POLITICA
El Gobierno obliga a los clubes a pagar más por los aportes jubilatorios y profundiza la tensión con la AFA
En plena tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el Gobierno aumentó los aportes sociales de la actividad, por el déficit del sistema jubilatorio. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que las contribuciones de la actividad futbolística serán de 13,06%, a partir de la disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial. El texto estableció además “una alícuota adicional y transitoria” del 5,56% por doce meses consecutivos.
Sturzenegger criticó en su cuenta de X: “Millonarios subsidiados por los jubilados. En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por 324 millones de dólares (dato de la FIFA publicado en diario La Nación el 31/1/25). Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados”.
Leé también: El Gobierno acelera la licitación para privatizar el segundo tramo de las rutas nacionales
El funcionario explicó: “Con el argumento de la crisis del año 2001 la AFA obtuvo del gobierno de Eduardo Duhalde un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios. Se reemplazaba el régimen general (es decir, lo que paga cualquier empresa, quiosco, pyme, asociación o fundación) por un cargo sobre venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos”.
Sturzenegger dijo: “El truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario (la alícuota inicial, establecida en 2%, era una cargada), pese a que el decreto original, el 1212/03, exigía fuera neutral en términos de recaudación. Por ello se fue llevando el irrisorio aporte inicial del 2%, al 6,5% (Res. 81/05 de la Secretaría de Seguridad Social), luego al 6,75% (Decreto 231/19) y finalmente al 7,5% (por el Decreto 510/23 donde Sergio Massa sumó a la AFA misma como beneficiara). Sorprendentemente (o no) la alícuota nunca generó un equilibrio. ¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, ya que el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado».
Fuertes críticas del Gobierno a la AFA por el pago de aportes jubilatorios: “Le encontraron la trampa a la trampa”
El funcionario advirtió sobre el aumento del rojo de los aportes sociales del fútbol: “Entre noviembre de 2023 (fecha de la última revisión de alícuota) y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7000 millones. Esto porque la AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa. Primero, porque los clubes empezaron a sumar actividades que no tenían que ver con el fútbol pero que, por estar en un club, también gozaban de la exención de aportes al sistema jubilatorio».
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó: “Segundo, porque para eludir el pago, los clubes pasaron de vender entradas a un régimen de “abonos”, los que habían sido convenientemente excluidos del 1212. El resultado: beneficios crecientes e ingresos menguantes. Si en el primer año de Javier Milei el sistema aportó el 57% de lo recaudado, en los siguientes seis meses ese porcentaje había caído al 33%“.
El Gobierno redobló los cuestionamientos contra Claudio “Chiqui” Tapia, en plena tensión con la AFA
Sturzenegger explicó que el Decreto 939/24 “buscaba dar fin a esta inequidad, para lo que habilitó a una comisión integrada por gobierno y clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit o, en caso que no se pudiera acordar, se volviera al sistema general». El funcionario criticó que “vencido el plazo de seis meses, la AFA y los clubes trajeron una propuesta claramente deficitaria por lo que el Gobierno pidió a la AFA garantizar cualquier faltante. Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA del ‘Chiqui’ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados. Por eso a fin de Abril el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las regulares de todos los contribuyentes».
El funcionario dijo que “la casta, y la plata fácil, no se entrega fácil, y en su resistencia encuentra en la justicia un socio útil y eficaz»: “A días de la vuelta al sistema general, la casta (la AFA en este caso) obtuvo una protección cautelar de su privilegio (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, Dr. Enrique Alonso Regueira –firma no verificada). Así mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto al sistema jubilatorio. Total, el déficit es de los jubilados».
Sturzenegger advirtió que el fallo restableció la vigencia del decreto 510/23 “para que el futbol siga con su privilegio, vuelve a habilitar el decreto que nos obliga a realizar el ajuste en las alícuotas para que el sistema esté en equilibrio». El funcionario explicó en consecuencia que la disposición 16/2025 fijó en 13,06% “el valor de la alícuota prevista por el artículo 3° del Decreto N° 510/23 de modo de equilibrar al sistema», sumado a una alícuota adicional y transitoria del 5,56% por doce meses “para recuperar el déficit incurrido en este tiempo». Aclaró que “de seguir las condiciones del sistema, la alícuota deberá ser revisada al alza en futuras revisiones”.
El funcionario habló de “costos distribuidos e invisibles que financian beneficios concentrados es la fórmula típica de la casta sindical y empresaria que, con sus aliados de la política, nos ha empobrecido a los argentinos». En una chicana al Congreso planteó que “entre tanto debate sobre jubilaciones” no hubo menciones de legisladores “a este tremendo desfinanciamiento del sistema jubilatorio». Sturzenegger dijo que tienen entre sus objetivos terminar con estas inequidades, “los beneficios de la casta y la hipocresía de la política (y de la justicia también)”.
Federico Sturzenegger, Claudio Tapia, AFA
POLITICA
Con la suba a los jubilados, Llaryora se diferencia de Milei en la antesala de la elección legislativa en una provincia clave
CÓRDOBA.- La decisión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de aumentar las jubilaciones provinciales tiene un trasfondo político y electoral. El mandatario busca ahora diferenciarse de la “motosierra” del presidente Javier Milei, quien había tildado de “asesinos” y “genocidas” a los senadores que convirtieron en ley la suba a los pasivos nacionales y una nueva moratoria.
Llaryora gobierna una provincia estratégica para computar los resultados de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre. Es un territorio que tuvo una clara afinidad con Juntos por el Cambio (JxC) y que, a la vez, administra el “cordobesismo” desde 1999, pero que ahora debe enfrentar la irrupción de La Libertad Avanza (LLA).
En ese contexto, Llaryora anunció un alza récord para los jubilados provinciales que cobran la mínima, de un 84,21%, con lo cual pasarán a percibir $700.000 y sumarán un bono bimensual de $100.000 para los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1,3 millones.
Para financiar ese incremento desde la Provincia explicó que usará los $60.000 millones mensuales que la Nación le debe transferir por mes, lo acordado en la Corte Suprema de Justicia, por la deuda que mantiene la Anses con la caja de jubilaciones provincial no pasada a esa órbita.
El propio Llaryora explicó este lunes en un spot televisivo que la suba “se mantendrá mientras sigamos recibiendo esos fondos” -casi una forma de advertir que depende de que el gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia-. El gobernador de Córdoba también agradeció a los legisladores nacionales que lo acompañaron en el reclamo judicial.
El ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, dijo que “los fondos que hemos obtenido cubrirán el déficit y, más del 70 por ciento, irán directo al bolsillo de los jubilados”. En la misma línea, el funcionario afirmó que no buscan “confrontar con nadie” sino “tomas las decisiones correctas, en base a la administración de los recursos de nuestra provincia”.
Llaryora hace tiempo que viene diferenciándose en el discurso de la Nación, enfatizando que la Provincia “no se retira” de la obra pública, de la educación ni de la salud. Lo que cambió, respecto de los primeros meses de la gestión libertaria, fue el estilo. Ahora lo hace de manera menos altisonante.
El gobernador de Córdoba insistió en el rol que vienen cumpliendo las provincias el jueves pasado, cuando se reunió con sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), al subrayar que el hecho de que las provincias cubran esos espacios es lo que “garantiza la paz social”.
El sábado, después de que Milei anunciara la baja de retenciones, el Gobernador salió a través de sus redes sociales a celebrar la medida y, otra vez, a enfatizar que ese era un reclamo que los mandatarios venían haciendo. “Sin abandonar nuestro reclamo de la eliminación definitiva y total de las retenciones, es un paso en el sentido correcto que valoramos”, agregó.
Llaryora indicó que era “el resultado de un reclamo sostenido y firme de Córdoba y la Región Centro, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio”. En otro tramo del mensaje, sostuvo: “Estamos acá para cuidar a Córdoba, apoyando lo que nos beneficia a los cordobeses pero alzando fuerte y clara nuestra voz cuando las decisiones del centralismo nos perjudican”.
Los legisladores nacionales cordobeses que responden a Llaryora votaron a favor del aumento a los jubilados nacionales en la Cámara de Diputados (Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Alejandra Torres), como también lo hizo la senadora Alejandra Vigo. En la misma línea, los diputados mantendrán su posición cuando llegue el veto presidencial anunciado por la Casa Rosada.
Cuando el martes pasado el Presidente llegó a Córdoba para La Derecha Fest, el Gobernador lo recibió en el aeropuerto y Milei, que repartió críticas a varios en el acto, no lo mencionó. Pero ahora el peronismo mediterráneo -que no comulga con el kirchnerismo- necesita diferenciarse de los libertarios. Algunos piensan que las encuestas no lo están favoreciendo.
tildado,alza récord para los jubilados provinciales,le debe transferir por mes, conforme a lo acordado en la Corte Suprema de Justicia,,se reunió con sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe),Gabriela Origlia,Martín Llaryora,Javier Milei,Retenciones,Conforme a,Martín Llaryora,,Desafío al Gobierno. Llaryora anunció un aumento del 84% para las jubilaciones mínimas y la entrega de un bono de $100.000,,Pelea por recursos. Llaryora, Pullaro y Frigerio desafían a la Nación por los fondos que “pertenecen” a las provincias,,Deuda. Moody’s mejoró la calificación crediticia internacional de Córdoba
POLITICA
Uno de los líderes de la CGT deberá pagar $8 millones a una estación de servicio para indemnizarla por un bloqueo
Carlos Acuña, cotitular de la CGT, fue beneficiado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal con la suspensión del juicio en el que estaba procesado y embargado por el bloqueo contra una estación de servicio en CABA el 21 de diciembre de 2021: se le concedió una probation que consiste en 4 horas mensuales de trabajos comunitarios, además del pago de una indemnización de $8 millones a la empresa.
Así, el líder del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE) se convirtió en el sexto sindicalista que pudo zafar de ser enjuiciado por un bloqueo: como anticipó Infobae, una resolución similar benefició la semana pasada a miembros del Sindicato de Camioneros, entre quienes está Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, imputados por extorsionar a una pyme de Trenque Lauquen.
En el caso de Acuña, estaba procesado y embargado por 8 millones de pesos desde noviembre pasado por un bloqueo realizado en octubre de 2021 a una estación de servicio ubicada en la avenida Jujuy y México.
La decisión fue adoptada hace ocho meses por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento judicial que lo había beneficiado en septiembre de 2024. Pero el 19 de junio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital le concedió a Acuña la probation, como pidieron sus abogados, aunque el sindicalista tendrá que pagar el daño a la estación de servicio y, en la práctica, reconoció que bloquear es un delito.
El dirigente estaba procesado y embargado porque la Justicia lo consideró responsable del delito de coacción en calidad de autor por el bloqueo contra la estación de servicio realizado el 21 de diciembre de 2021: ese día, al frente de activistas de su gremio, Acuña “bloqueó los accesos a la playa e impidió trabajar a los empleados, retirándose recién a las 16.30″, según el fallo.
En realidad, el sindicalista fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto, por una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 activistas de su sindicato durante dos días, en forma simultánea, en la estación de servicio de Capital y otras tres en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.
Según la denuncia de la empresa, las protestas extorsivas fueron realizadas por reclamos que estaban fuera de lo estipulado en el convenio y se centraron en estaciones de servicio enroladas en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) mientras se desarrollaban las negociaciones salariales de 2021, por lo cual “el accionar delictual estaba perfectamente planificado al solo efecto de generar daño y condicionar la discusión paritaria”.
En su fallo que revocó el sobreseimiento de Acuña, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que “ningún derecho podía ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara el exceso por sobre lo que en justicia corresponde al prójimo” y recordó que la Corte Suprema afirmó que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importe extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.
Los jueces apuntaron contra la responsabilidad directa de Acuña en los bloqueos: “No modifica en lo sustancial que no hubiera estado presente en la estación de servicio al momento del episodio, en tanto se le ha enrostrado en su carácter de secretario general del sindicato la planificación y organización de esas acciones y el envío al lugar del grupo de personas que se ocuparon de ejecutarlas bajo su constante dirección”.
Sin embargo, en una audiencia realizada el 24 de junio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de Capital consideró procedente la suspensión del juicio contra Acuña, decisión que habilita la probation porque el delito del que se lo acusa al sindicalista (amenazas coactivas) es “de acción pública y la pena prevista puede dar lugar a una eventual condena en suspenso” ya que Acuña no tiene antecedentes y “se ajustó a derecho” durante todo el proceso judicial.
En la audiencia, presidida por el titular del tribunal, Domingo Luis Altieri, la abogada del líder cegetista, Ana María García, ratificó el pedido de suspensión del juicio y, respecto a las reglas de conducta, propuso que, además de someterse al cuidado del Patronato de Liberados y fijar residencia, Acuña sustituya la realización de tareas comunitarias por una donación de $2 millones a la Parroquia San Cayetano.
Además, la abogada ofreció $8 millones como reparación del daño a la estación de servicio, que es la misma cifra del embargo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mientras que Arietto pidió un resarcimiento de $20 millones ya que, además de esta causa, “existen tres expedientes en la jurisdicción de Lomas de Zamora, San Pedro y Vicente López por cuanto la orden del imputado fue bloquear, siendo esta la impronta y la responsabilidad penal ya que emitió una orden que se cumplió a 200 kilómetros de distancia”.
Rizzo, el dueño de la estación de servicio, explicó que “el perjuicio económico no fue sólo el día puntual del bloqueo sino que los tres días posteriores los usuarios no se dirigían a la estación de servicio por temor a que le rompan el auto o haya un maltrato” y remarcó que “esto tuvo lugar en tres estaciones de servicio”.
Aun así, Arietto aceptó lo que dispusiera el tribunal respecto de la cifra en concepto de reparación de daños.
Finalmente, el juez Altieri suspendió el juicio, fijó los trabajos comunitarios y consideró razonable el ofrecimiento de $8 millones a la empresa. Además, estimó como adecuado el término de 18 meses en los que el acusado deberá mantener informado el domicilio en el que vive e informar si egresa del país, mientras que deberá presentarse trimestralmente ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
En cuanto a la sustitución de las tareas comunitarias por una donación, el magistrado rechazó el planteo y dispuso que Acuña que deberá realizar 4 horas mensuales de trabajo comunitario en un lugar por definirse.
El juez tampoco aceptó el pedido de Arietto de que se exija que el sindicalista se abstenga de realizar actos de hostigamiento a los socios de la estación de servicio y de de impedir su actividad comercial: según Altieri, “la ley impone extrema cautela en cuanto a las condiciones para el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba por cuanto adoptar reglas que no fueron contempladas en ningún aspecto por el legislador podría violentar el principio de legalidad”, aunque aclaró que “cualquier acto de hostigamiento que se realice constituye, al menos, una infracción al código contravencional”.
“En definitiva -destacó-, resulta evidente que en este plazo de un año y seis meses no deben ocurrir actos de hostigamiento. Sin embargo, el imputado cumple una función de carácter gremial que se encuentra contemplada en la Constitución Nacional, por lo que el acto de hostigamiento no puede ser un acto de la labor propia que desempeña. Por lo tanto, será otro magistrado quien determine si incurrió en un delito y, en ese marco, se expedirá respecto de la continuación o no de la suspensión del juicio a prueba”.
El otro caso similar al de Acuña se registró la semana pasada cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal suspendió la audiencia en la que se enjuiciaba por extorsión a Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros y les concedió una probation que consiste en tareas comunitarias en Cáritas durante 18 meses.
Además, los sindicalistas tuvieron que pagar una indemnización de $1.500.00 cada uno, en 5 cuotas de $300.000, a Alejandro Castell, el dueño de Andar Transportadora, al que le bloquearon la empresa en 2020 para exigirle el pago de una deuda que no existía.
Pérez es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Los otros procesados son Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Arietto dijo que se trató de “una medida positiva» y lo explicó así: “Estuvimos dos años y medio para que nos fijen la fecha del juicio, el tribunal propuso la probation, no era una opción, y nos pareció que si nos oponíamos iban a avanzar igual e íbamos a quedar sin posibilidad de reparación del daño económico”.
“Nos pareció importante sentar un precedente -dijo a Infobae-. Primero, que lo que hicieron no es gratis y segundo, que se pagó el daño al reconocer el delito. Eso es un delito económico porque si bien extorsionan, estaban pidiéndole plata (a Castell) para dejarlo trabajar. Entonces, ante la adversidad de la jurisprudencia penal respecto de estos delitos, y como es muy complejo porque nos tuvieron dos años para citar a juicio, fue importante sentar un antecedente que protege a Andar y deja jurisprudencia para otras empresas. Nosotros ahora tenemos la jurisprudencia de que, como mínimo, cualquier bloqueo termina en probation. Ya no es gratis».
La abogada mencionó un riesgo si se oponía a la probation: “Si apelaba la decisión, el paso del tiempo podría haber llevado a la prescripción de la causa. Al aceptar la probation, les quedó una causa abierta y están a prueba durante un año y medio. Pérez tiene que pedir permiso para salir del país, acreditarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, hacer tareas comunitarias y pagar 1 millón y medio de pesos».
Lo mismo sucederá con Acuña tras la probation concedida por la Justicia en una audiencia con un dato curioso: además de Ana María García, el sindicalista tuvo como abogado defensor al ex presidente Eduardo Duhalde.
El Gobierno dispuso este lunes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, una actualización de la alícuota de contribuciones sociales que provienen de la actividad futbolística. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó la medida con duras críticas hacia la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El cruce se desató por la decisión del Gobierno de elevar los aportes del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”. Federico Sturzenegger calificó a los directivos del fútbol como “millonarios subsidiados por los jubilados”. El conflicto tiene su raíz en un régimen especial creado en 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Ese sistema, establecido por el Decreto 1212/03, reemplazó el régimen general de aportes y contribuciones a la seguridad social para los clubes. En su lugar, se fijó un cargo sobre la venta de entradas, las transferencias de jugadores y los derechos de televisación. Sturzenegger explicó la situación desde su cuenta de X: “Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos”.
La nueva disposición gubernamental fija una alícuota del 13,06%, además de una alícuota adicional y transitoria del 5,56% por un período de doce meses. El objetivo es recuperar el déficit generado durante el último año.
AFA
El aporte inicial del Gobierno nacional fue del 2%, luego subió al 6,5% y finalmente al 7,5% a través del Decreto 510/23, durante la gestión de Alberto Fernández. Según registros oficiales, con la última actualización el régimen cubrió solo el 57% de las obligaciones corrientes.
Sturzenegger denunció que la AFA y los clubes encontraron mecanismos para reducir aún más sus aportes. “Entre noviembre de 2023 y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones”, detalló el ministro.
Según su análisis, los clubes sumaron actividades no futbolísticas que gozaban de la misma exención. “River, por ejemplo, desarrolló actividades educativas por las que no paga aportes al personal, mientras que la escuela ORT, a dos cuadras, sí debe hacerlo”.
El segundo mecanismo, según Sturzenegger, fue eludir el pago sobre las entradas mediante la venta de “abonos”, que no estaban contemplados en el decreto original. El resultado fue una caída en la recaudación. Si en el primer año del gobierno de Javier Milei el sistema cubrió el 57% de lo debido, en los seis meses siguientes ese porcentaje cayó al 33%.
El Gobierno también señaló que se intentó una negociación. Se conformó una comisión con funcionarios y representantes de clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit. La propuesta de la AFA fue “claramente deficitaria”, según el ministro.
PATRICIA DE MELO MOREIRA – AFP
El Gobierno solicitó a la entidad que garantizara cualquier faltante. “Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA de Claudio ‘Chiqui’ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados”, criticó Sturzenegger.
El Gobierno intentó derogar el régimen especial con el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema general de aportes. Pero la AFA obtuvo una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que mantuvo vigente el funcionamiento previo.
Sturzenegger cuestionó el fallo y ejemplificó que, para el club Vélez Sarsfield, volver al sistema general significaba pagar 26 veces más en aportes al sistema jubilatorio. Para River Plate, el aumento era de 22 veces.
Manuel Cortina –
El ministro detalló que Vélez contribuía con 12.000 dólares por 714 empleados y River con 27.000 dólares por 1.530 empleados. Esto, mientras ambos clubes declararon en sus balances de 2024 ganancias por 28 y 65 millones de dólares respectivamente, según el funcionario.
La nueva suba de la alícuota es una respuesta directa a ese fallo. Al restablecer la vigencia del Decreto 510/23, el juez habilitó el mecanismo que obliga al Gobierno a ajustar la tasa para equilibrar el sistema. La Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social ejecuta esa potestad.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
decreto publicado en el Boletín Oficial,Audiencia,AFA,Federico Sturzenegger,,Aportes del fútbol. El Gobierno volvió a criticar a la AFA y tomó una decisión clave para el sistema jubilatorio,,Mucho más que un tesorero. El peronista afín a Sergio Massa que desde la AFA le toma el pulso al Gobierno con tuits filosos,,Tesorero multitasking. La nueva prepoteada de Toviggino, el brazo digital del “Chiqui” Tapia,Audiencia,,En vivo. Clima en AMBA: frío, nubes y las últimas noticias del pronóstico este lunes 28 de julio,,“Fue premeditado”. Qué dijo Luis Ventura tras ser dado de alta luego de la agresión,,Martín Fierro. Qué pasó entre Tamara Pettinato y Karina Iavícoli
Democratic Party tensions seep into bipartisan group as governors resisting Trump’s agenda reconsider dues
Iran more than doubles state executions in first half of 2025
Conflicto entre un histórico del Atlético de Madrid y Koke por el penal de Julián Álvarez: «Con nosotros no pasaba»
Con la suba a los jubilados, Llaryora se diferencia de Milei en la antesala de la elección legislativa en una provincia clave
Uno de los líderes de la CGT deberá pagar $8 millones a una estación de servicio para indemnizarla por un bloqueo
Intentó humillar a una GPU de 2025 con una de 2017 y le salió el tiro por la culata, pero dejó patente la relevancia de la 1080 Ti
Máximo Kirchner declaró una fortuna de 8.300 millones de pesos: representa un 76% más que el año anterior
La justicia de Santa Cruz desafío a la Corte Suprema e incluyó a Cristina Kirchner en el padrón electoral
Cristina Kirchner pidió salir a militar para que los que “están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas”
El candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia
Qué dijo Javier Milei en la Derecha Fest: las frases más impactantes
La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción
Eduardo Eurnekian se fue de la Rural antes del discurso de Javier Milei y opinó sobre su gobierno
El empresario Eduardo Eurnekian visitó la Rural en la previa del discurso del presidente Javier Milei y afirmó que el...
La embajada de Ecuador le pidió al Ministerio de Salud información sobre el escándalo con el examen de residencia
El escándalo por las denuncias de fraude en el Examen Único de residencia médica que se rindió el pasado 1...
Milei habla ante el campo en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo
El presidente Javier Milei hablará este sábado en la 137° Exposición Rural de Palermo en medio de una fuerte expectativa...
