El Gobierno se enfrenta a la preparación del segundo paro general de la CGT desde su asunción, en un contexto de tensiones y negociaciones que se han intensificado en los últimos meses. A pesar de las concesiones libertarias realizadas por el Gobierno, como la eliminación de artículos de la Ley Bases y la flexibilización en temas laborales, el sindicalismo continúa con su postura beligerante.

El Ejecutivo, por su parte, no planea realizar más gestos de buena voluntad hacia la CGT y proyecta una medida que aplicaría sanciones a los gremios que recurran a bloqueos extorsivos contra empresas.

La reforma laboral propuesta por el Gobierno ha generado controversia y enfrentamientos dentro del sector sindical, especialmente en lo que respecta a los bloqueos de empresas. A pesar de las modificaciones realizadas para aliviar las penas contra los responsables de estos bloqueos, la postura de la CGT sigue siendo desafiante.

La falta de consenso entre los dirigentes sindicales y las divisiones internas dentro de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) han generado tensiones adicionales en el panorama laboral.

Manifestantes en el primer paro general de la CGT durante el Gobierno de Milei

El enfrentamiento entre las posturas moderadas y combativas dentro de la CGT refleja un dilema sobre la efectividad de los paros como herramienta de negociación. A pesar de la alta adhesión que podría tener el paro general, no está claro si esto precipitará cambios en las políticas del Gobierno. Esta situación plantea interrogantes sobre la viabilidad de continuar con paros permanentes sin buscar una salida negociada.

En medio de este escenario tenso, el Gobierno enfrenta desafíos para lograr la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Si no logra obtener los votos necesarios, ambas iniciativas volverán a la Cámara baja para su revisión. La incertidumbre política y laboral prevalece en Argentina, mientras el Gobierno y la CGT mantienen sus posiciones enfrentadas.