LA PLATA.- Los dos sugestivos cortes de energía registrados sobre el plazo de cierre de listas entre el sábado a la medianoche y el domingo a la madrugada -que propiciaron un pedido de prórroga del calendario electoral hasta esta tarde para inscribir candidatos ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires-no tienen una explicación técnica aún por parte de Edelap SA, la empresa proveedora del suministro.

Tampoco interviene de oficio la justicia ordinaria ante la falla que alteró el calendario electoral para los comicios legislativos convocados el 7 de septiembre. Desde la Casa Rosada, con el presidente Javier Milei a la cabeza, sembraron dudas sobre el episodio y denunciaron que las irregularidades se debieron a una maniobra del peronismo. Sin embargo, La Libertad Avanza bonaerense también avaló la prórroga.

Lo más llamativo no solo fue la hora del primer corte de luz, a las 22.48, al filo del cierre, y cuando el peronismo estaba al parecer más cerca de la ruptura que del acuerdo. Lo realmente notable es que el primer corte se inició en la zona de la Casa de Gobierno y la Legislatura, mientras que el segundo corte se trasladó en forma casi simultánea a las oficinas de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Dos áreas bien distintas entre sí, situadas a unos 12 cuadras de distancia. Los cortes de luz parecieron acompañar a los funcionarios judiciales que primero intentaban cargar los candidatos en las oficinas de la Legislatura y luego, tras el primer corte, en las oficinas de la Junta Electoral. Fue un apagón que se trasladó- en tiempo y espacio- junto con los encargados de cargar los candidatos para las elecciones legislativas.

“Edelap confirmó que minutos antes de las 23hs del sábado se verificó una falta de suministro en la zona de 50 a 58 y de 7 a 8 aproximadamente (que comprende la Casa de Gobierno, donde estaba la Junta Electoral de Fuerza Patria”), informó el domingo la empresa. “Personal técnico verificó el estado de las instalaciones y el servicio se reestableció a la brevedad”, añadió sin precisar el origen de la falla ni el tiempo exacto de duración.

“Por otra parte, cerca de las 23:30 aproximadamente se detectó una interrupción en el suministro eléctrico en la zona comprendida entre las calles 528 y 34, entre 11 y 14, vinculada a la ET Tolosa”, dijo después la empresa mediante un comunicado. Ese segundo apagón corresponde a la zona de las oficinas de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, situado en calle 13 de esta capital.

“El suministro se fue reestableciendo de forma paulatina hasta completar la normalización cerca de las 2 AM”, manifestó la empresa, que hoy se negó a precisar a los motivos de las dos fallas o si existió una intervención humana que propiciara el apagón.

Desde la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires tampoco se informó si se pidió una investigación judicial para determinar las causas de las fallas que fueron denunciadas por algunas de las fuerzas políticas participantes en la contienda del 7 de septiembre. Hasta el momento, las denuncias de La Libertad Avanza y Pro solo fueron cuestionamientos por redes sociales. Nadie fue a la Justicia para que se active una investigación.

La Junta Electoral solo emitió una resolución en la que precisó que el 19 de julio, a las 22.48, se produjo un corte de energía eléctrica en el Palacio Legislativo situado en la manzana de 7 a 8 y de 51 a 53. Y que a raíz de ese corte en oficina de la Junta Electoral que funciona en la Legislatura “el personal debió trasladarse” a las dependencias de la calle 13.

“Comenzando con la recepción de las presentaciones se produjo un nuevo corte de energía a las 23.30 en la sede de la calle 13°34 dificultando la recepción de las presentaciones”, aclaró luego la Junta Electoral. Esa hora se corresponde con el informe de Edelap, que habló del primer corte a las 23 horas del sábado.

La Junta Electoral justificó así su resolución de trasladar el cierre hasta esta tarde ante pedidos realizados por los apoderados de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Potencia, Partido Libertario y Unión y Libertad.

Hasta el momento no hay un fiscal que investigue de forma espontánea si se trató de un corte intencional, propiciado a pedido de fuerzas políticas, por las dificultades internas entre las alianzas para mantener la unidad en medio del cierre de listas que generó diferencias irreconciliables al interior de varias de los oponentes, sobre todo en el PJ.

Los ecos de la polémica sesión autoconvocada por la oposición todavía resuenan por los pasillos de un Senado que ya no será el mismo. Lo sabe el kirchnerismo, que salió fortalecido y envalentonado por el triunfo legislativo, pero lo sabe también Victoria Villarruel y su equipo de colaboradores parlamentarios, que trabajan por estas horas en reparar los daños ocasionados por la embestida opositora.

“Tenemos que evitar que el Senado se convierta en una escribanía de la oposición”, graficó la situación un estrecho colaborador de Villarruel, quien reconoce el fuerte impacto y la clara señal de debilidad política que sería para la vicepresidenta que se repitieran las sesiones autoconvocadas. El desafío se hace aún más empinado a partir del enfrentamiento de la vicepresidenta con Javier Milei.

En ese marco, la preocupación central pasa por tratar de recuperar el control de la Cámara alta y evitar que, como ocurrió el pasado 10 de julio, una mayoría circunstancial de 37 senadores tome por asalto el recinto del Senado e imponga la agenda parlamentaria.

Sobre todo porque en el horizonte ya empiezan a aparecer las primeras nubes anticipando una eventual tormenta. Son los proyectos de emergencia financiera del Hospital Garraham y el refuerzo de recursos para las universidades nacionales, iniciativas rechazadas por la Casa Rosada, pero que ya tienen dictamen de comisión y están en cola de espera para su aprobación en la Cámara de Diputados.

La lista podría ampliarse. Los decretos de facultades delegadas con los que el Gobierno modificó el funcionamiento de las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura), ya están en condiciones de ser discutidos en los recintos de ambas cámaras parlamentarias.

Cerca de la vicepresidenta reconocen que la situación es compleja ya que, por el momento, no parece haber una solución a la vista que le permita a la presidenta del Senado desarmar una eventual nueva ofensiva opositora contra el Gobierno.

Lejos quedaron los días de diciembre de 2023 en los que Villarruel había logrado reunir, gracias al trabajo de sus colaboradores, una mayoría de 39 senadores para someter al kirchnerismo y arrebatarle el control de la Cámara alta.

A los errores no forzados cometidos por la vicepresidenta, que los ha tenido y muchos en su trato con los senadores, se suma el implacable trabajo de desgasta organizado desde la Casa Rosada para quitarle a Villarruel hasta el más mínimo atisbo de interlocutora del oficialismo con la Cámara alta. Esta última estrategia, orquestada por Karina Milei y Santiago Caputo con la complicidad de Martín Menem desde la Cámara baja, no parece haber dado muy buenos resultados si se toma en cuenta la cadena de fracasos hilvanada en la sesión del jueves 10 de julio último.

Es que el accionar del Poder Ejecutivo también tiene responsabilidad, y no poca, en la situación que se vive en el Senado. De hecho, la decisión de la administración de Javier Milei de confrontar con los gobernadores por el reparto de fondos que reclaman las provincias fue un factor determinante para que se cristalizara la sesión autoconvocada.

Lo vivió en carne propia Villarruel en la reunión informal de labor parlamentaria a la que convocó el martes previo a la sesión. En ese encuentro, la vicepresidenta pudo comprobar que salvo el bloque de La Libertad Avanza, que sólo tiene seis del total de 72 senadores, el resto de las bancadas iban a bajar al recinto hubiera o no una convocatoria oficial.

En ese escenario y con la pelea con la Casa Rosada como telón de fondo, el margen de acción de los colaboradores de Villarruel se ha achicado de manera sustancial.

Tanto que un colaborador cercano de la vicepresidenta admitió en diálogo con que, hoy por hoy, no tiene recursos para evitar que tres opositores como los radicales Martín Lousteau (Capital) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) se plieguen a cualquier sesión convocada para ponerle freno al ajuste fiscal que viene aplicando el Gobierno de Javier Milei.

El dato no es menor. Tras la expulsión del peronista entrerriano Edgardo Kueider -a quien el Gobierno le soltó la mano sin necesidad, reconocen ahora en algunos despachos oficialistas-, el kirchnerismo aumentó su tropa a 34 senadores. Si se suman a Lousteau, Blanco y Tagliaferri, se llega al quórum de 37 presentes.

Ojo, no son estos los únicos miembros de la oposición dialoguista que están dispuestos a enfrentar la política fiscal del Gobierno en áreas sociales sensibles, como jubilados, discapacidad y la educación pública.

El panorama cambiará tras las elecciones de octubre. Todo indica que el kirchnerismo perderá entre 7 y 8 bancas y caerá a un bloque de, mínimo, 26 senadores, lo que alejaría el riesgo de la autoconvocatoria a contramano de los deseos del Poder Ejecutivo. El recambio de la Cámara alta se materializará el 10 de diciembre, una fecha que asoma a la vuelta de la esquina, sobre todo en un año electoral, pero que, al mismo tiempo, parece muy lejana para Villarruel y su equipo.