirá con Milei en la Casa Rosada.

“Esto se trabajó durante nueve meses. El documento fue y vino varias veces”, explicó a este diario una fuente al tanto de las conversaciones que desembocaron en la reunión prevista para este lunes, en el que el Gobierno argentino iniciará el proceso para ingresar al Programa de Exención de Visa.

La fuente consultada se preocupó por destacar que el documento que rubricarán Milei y Noem es una “carta de intención”, la cual marcará el inicio de lo que describió como “un proceso largo” que puede demandar meses y hasta años. “Queremos dejar en claro esto para que no se cree la imagen de que la gente podrá viajar sin visa a partir de mañana”, destacó.

“Para nosotros es una buena señal, más ahora que la regla es echar gente”, destacaron en el Gobierno, en alusión a la estricta política en contra de la inmigración ilegal que viene aplicando la administración Trump, que desde enero de este año ya deportó a más de 150.000 personas.

Por lo pronto, a partir de la firma de la carta de intención la Argentina tendrá que cumplir una serie de exigencias para poder ingresar al Programa de Exención de Visa de los Estados Unidos, que en la región sólo lo tiene vigente Chile, desde 2014. La Argentina ya estuvo en el programa, al que ingresó en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem. El beneficio fue revocado por Washington con la crisis de diciembre de 2001.

El gobernador por la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este domingo un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000. Además, confirmó el pago de un bono bimestral de $100.000 para los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1.300.000. La medida se da a conocer en medio de la disputa con Nación por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y tras la amenaza del gobierno de Javier Milei de vetar la ley que incrementó los haberes a nivel nacional.

En un mensaje grabado, que se difundió por la red social X, el jefe provincial informó: “Como ustedes recordarán, logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Además, acordamos continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el Gobierno nacional mantiene con nuestra provincia”.

Y ratificó: “Por ello, hoy quiero anunciarles que Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos. Y cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Por eso, he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de $700.000, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual”.

“Además, vamos a otorgar un bono trimestral de $100.000 para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta $1.300.000″, sumó Llaryora. Y aclaró: “Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos. Y ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan”.

Sobre el final del mensaje, el gobernador agradeció el “apoyo de todos los cordobeses, de las instituciones y de los diputados y senadores nacionales que me acompañaron en este justo reclamo”.

Y concluye: “Nunca vamos a dejar de defender los intereses de los cordobeses cada vez que los mismos sean vulnerados. Este logro es una prueba más de, cuando en Córdoba trabajamos juntos con firmeza y unidad, obtenemos los resultados deseados. Vamos a seguir cuidando a Córdoba y a cada uno de los cordobeses”.

La disputa entre Córdoba y la administración nacional por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones tiene un largo recorrido, pero se agravó en 2023. Desde 1996, cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional a la Nación, Córdoba debe afrontar con recursos propios el pago de jubilaciones, mientras que la ley nacional 27.260 establece que el Estado debe compensar el déficit de las cajas no transferidas.

Hasta mediados de 2023, esa compensación se venía realizando con regularidad, aunque la provincia ya venía reclamando diferencias. Pero desde julio de ese año, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, el envío de fondos comenzó a dilatarse y luego se interrumpió por completo.

La deuda se profundizó aún más a partir de diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei y suspendió formalmente todas las transferencias, bajo el argumento de que primero debía auditar los ejercicios anteriores.

El gobernador Martín Llaryora inició entonces una serie de gestiones formales ante la ANSES y el Ministerio de Economía, que no dieron resultados. Ante la falta de respuesta, acudió a la Corte Suprema de Justicia.

En abril, el máximo tribunal del país citó a ambas partes a una audiencia de conciliación. En esa instancia, el Gobierno reconoció formalmente que existía una deuda acumulada con la Caja cordobesa y propuso como solución transitoria el giro de $60.000 millones a cuenta del ejercicio 2025, pagaderos en 12 cuotas mensuales de 5.000 millones cada una. El acuerdo fue aceptado por Córdoba, aunque con reservas: Llaryora aclaró que se trataba apenas de un alivio parcial y que el reclamo por el monto total continuaría.

Como detalló , la deuda real supera el billón de pesos si se considera el acumulado desde 2019. Para establecer un número definitivo, la Nación y la Provincia acordaron realizar una auditoría técnica conjunta sobre los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024. El resultado de esa revisión será clave para definir si la Nación debe seguir transfiriendo recursos y en qué magnitud.

Mientras tanto, Córdoba advirtió que si no hay avances concretos en ese proceso, volverá a la vía judicial para solicitar una medida cautelar que obligue al Gobierno nacional a retomar los envíos mensuales completos.