La caída de la sesión en el Senado que debía tratar este viernes el pliego del juez Ariel Lijo no detiene los planes del Gobierno, que, a pesar del revés parlamentario, sigue firme en su estrategia para llevar al magistrado a la Corte Suprema de Justicia y prepara una jugada que podría activar a la vuelta de Javier Milei de su gira en Estados Unidos: como método de presión a la oposición para reunir el número y llevar su tratamiento al recinto, evalúa avanzar con la designación por decreto, tanto para el caso de Lijo como el del académico Manuel García-Mansilla, cuyo pliego ni siquiera logró pasar la Comisión de Acuerdos.

La movida, más allá de que contempla poner en funciones a los magistrados y completar el tribunal que hoy sufre problemas de funcionamiento; tiene como objetivo presionar a sectores de la oposición a tomar una definición pública. En especial respecto a Lijo, al que en Balcarce 50 le atribuyen mayor poder de persuasión.

“Queremos ver quién se anima a votarle en contra, sabiendo que en el peor de los casos vuelve a su cargo de juez, y más si está integrando la Corte”, es el razonamiento.

Con esa intención, un sector del Gobierno suelta la posibilidad de pedir una sesión para el 5 de marzo, “con o sin decreto”.

En la Casa Rosada, donde no se percibe un impacto político por el fracaso de imponer la agenda esta semana, en medio del escándalo por la cripto moneda que protagonizó Milei, saben que se trata de una maniobra arriesgada, pero que llega para intentar dar vuelta un tema en el que el Gobierno acumula varias derrotas. “Es la última jugada que nos queda”, admiten por lo bajo.

De esto se habló en la reunión que este jueves mantuvo el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y su mano derecha en materia judicial, Santiago Viola. “Define el Presidente cuando vuelva”, planteó una voz inobjetable.

En la gira, a la que se sumó por invitación de los organizadores de la cumbre de la CPAC, Caputo le ofrecerá un menú de alternativas al jefe de Estado para que pueda tomar una decisión “sin condicionamientos de la casta”. En ese sentido, Clarín pudo saber de ambos lados que siguen caídas las negociaciones con el cristinismo y La Cámpora.

En cambio, según fuentes cercanas al Presidente, la posibilidad de que el mandatario firme el decreto para designar al juez en la Corte está sobre la mesa. La decisión se perfila como una de las jugadas más arriesgadas de la gestión libertaria ya que podría generar un nuevo enfrentamiento con sectores del kirchnerismo duro, que asegura poder hacer valer la cohesión de buena parte de su bloque para rechazar el pliego.

Tal como anticipó Clarín este lunes, sostienen que pueden juntar más de 25 votos para rechazar el pliego en caso de que sea sometido a votación.

Al mismo tiempo, varios dirigentes de otras fuerzas opositoras no K también han mostrado su rechazo al pliego, entre ellos radicales, macristas y hasta un ex libertario como el formoseño Francisco Paoltroni. “No tenemos claro el número”, conceden en la Rosada.

Para poder avanzar con el decreto, en el entorno presidencial confían en poder revertir la decisión inicial de Lijo de no aceptar un nombramiento en comisión a través de esa vía. Para ello, el magistrado debe renunciar ó tomar licencia de su cargo.

Tras rechazar esa idea, ahora parece estar analizándolo y quienes lo escucharon en las últimas horas aseguran que ya no lo descarta.

Con todo, quienes impulsan su nombramiento saben que podría acarrear una nueva embestida por parte de los K, que ya avisaron que una movida así despertaría una dura respuesta: “La persona que acepte (ser nombrada en la Corte por decreto), vamos a pedir que sea destituida inmediatamente en la primera sesión. Esto es una democracia. No es una dictadura», había dicho en noviembre el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP) José Mayans. El escenario no cambió.

¿Lijo se expondrá a un escarnio de esta magnitud? El Gobierno, por lo pronto, volvió sobre sus pasos tras amenazar esta misma semana que de no prosperar ese pliego en su lugar designaría por decreto a un “libertario extremo”. Incluso soltaron algunos nombres: Ricardo Rojas, quien el mes pasado rechazó el cargo de procurador del Tesoro, Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette y Alberto Bianchi.

“La próxima semana seguramente vamos a tener todo más claro”, reforzó un alto funcionario al tanto del poroteo que realiza Caputo con el Congreso. Es que el plazo para avanzar con el pliego de Lijo por decreto se agota con el inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Después de ese límite, el nombramiento en comisión con el Senado en funciones sería mucho más difícil de explicar.

Dentro de mucha incertidumbre, y pese a que desde la Corte no hubo señales, en el Gobierno aseguran que Horacio Rosatti, presidente del Alto Tribunal, “no tiene margen para no tomar juramento” a quienes sean designados por esa vía. Rosatti tiene una alianza interna con Carlos Rosenkrantz y en soledad quedó Ricardo Lorenzetti, que auspicia la llegada de Lijo. La Corte funciona con sólo tres de sus cinco miembros desde la salida de Juan Carlos Maqueda, meses atrás, tras cumplir 75 años. Antes, con el macrismo, había dejado su lugar Elena Highton de Nolasco.

Un dato a tener en cuenta: si sale el decreto por Lijo, estaría acompañado por el de García-Mansilla, cuya propuesta no logró avanzar por falta de consenso en la comisión. El jurista también había rechazado la idea de ser designado por decreto, pero habría cambiado de opinión.

“Es a todo o nada”, remarcan desde la mesa chica libertaria, donde rechazan habilitar la ampliación de la Corte, como pide el grueso del arco político, ó cambiar a García Mansilla, “por una mujer”, como reclaman cerca de Cristina.

Enfatizan que ya se agotaron las negociaciones y que recién lo aceptarían “si se aprueban antes los dos pliegos, como dijimos siempre”. “Queremos ver a los senadores del PJ cómo votan. Si votan en contra, que voten en contra. No tienen nada que perder. Vamos a exponer a quienes se oponen”, apuntan cerca de Milei.