El Gobierno respondió a dos de las demandas presentadas contra el megadecreto de Javier Milei. En este contexto, el Ejecutivo indicó que es competencia del Congreso analizarlo porque se encuentra en estado parlamentario y, por lo tanto, instó al Poder Judicial a no intervenir. 

En comunicados presentados ante el juez Enrique Lavié Pico en los tribunales de lo contencioso administrativo, los abogados del Estado enfatizaron que están fundadas la necesidad y urgencia del decreto en una cuestión política que debe ser considerada como “no justiciable”.

Las acciones de amparo fueron presentadas por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. Por su parte, las presentaciones del Estado se limitaron a los pedidos de medidas cautelares para suspender los efectos del DNU y no abordaron el fondo de las demandas, dejando a Lavié Pico en condiciones de resolver los pedidos para la suspensión de la vigencia del DNU.

“La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”, dijo el Poder Ejecutivo al Judicial. Y, en el marco de la causa iniciada por el abogado Rizzo, plantearon: “Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política”.

En respuesta a las acciones legales, los abogados del Estado, Carolina Soledad Maidana y Gastón Aguirre, argumentaron la improcedencia de los casos y la falta de legitimación activa de los demandantes por no ser, en el caso de Rizzo, titular de un derecho que resulte afectado por el DNU cuestionado. 

Según los abogados, ambas demandas constituyen una maniobra para interrumpir la vigencia del DNU. En este sentido, subrayaron: “Ante la clara inexistencia de “caso” o “controversia” y la falta de concreción de la cuestión constitucional formulada, sólo cabe ponderar que la acción incoada se traduce en una maniobra que intenta interrumpir la vigencia de una norma dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales por el solo hecho de no estar de acuerdo con las medidas que en dicha norma se establecen sobre la base de meras suposiciones”.

En paralelo, se aguarda una resolución inmediata de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal respecto a dos recursos de apelación presentados por el Gobierno. Uno busca que todos los casos se tramiten como un proceso colectivo en un solo juzgado, mientras que el otro pretende que todas las demandas contra el DNU sean atendidas en el fuero contencioso administrativo.