Columna publicada originalmente en La Nación 

Cuidado. Turbulencias fuertes acechan a los gobernadores, entre varios más. El paquete fiscal de la ley ómnibus de Javier Milei cayó poco antes de su naufragio en el Congreso, pero el ajuste se hará. Por aquí o por allá, pero se hará. “Tic tac tic tac. El reloj de la bomba no se detuvo”, advertía un funcionario del Ministerio de Economía poco antes de que se anunciara que los artículos fiscales irían al cesto de los papeles inservibles; el estallido de esa bomba supuesta significaría la explosión de la economía. La crisis podría ser mucho peor. “No habrá más concesiones. Hasta aquí llegamos”, agrega uno de los legisladores más importantes del oficialismo. Hay una promesa básica que el Presidente no está dispuesto a eliminar: es el déficit cero en las cuentas del Estado. “No podemos ceder en nada más. No tenemos crédito y no vamos a emitir. La única opción que queda es el déficit cero”, recalcan en la cartera económica. Los legisladores oficialistas no disimulaban un malestar creciente con los bloques dialoguistas, que conforman Pro, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, la bancada de Miguel Ángel Pichetto. “Primero pedían que les hiciéramos concesiones, se las hacíamos y después volvían por más concesiones”, subraya ese diputado mileísta. “Así no terminábamos nunca. En algún momento había que ponerse firme y jugar a suerte y verdad. El momento es este”, anuncia. El problema principal, dice, era que el apartado fiscal de la ley ómnibus ya no tenía razón de existir. No servía de nada. “Las provincias se llevaban lo suyo, pero después querían podarle la recaudación al Estado nacional. Es un juego que no tenía sentido para el gobierno central”, señala otro mileísta. Ninguna decisión impositiva puede ser aplicada por decreto de necesidad y urgencia, pero el Gobierno podría subir las retenciones por una resolución del ministro de Economía y cambiar la fórmula de los aumentos jubilatorios. Ya se hicieron cosas parecidas. Es probable que también descarte el regreso a los viejos niveles del impuesto a las ganancias, que regían hasta la decisión electoralista de Sergio Massa de reducirlos, porque ese gravamen es coparticipable con las provincias. Ni perdón ni olvido para los gobernadores. El punto nodal de la discordia fueron, precisamente, la fórmula de los aumentos de los jubilados y las retenciones para las exportaciones del agro, sobre todo para la soja y sus derivados. La oposición dialoguista se resistía a meterse otra vez con los jubilados, y los gobernadores de las provincias productoras no querían homologar la continuidad de altas retenciones para las exportaciones del campo. ¿Por qué el Gobierno decidió no seguir negociando? Porque la administración de Milei considera un prioridad urgente enviarles un mensaje a los inversores sobre los márgenes de poder del presidente argentino, aun con la aprobación rápida de los artículos que no se refieren a la economía. El Gobierno tiene, además, otro problema: un presidente al que le gusta adjetivar hasta cuando habla de relaciones exteriores. La reciente crisis diplomática con el gobierno de Colombia por el destrato de Milei al presidente de ese país, Gustavo Petro, a quien llamó “comunista” y “asesino”, es solo la última; no es la primera ni será la última.

Ni una sola voz oficial dijo nada sobre el régimen de privilegio de Tierra del Fuego.

Los imitadores del Presidente constituyen otra dificultad. Un ejemplo: en la tarde del miércoles pasado, Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, los líderes de los bloques buenos, se predisponían a bajar los decibeles de la gresca política en la Cámara de Diputados. Justo en ese momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, descerrajó un tuit en el que les advertía a los gobernadores que las economías provinciales sufrirían si se caía en el Congreso uno solo de los artículos referidos a las cuentas públicas. Fue así, pero no era el momento ni la forma de decirlo. “Cobarde”, le devolvió Pichetto a Caputo, y de ahí en más solo hubo retrocesos y distancias entre funcionarios y legisladores. Puede ser que el próximo martes la Cámara de Diputados intente aprobar la llamada “ley de bases” de Milei, a la que le quitaron decenas de artículos. Quedan cerca de 500. Son muchos.

¿Cómo será el trámite, entonces? Ni siquiera sobre eso hay acuerdo. Una ley se vota primero en general y luego en particular, artículo por artículo. Los bloques que firmaron el dictamen de mayoría, incluido Pro, que es el más cercano a Milei después de la bancada propia del Presidente, lo hicieron en disidencia con varios artículos. Diputados que han hecho las cuentas necesarias concluyeron que ese debate podría llevar entre 40 y 50 horas. Tal vez, por lo tanto, más de 48 horas con sus días y sus noches. Todo depende de los artículos que se cambien y que requieran de una aprobación del Gobierno. Pueden ser muchos. Dos días de sesión continua, sin pausa, es algo pocas veces visto en el Congreso. No es humano. Un diputado es una persona como cualquier otra, que necesita comer, dormir y asearse. ¿Por qué no fijan cuatro o cinco días de 10 horas de debate por jornada? Un programa para seres humanos.

La paradoja consiste en que gran parte de la dirigencia política coincide con un vasto número de artículos de esa ley de Milei. La propia Coalición Cívica de Elisa Carrió aceptó acuerdos parciales, y subrayó en su dictamen propio que hay muchas empresas que deben privatizarse, pero pone especial énfasis en que el ajuste no caiga sobre el bolsillo de los jubilados. Todos los ajustes tienen las mismas víctimas: los jubilados, la clase media y los sectores productivos del país. No hay otros. Los jubilados ya venían mal. Así es la historia. Podrían estar peor. Los aumentos de tarifas, cuyo sinceramiento es necesario, y mayores impuestos a los ingresos pegaban en el plexo solar de la clase media. Las retenciones altas para el campo eran decisiones inesperadas de un gobierno que prometió hacer primero un severo ajuste de los gastos del Estado.

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, intocado hasta ahora, se erige así las cosas como un elefante en un páramo. Según un estudio de la Fundación Fundar, ese régimen significó pérdidas para el Estado federal por valor de 2382 millones de dólares solo en el año 2023. ¿Por qué les aumentaban los impuestos a la clase media y a los productores agropecuarios si no hacían nada con el régimen especial de Tierra del Fuego que protege solo a dos o tres empresarios? ¿Por qué ese régimen impide la sana competencia con similares productos tecnológicos? El gobierno de Milei anunció una política económica de intensa competencia en todos los rubros de la economía, menos, hasta ahora, en los sectores que antagonizan con los productos protegidos de Tierra del Fuego. El dictamen de los diputados de Carrió resalta la necesidad de crear cuanto antes una Autoridad Nacional de la Competencia con capacidad para intervenir y, por ejemplo, frenar la cartelización.

Peor que el privilegio es el silencio. Ni una sola voz oficial dijo nada sobre ese régimen de Tierra del Fuego que tiene vigencia hasta el año 2038, prorrogable por quince años más, según un decreto de 2021 de Alberto Fernández. ¿Derechos adquiridos? Si esa fuese la razón, Milei deberá resignarse a no hacer ningún cambio porque todos los sectores económicos y sociales podrían escudarse en el principio jurídico de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son aquellos que existen de hecho o de derecho por la práctica reiterada en el tiempo.

Peor que el privilegio y el silencio es la soberbia. El joven consultor político Santiago Caputo, sobrino lejano del ministro Caputo, fue enviado por Milei al Congreso para negociar los cambios al proyecto presidencial. Tres diputados de Pro, María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro y Silvia Lospennato, abandonaron la reunión con el Caputo sobrino ofendidos por la arrogancia del consultor. Una exgobernadora de Buenos Aires (Vidal), un exministro de Educación de la Nación (Finocchiaro) y una diputada reconocida por su capacidad de trabajo (Lospennato), dispuestos, además, a ayudar al gobierno de Milei, terminaron emocionalmente molestos con el jefe del Estado por culpa de su asesor. Esos diputados son también seres humanos, con la sensibilidad de cualquier ser humano.

En las mismas horas en que ocurrían esas peripecias políticas, la CGT hizo una huelga general atípica, extraña e inexplicable. Las imágenes de ciudades ajetreadas contrastaron con el supuesto paro de los caciques sindicales, la estirpe más impopular de la política. Ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa se metieron nunca con los aportes solidarios obligatorios de los trabajadores a los gremios; solidaridad y obligación son palabras que colocadas en una misma frase configuran un oxímoron. Milei dobló la apuesta: les sacó a los sindicatos el manejo de la Superintendencia de Seguros de Salud, la gran caja que financia la actividad gremial y el lujo en el que viven los dirigentes sindicales. Puede hacer eso con gremialistas; la política tiene otro contexto, otros personajes y otro linaje, menos raído.

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