Aún resuenan los ecos del efímero y tumultuoso paso de Manuel García-Mansilla por el cuarto piso del palacio de Tribunales, cuando sus ocupantes se enfrentan a otro grave dilema: ¿hay que analizar la condena por corrupción contra Cristina Kirchner antes de que oficialice alguna candidatura y gane fueros, o es mejor que los serenos plazos burocráticos le eviten a la Corte Suprema de Justicia involucrarse en una de las decisiones más trascendentes de los últimos años?

La agónica disyuntiva planteada en la película Matrix y ahora renacida en los posteos políticos de libertarios y opositores también tiene su reflejo en la Corte: ¿Qué píldora deben tomar sus ministros? ¿La roja, que representa la aceptación de la verdad, incluso si es dolorosa? ¿O la azul, que simboliza la comodidad de vivir en la ignorancia y la ilusión?

Simbólicamente, esas dos pastillas descansan ahora sobre los escritorios de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En sus manos está hoy el destino político de Cristina Kirchner, la persona más influyente de la Argentina en las últimas dos décadas.

La expresidenta y exvice fue condenada por corrupción en el caso Vialidad, durante cuya instrucción, juicio oral y revisión por la Casación Federal se comprobó que durante doce años diseñó, promovió, supervisó y ocultó el desvío de fondos estatales millonarios que terminaron -o al menos pasaron- en los bolsillos de su amigo y socio comercial, Lázaro Báez, a través de 51 contratos de obras públicas que en muchos casos no se terminaban o ni siquiera se hacían, pero se los pagaba antes que a ningún otro proveedor, con sobreprecios y sin controles. Una monumental estructura para defraudar al Estado.

El circuito judicial de ese expediente comenzó con una denuncia de la Coalición Cívica en 2008, se relanzó y enfocó en las obras viales de Santa Cruz desde 2016, fue juzgado en audiencias orales desde 2019, tuvo sentencia en diciembre de 2022 y fue ratificado en segunda en instancia en noviembre del año pasado.

Ese espinel, con todas las garantías del debido proceso, acabó con la sentencia definitiva de la Cámara Federal de Casación Penal. Eso significa que el caso está terminado. La última burbuja de oxígeno que Cristina busca respirar es una queja ante la Corte, para que revise justamente si durante el camino se respetaron aquellas garantías.

Pero ni siquiera este tiro en la noche tiene alguna chance cierta. Durante el transcurso del proceso La Corte ya revisó 24 recursos de queja de la exvice y otros imputados, y ahora tiene 17 bajo estudio. Es decir que el expediente ya pasó por sucesivos y reiterados filtros federales del máximo tribunal. La posibilidad de que sumen o resten alguna mota de polvo al trabajo que durante años se hizo en tres instancias judiciales anteriores es más que remota.

Entonces la pelea es por el tiempo. Cristina sabe mejor que nadie que el calendario es el mejor amigo de los corruptos en la Argentina, a quienes -con la inestimable ayuda de jueces y fiscales venales- les abrió la ansiada puerta de la impunidad. Por eso sembró de recursos y chicanas todo el sumario, y aún ahora los multiplica: fallida la recusación del doctor García-Mansilla porque renunció a la Corte, este lunes ella repitió el truco contra Ricardo Lorenzetti.

Desde luego que ese intento por apartar al ministro será infructuoso, pero la presentación de la ahora titular del PJ inició un nuevo incidente que ahora hay que contestar.

¿Cuál es la excusa de Cristina para darse por ofendida por Lorenzetti? Que el ministro hizo saber que la Corte debería resolver el caso Vialidad rápido, para que una eventual candidatura de la expresidenta -con sus consiguientes fueros parlamentarios- no conviertan cualquier respuesta del máximo tribunal en una boutade, una mera declaración sin aplicación alguna.

«Tenemos la obligación de resolver esto antes de que nuestra respuesta, cualquiera sea, se convierta en un papel inútil. Seríamos vistos como cómplices de la corrupción, unos especuladores que evitan su propia responsabilidad bajo la excusa del papeleo y la burocracia», le escucharon repetir a Lorenzetti en su vocalía. «Además sería un insulto a los 24 magistrados, entre jueces y fiscales, que trabajaron y se la jugaron durante años difíciles, soportando presiones amenazas por hacer justicia. Si no sentenciamos, y Cristina gana fueros, todo ese trabajo y esas penurias habrán sido en vano. Sería intolerable».

Lorenzetti clama por evitar la píldora azul y afrontar la verdad.

Sus compañeros en el tribunal, en cambio, son más prudentes. «No podemos hacer diferencias entre un caso y otro. Cualquier retraso o cualquier apuro sería injusto. Ahora el expediente está en la procuración, porque el jefe de los fiscales debe analizar los recursos de sus subordinaros. Después se verá acá», coinciden, palabras más o menos. «Cualquier ministro que quiera adelantar algo puede pedir en secretaría el recurso de queja y comenzar a analizarlo. Cada vocalía trabaja sin decir lo que hace. Y está bien. Ahora hay una recusación, es un hecho nuevo. Y como hay tres ministros y Lorenzetti no se votaría, hay que ver si alcanzaría con un voto concurrente e Rosatti y Rosenkrantz, o si habría que llamar a un conjuez para sumar tres.»

La mirada se dirige entonces hacia la oficina de Eduardo Casal. Allí está el reclamo de Eduardo Villar, quien a su vez reitera el pedido de Diego Luciani, para que, ademas del fraude al Estado, a Cristina se la condene también como jefa de una asociación ilícita. Eso duplicaría su pena, hasta los 12 años de prisión. Muy difícilmente Casal desista de esa demanda de todos sus subordinados. Y muy improbablemente tarde mucho en escribirlo. Incluso antes de que termine mayo.

Entonces el expediente quedará «consolidado» para que la Corte resuelva, si es que no aparecen nuevos hechos -recusaciones, quejas- que exijan más respuestas.

Ante cada una de ellas, dos pastillas aparecerán frente a los ojos de cada ministro.

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno por alterar los datos de medición de la inflación del INDEC. También lo inhabilitaron por seis años para ejercer cargos públicos. Pero al ser una condena en suspenso, Moreno no quedará detenido.

El fallo alcanza además a Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Ambos fueron condenados a la misma pena de tres años en suspenso y seis de inhabilitación por el Tribunal Oral Federal N° 2, mientras que María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia que fueron absueltas.

El fallo fue dictado por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci de la Sala II de la Cámara Federal de Casación. Si esta semana se aprueba la ley de ficha limpia, con este doble conforme, Moreno quedarían impedido de competir en las elecciones legislativas de octubre para cargos legislativos nacionales.

La condena de Paglieri fue de tres años de prisión en suspenso por los delitos de destrucción e inutilización de registros públicos y abuso de poder y Moreno fue hallado autor por determinar la comisión de ese ilícito.

El fiscal ante la Casación Mario Villar insistió con que se lo condene por falsedad ideológica, argumentando que los comunicados oficiales del INDEC donde se introducían los datos falsos de inflación eran instrumentos públicos. También apeló las absoluciones de Cámpora Avellaneda y Filia, considerándolas partícipes necesarias.

Moreno, en cambio, pidió su absolución o la revisión de la pena. Argumentó que la causa estaba prescripta y que no se violó el secreto estadístico al pedir informes sobre los encuestados para establecer el índice de precios.

Los jueces Ledesma, Slokar y Yacobucci rechazaron todos los recursos de Casación, tanto los presentados por el fiscal como las defensas y dejaron firmes la condenas. Ratificaron que los informes de prensa del INDEC no son equiparables a un “instrumento público” para condenar por el delito de falsedad ideológica. Dijeron además que la causa no está prescripta y que no se probó que Moreno y Palglieri incidieron en el Indice de Precios al Consumidor.

Con respecto de Paglieri, se confirmó que se acreditó el abuso funcional al ordenar cambios metodológicos para el cálculo del índice de inflación, sin tener facultades para ello y de manera contraria la metodología implementada hasta ese momento.

También ratificaron la calificación de destrucción de registros públicos, al entender que la falta de transparencia y los cambios ordenados inutilizaron los registros informáticos.

La jueza Angela Ledesma, cuyo voto lideró el acuerdo, sostuvo al respecto que “la ‘equiparación de los informes de prensa con ”instrumento público» es, ”insostenible’”.

Por su parte, el juez Alejandro Slokar adhirió a esta conclusión, señalando que “no es dable equiparar los informes de prensa en cuestión con el elemento normativo del tipo ‘instrumento público’, previsto en el tipo de injusto antes referido”.

En cuanto a las condenas de Moreno y Paglieri, las defensas no lograron revertirlas. La Cámara validó la valoración del tribunal que encontró probado que Moreno, ante la resistencia para obtener información protegida, “asumió el rol de inductor de las conductas típicas, antijurídicas y culpables de Beatriz Paglieri”. La instó a realizar cambios para “dibujar” el Indices de Precios al Consumidor,

Sobre la actuación de Paglieri, la Cámara confirmó que hubo abuso de autoridad al ordenar cambios metodológicos como la implementación de “topes” para limitar variaciones de precios sin tener facultad legal para ello y en contra de la metodología vigente.

También ratificó la condena por destrucción de registros públicos al entender que las modificaciones introducidas sin transparencia y el uso de fuentes no validadas inutilizaron los registros informáticos originales para compararlos con otros.

El juez Guillermo Yacobucci resaltó las implicancias institucionales de estos delitos. Dijo que estas “conductas son propias de aquellos sujetos que forman parte de la estructura funcional de los poderes estatales en el sistema democrático y que afectan el normal transparente y honesto desenvolvimiento de la administración pública”.

El magistrado dijo que “su infracción se exhibe, además, integrando una matriz de corrupción en sus relaciones con actores de la sociedad civil”. “La falta de transparencia en los actos de los gobernantes y la ausencia de fundamentación de sus decisiones repercuten en la sociedad generando un velo de desconfianza generalizada que lesiona la legitimidad de las instituciones democráticas”, escribió.

Yacobucci sostuvo que la gestión del Estado, en cuanto al INDEC “demandaba que la toma de decisiones de sus funcionarios fuera adoptada con rigurosidad a la luz de los principios de transparencia y legalidad” y en cambio los datos fueron falseados, lo que afectó “la confianza y la credibilidad de los ciudadanos”.

Escribió el juez: “Beatriz Paglieri no solo actuó bajo las órdenes directas de Mario Guillermo Moreno, sino que también tuvo una injerencia activa en el esquema diseñado para alterar los índices económicos del país, habiendo manipulado, desde su rol, estos datos”.

Moreno estaba acusado de, entre 2006 y 2007, instar a los funcionarios del INDEC a que le suministren datos protegidos por el secreto estadístico para que cambien la metodología en que se venía elaborando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Fue para que diera un índice de inflación de acuerdo con la expectativas del gobierno de Néstor Kirchner.

En el juicio se probó la adulteración de los Índices de Precios al Consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires entre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, y del IPC de la Provincia de Mendoza comprendido en el Índice Nacional de Precios al Consumo de agosto de 2007.

Esos datos fueron comunicados en informes de prensa oficiales del INDEC. “Al manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del Índice IPC se alteró la base de datos original del INDEC y quedaron inutilizados los registros oficiales del sistema estadístico nacional”, afirmaron los jueces.