POLITICA
El Gobierno pone en la mira los fondos discrecionales y estudia un esquema para persuadir a algunos gobernadores
El presidente Javier Milei vetará las leyes sancionadas semanas atrás, las cuales incrementan las jubilaciones, incorpora la moratoria y declara la emergencia en discapacidad. Será la semana que viene, cuando se esté terminando el plazo de diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para rechazar una ley proveniente del Congreso. La decisión es vital para el Gobierno, desde donde argumentan que el costo fiscal que supone este paquete de iniciativas pone en peligro el déficit cero que funciona como ancla de expectativas sobre el programa económico nacional.
“Tenemos el pedido del Presidente para que ningún veto sea volteado y estamos buscando alternativas para poder conversar con diferentes sectores”, comenta un hombre del oficialismo. A pesar de que en el plano legislativo hay conversaciones con los diferentes bloques partidarios, uno de los actores que también tiene una incidencia fundamental son los gobernadores. Al menos a un grupo de ellos se les busca dar un “gesto político” para poder lograr torcer algunas voluntades.
En los últimos días, trascendió que en el Ejecutivo están pensando en hacer una mayor transferencia de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son los fondos que se destinan a asistir a las provincias para situaciones específicas de emergencia o desequilibrios financieros, aunque, en rigor, se solía utilizar como un mecanismo de distribución de fondos de manera discrecional, ya que Nación es el que decide cómo manejarlo según la ocasión.
Son asuntos que se están tratando de manera conjunta en una mesa tripartita integrada por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete; áreas que seguirán con reuniones esta semana para debatir qué mecanismos posibles existen para avanzar con una propuesta formal a los gobernadores, ya sean a la mayoría o a algunos pocos.
“Existen dilemas desde lo fiscal, es decir, cuánto tengamos nosotros que relegar de fondos, hasta desde lo jurídico; no es fácil implementar una modificación desde el Ejecutivo”, admiten desde un sector del Gobierno.
Los ATN no se rigen directamente por la Ley de Coparticipación, aunque sí se financian con fondos provenientes de la misma. La legislación establece la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias, y un porcentaje de esos recursos se destina al Fondo de ATN. Aun así, no se rigen bajo un esquema automático como la coparticipación. Es todavía un dilema si pueden establecer de alguna forma que un porcentaje de lo recaudado se transfiera de manera proporcional a todas las provincias. Pero es algo que se piensa.
Entre varios gobernadores (incluso entre los más aliados) relativizan la medida. En particular, porque los 24 mandatarios subnacionales están a una aprobación en Diputados para que se sancione un proyecto que los favorece aún más. Esta incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) para que el Fondo de ATN se coparticipe de forma automática y diaria, integrándose plenamente a la masa de fondos coparticipables.
Esta alternativa que piensa Nación puede ser discutida en comisiones de la Cámara Baja, aunque desde las provincias vuelven a enfatizar su escepticismo sobre el tema. Cerca del Presidente podrían evaluar no vetar la iniciativa consensuada, aunque si Milei la rechaza, los gobernadores tendrían los votos suficientes para insistir sin que el oficialismo pueda hacer mucho al respecto.
“Son chirolas los que nos pueden dar con ese cambio que hablan desde la Rosada”, afirma cerca de un importante gobernador. Y agregan: “El cálculo fiscal que puede significar lo que nosotros propusimos en el Congreso es de 0,05% del PIB. No le cambia a nadie la ecuación que sea menor a esto y tampoco vemos el rédito que le podrían sacar si es que implementan sus propios cambios”. Los gobernadores dicen no haber recibido esa oferta de parte de ningún miembro del oficialismo, aunque en los últimos días la Casa Rosada tuvo reuniones o encuentros presenciales con ocho provincias distintas. Por el momento no se prevé alguna reunión ni convocatoria oficial.
Puede ser que en el Ejecutivo estén pensando una medida paliativa que beneficie a los gobernadores por igual y que, para aquellos que ya le prometieron apoyos al Gobierno en el plano legislativo, tengan “algo que mostrar” para cuando vuelvan a sus provincias. “Acá no estamos hablando en términos económicos, estamos todos jugados en ese sentido. Lo que importa es el gesto político”, sintetiza un funcionario de la Casa Rosada.
El Gobierno se puso como principal objetivo político sostener los tres vetos que Javier Milei hará efectivos en el Boletín Oficial la semana próxima. El Presidente habilitó a los tres sectores políticos de la gestión a comenzar las conversaciones con distintos actores de la oposición. Tanto al círculo que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; como al del asesor presidencial, Santiago Caputo; y al del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Creo que van a tener que acompañarme con este veto, porque los argentinos de bien los están mirando, y todos sabemos que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y estarán asesinando a nuestras generaciones futuras”, afirmó el Presidente al respecto de la posibilidad de que se volteen la mayoría de los vetos.
El veto a la moratoria previsional parece encaminado a validarse, ya que la iniciativa recibió 100 votos negativos en su media sanción. No ocurre lo mismo con los otros dos vetos, referidos a jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, que obtuvieron 71 y 67 votos negativos respectivamente, lo que deja al oficialismo en una posición de vulnerabilidad.
En la administración libertaria indican que son optimistas al respecto de la votación en el Congreso. Hay vetos con los que el Gobierno tiene mayor probabilidad de ratificarlos que otros. La Libertad Avanza cuenta con 39 bancas en Diputados y, según el operador oficial, la estimación de los votos para respaldar los vetos se orienta entre 72 y 86. El escenario está ajustado, pero algunos violetas se aventuran a decir que “con el apoyo de algunos gobernadores se podría tener el número”.
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POLITICA
El Gobierno prepara una licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas
El Gobierno publicará en los próximos días el llamado a licitación nacional e internacional para impulsar la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, la cual busca delegar el mantenimiento de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, las cuales atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa; estando dividido en ocho tramos diferentes.
Fuentes gubernamentales confirmaron que la licitación pública será publicada en el Boletín Oficial entre esta semana o la próxima. “Debería ser por estos días”, confirmó un funcionario a Infobae. En rigor, se trata de algo que ya se había comunicado oficialmente ante las primeras empresas interesadas en aplicar al manejo de los tramos.
Los pliegos preliminares generales ya son públicos y en los últimos días los responsables de la Secretaría de Transporte estaban terminando las revisiones legales, las cuales también eran auditadas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzábal.
La Red Federal de Concesiones es el principal esquema por el cual el Gobierno busca desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales a cargo de Nación. Se trata de 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.
Durante el mes pasado se hizo el llamado a licitación de la Etapa I, que abarca la denominada Ruta del Mercosur, la cual tiene solo dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. El viernes pasado la Secretaría de Transporte comunicó la prórroga del cierre de la licitación a pedido de las mismas empresas interesadas. En vez de finalizar en agosto, la fecha se pasó para comienzos de septiembre.
Esta Etapa II estará revestida de una complejidad mayor. Son ocho tramos en total, de extensiones variables, pero con una longitud total de 4.428,93 kilómetros. La mayoría de estas ya estaban en manos de Corredores Viales, sumando a otras que no orbitaban en esa empresa, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la Ruta Nacional 35 en Córdoba y la Ruta Nacional 188 en Buenos Aires y La Pampa.
En detalle, los ocho corredores son:
- el Tramo Sur, que abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar;
- el Tramo Atlántico, a través de la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar;
- el Tramo Pampa, a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó;
- el Tramo Mediterráneo, conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35;
- el Tramo Puntano, con la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes (incorporando otras rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), además de mejorar el vínculo con corredores portuarios y logísticos del Paraná;
- el Tramo Portuario Sur, que supone la conexión desde Campana hasta Rosario;
- el Tramo Portuario Norte, que conecta de San Nicolás hacia el centro del país;
- y el Acceso Sur, abarcando las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
La propuesta requiere la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales obligatorias, además de la transformación tecnológica en la operación del peaje mediante el sistema Free Flow, que elimina las barreras físicas y avanza hacia un esquema de cobro electrónico en todas las estaciones para mediados de 2027.
Además, el modelo de concesión estipula obligaciones de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad que deberán cumplir las empresas adjudicatarias, bajo auditoría estatal y un esquema de control de inversiones.
El marco legal de la etapa está definido por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores incluidos, habilita la extinción de contratos actuales y la subsiguiente liquidación de Corredores Viales S.A. La licitación prevé la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, y exige la presentación de garantías específicas para asegurar el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras.
El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.
En tanto, desde hace más de una semana que la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el Decreto 461 que Milei publicó el 8 de julio pasado y por el cual disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Desde el Gobierno afirman que la decisión se tomó a los fines de terminar con el solapamiento de estructuras con la Secretaría de Transporte, el cual “generaba una desarticulación operativa”.
En la gestión libertaria hablan de que están mutando del modelo de intervención directa en obra pública -el cual justificó la existencia de Vialidad- hacia un esquema de concesión y tercerización. Una vez que se finalice ese proceso, las funciones ejecutivas se enfocarían en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos, que podrían ser absorbidas por unidades organizativas en la órbita del Ministerio de Economía.
El Gobierno confirmó este lunes cuándo se llevarán a cabo los nuevos exámenes de residencias médicas a los 268 postulantes sospechados de llevar adelante un presunto fraude masivo.
El Ministerio de Salud publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 2274/2025 en la que se establece que la nueva evaluación se realizará el próximo 4 y 5 de agosto.
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Los evaluados serán 268 profesionales, en su mayoría extranjeros, que sacaron más de 86 puntos sobre 100 posibles en la evaluación tomada el 1 de julio. La mayoría está sospechado de un posible fraude en la prueba.
El pasado jueves, cuando el Gobierno había adelantado la medida, desde el Ministerio de Salud informaron que “149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119, de universidades nacionales”.
“Dispónese la realización de una nueva instancia evaluativa destinada exclusivamente a los postulantes de medicina del Concurso Unificado de Residencias Básicas y Articuladas del Equipo de Salud, que hayan obtenido una calificación igual o superior a 86 puntos (sobre un total de 100 puntos) en el examen desarrollado el 1° de julio de 2025”, confirmó el artículo 1° de la Resolución 2274/2025 del Ministerio de Educación, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Mario Lugones.
En esa dirección, el Gobierno también resolvió que “corresponde establecer un mecanismo que no anule los resultados obtenidos, sino que los complementa de modo de lograr un orden de mérito sincero y justo”.
Residencias médicas: cómo serán los nuevos exámenes
La Resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial también detalla cómo será el método de examen al que deberán someterse los 268 profesionales sospechados.
De acuerdo a lo detallado en el documento, un comité de expertos compuesto por representantes del Ministerio de Salud nacional, provincial y porteño evaluará la congruencia entre las trayectorias académicas de los postulantes y el resultado del examen único de residencia.
“Para aquellos casos en que el comité considere que el médico aspirante posea alta congruencia académica, se le ofrecerá una evaluación oral que confirme o modifique la nota obtenida en el examen del 1 de julio de 2025”, detallaron.
Esa instancia será bajo la modalidad presencial, aunque con posibilidades de rendirla virtualmente en casos justificados.
En cambio, los aspirantes que no hubieran optado por la evaluación oral y aquellos que no hubieran obtenido la congruencia académica, rendirán un examen escrito.
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La evaluación escrita consistirá en una prueba de cien preguntas de “multiple choice” con puntuación de un punto cada una.
“Considerando que por las circunstancias puede haber diferencias de rendimientos, se considerará un posible desvío de hasta 10% en la nota previamente obtenida, manteniéndose aquella calificación”, se aclaró en la Resolución.
El texto agregó: “En caso de que en dicha instancia el postulante obtuviera una nota inferior a dicho desvío, se le asignará la nota que obtenga en este último”.
A su vez, también advirtieron que “en ningún caso, sea modalidad escrita u oral, un postulante podrá tener una nota superior a la obtenida en el examen del 1 de julio de 2025”.
También se estableció que quienes no se presenten a alguna de las dos instancias evaluativas previstas, quedarán excluidos del orden de mérito.
Residencias médicas: el argumento del Gobierno para tomar nuevamente los exámenes
En la Resolución se explicaron los motivos que llevaron a tomar nuevamente el examen de residencia.
“Del análisis efectuado en el informe técnico respecto de los resultados del examen, surgió un incremento estadísticamente anómalo del número de postulantes con calificaciones superiores a 85, con un incremento proporcional del 33,6% respecto de convocatorias anteriores, y cuadruplicando el número de calificaciones sobresalientes (mayor a 90 puntos sobre 100) en relación con los resultados de los exámenes del año 2024”, se explicó en el Boletín Oficial.
El Gobierno detectó en un informe técnico “un anómalo y atípico aumento en el número de calificaciones excepcionales (mayor a 90 puntos sobre 100) de los egresados de determinadas instituciones que en años previos no registraban desempeños destacados”.
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“Tales anomalías, resultan de tal envergadura como para considerar que podría estar comprometida la transparencia y equidad del Examen realizado el 1 de julio de 2025”, remarcó la Resolución publicada este lunes.
Por todo ello, “a fin de resguardar el principio de igualdad de condiciones y asegurar que el proceso selectivo se desarrolle conforme a los más altos estándares de idoneidad”, llegó a la conclusión de que “resulta imprescindible fijar una nueva fecha para la realización del examen tendiente a despejar dudas sobre los resultados”.
Medicos, Residencia, examen
POLITICA
Los detalles del acuerdo que negocia el Gobierno para que los argentinos viajen a EE.UU. sin visa
El Gobierno le presentará una carta de intención a Estados Unidos para que los argentinos puedan ingresar a este a país sin necesidad de una visa. Sin embargo, para que esto ocurra, la Argentina deberá cumplir una serie de requisitos para obtener finalmente el beneficio.
El Ejecutivo quiere ingresar al Programa de Exención de Visa (VWP por sus siglas en inglés). Este plan está administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado.
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Entre las condiciones que se les piden a los países que quieren ingresar a territorio estadounidense sin visa figuran: control migratorio, seguridad documental, gestión fronteriza, exigencias antiterroristas y aplicación de la ley.
Los detalles del trámite para viajar a Estados Unidos sin visa
El Programa de Exención de Visado permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios sin necesidad de una visa y por un período inferior a 90 días. Hasta ahora, solo 42 países están dentro del plan.
El proceso solo requiere una autorización electrónica (llamada ESTA por sus siglas en inglés) y se puede realizar hasta 72 horas previas al vuelo o embarcación.
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Cómo solicitar una ESTA
Para sacar el permiso electrónico ESTA el ciudadano debe ingresar a y proporcionar nombre, fecha de nacimiento e información del pasaporte. También debe responder a las preguntas sobre la elegibilidad del VWP en relación con enfermedades transmisibles, arrestos y condenas por ciertos delitos, antecedentes de revocación de visa o deportación, entre otras.
Por otro lado, deberá tener la información de su tarjeta de crédito o débito para pagar las tasas correspondientes y completar la solicitud. Actualmente, a julio de 2025, la ESTA sale un total de 21 dólares.
Los detalles de la autorización electrónica ESTA
Cabe destacar que una ESTA no es una visa, ya que no cumple con los requisitos legales ni reglamentarios para reemplazarla. Las personas que tienen una de estas autorizaciones válidas podrán viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una electrónica.
Ahora, aquellos que no posean ningún tipo de permiso y quieren viajar podrán sacar una ESTA. Aunque se puede utilizar para estar hasta 90 días en EE.UU, es válida por dos años. Es decir, una persona puede hacer múltiples viajes durante ese tiempo mientras respete las condiciones.
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Los menores acompañados y no acompañados también deben presentar una ESTA. Además, un tercero como un familiar o una agencia de viajes puede solicitar el trámite electrónico en nombre de un viajero.
Asimismo, hay ciertos momentos en donde la ESTA se tiene que pedir nuevamente, aunque no se hayan cumplido los 2 años de vigencia. El permiso se tiene que renovar si se cambia de pasaporte, si se cambia de nombre, nacionalidad o género o si alguna respuesta del formulario anterior ya no aplica.
El VWP exige que el pasaporte del viajero presente ciertos requisitos para poder aprobar la solicitud:
- El pasaporte tiene que tener una zona legible por máquina en la página biográfica.
- El pasaporte debe ser electrónico con un chip digital que contenga información biométrica sobre el titular del pasaporte.
Javier Milei y Patricia Bullrich se encontrarán con la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos
Para anunciar la intención de ingresar al Programa de Exención de Visa Javier Milei y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se encontrarán con la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noam. 
La funcionaria es una representante del ala dura femenina de la gestión de Donald Trump, y se encarga de la cuestión política migratoria de la Casa Blanca. En lo que va de gestión, deportó 239.000 migrantes -no todos irregulares-, que en su enorme mayoría eran de origen hispano.
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