POLITICA
El Gobierno ordenó la intervención de todos los registros automotores del país
La presentación formal fue realizada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
El Gobierno dio inicio este viernes a su plan para intervenir todos los registros automotores del país. En un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal en ese sentido.
La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia.
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política” y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
“Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”, comentó a la web de Infobae un especialista en el mercado automotor argentino.
En sí, el primer problema está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.
El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.
“En Argentina hay que pasar por 6 ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es sólo una y en México son 2. En Estados Unidos es también una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta”, cuenta un experto del mercado de autos usados en Argentina.
POLITICA
Irregularidades: Exigen la intervención de un gremio afín a Axel Kicillof
Los conflictos en el seno de la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad (APV) parecieran no tener fin. En las últimas horas, se ha presentado una grave denuncia ante Claudio Alberto Aquino, titular de la dirección nacional de Asociaciones Sindicales, que depende del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Mediante la misma, identificada bajo el expediente 2025893175, se exige la inmediata intervención del gremio debido a una serie de irregularidades. La actual comisión directiva de la APV mantiene estrechos vínculos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Graves irregularidades denunciadas
Según la denuncia, uno de los hechos más alarmantes es que, pese a la renuncia de numerosos afiliados a la APV, sus salarios continuaron sufriendo descuentos sindicales durante varios meses posteriores a su desvinculación, lo que constituye un grave delito.
Asimismo, se señala que la APV ha incumplido su propio estatuto, que estipula que «no podrán pertenecer a la asociación los jefes de división, de departamento, subdirectores y directores». Sin embargo, Martín Abad, actual secretario General Adjunto de la APV, ocupa un cargo jerárquico dentro de la dirección de Vialidad como jefe de Patrimonio, lo que le impide ser afiliado al gremio y, aún más, desempeñar un cargo en su comisión directiva.
En una situación similar se encuentra Gerardo Farías, secretario de Juventud de la APV a pesar de haber dejado atrás la juventud hace ya un largo tiempo, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de Departamento B en la ciudad de Saladillo. Su posición jerárquica en Vialidad lo inhabilita tanto para ser afiliado como para ejercer un puesto en la comisión directiva del gremio.
Otro aspecto grave señalado en la denuncia es la falta de presentación de la memoria y balance de la APV, lo que constituye una violación de las obligaciones estatutarias. El último ejercicio financiero, correspondiente al período del 31 de marzo de 2023 al 1 de abril de 2024, debía ser presentado en un plazo máximo de cuatro meses, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Antecedentes de Irregularidades en la APV
No es la primera vez que la APV se ve envuelta en escándalos. Su titular anterior, Ángel Milazzotto, fue destituido en mayo de 2022 tras ser acusado de gestión fraudulenta de bienes y fondos del gremio, así como de destrato y toma de decisiones arbitrarias sin respaldo de la comisión directiva.
Milazzotto fue apartado de su cargo luego de que se detectaran irregularidades significativas en los movimientos bancarios del gremio. Pese a su renuncia presentada el 5 de julio de 2024, convocó un plenario el lunes siguiente utilizando el sello institucional, lo que generó confusión y tensiones internas.
Las acusaciones contra Milazzotto incluyeron el uso de más de 800 mil pesos en gastos personales para festejos de fin de año y vacaciones en Mar del Plata junto a su familia. También se descubrieron transferencias de más de 400 mil pesos a la cuenta de su esposa, Sandra Verónica Mattioli, en concepto de viáticos, y pagos a su hijo por supuestos servicios prestados a la organización. Además, constituyó un fondo común de inversión sin informar a la comisión directiva, lo que fue considerado una grave inconducta.
Durante la reunión donde se revocó su mandato, se presentaron pruebas documentales e informáticas de estas irregularidades. Además, Milazzotto removió a dos contadores del sindicato que habían advertido sobre sus maniobras irregulares, agravando aún más la situación.
Tras su destitución, Milazzotto denunció persecución política y acusó al gobernador Axel Kicillof y al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, de intervenir en su contra. Asimismo, se le atribuye la manipulación de un expediente relacionado con la incorporación de hijos de trabajadores a la dirección de Vialidad, lo que afectó negativamente a las familias involucradas.
Un gremio en crisis
Las constantes irregularidades dentro de la APV han evidenciado una crisis institucional que pone en duda la transparencia y el manejo de los fondos sindicales. La reciente denuncia presentada busca la intervención del gremio para frenar estas prácticas irregulares y garantizar el cumplimiento de sus estatutos y normativas. Mientras tanto, la APV enfrenta una creciente presión para aclarar estas acusaciones y recuperar la confianza de sus afiliados. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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