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POLITICA

El Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario

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Debido a objeciones presupuestarias y de organización de la Justicia, el Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario para agilizar las causas por narcotráfico.

El nuevo código deja las investigaciones en manos de los fiscales y no de los jueces como es hasta ahora y ya fue implementado con éxito en Salta y Jujuy.

En una resolución, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona informó que luego de “mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal”.

Además, señaló el ministro que antes se debe “elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

Entonces, la puesta en marcha de sistema del llamado sistema acusatorio no empezará el lunes, sino el 6 de mayo.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo el jueves un viaje relámpago a Rosario bajo una torrencial lluvia para tratar con la Cámara Federal local esta decisión de Cúneo Libarona a quien mediante un DNU el presidente Javier Milei le dio la responsabilidad de implementar el nuevo Código Procesal Penal. Rosatti se reunió cinco horas con la presidenta de ese tribunal, Silvina Andalaf Casiello.

En la reunión con Rosatti, también estuvieron los camaristas José Guillermo Toledo, Élida Vidal y Aníbal Pineda.

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El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, estuvo en diálogo permanente con Rosatti y conversando con el Ministerio de Justicia sobre este tema. En fuentes judiciales se destacó el diálogo institucional con Cúneo Libarona, a diferencia del ex ministro de Justicia ultra K, Carlos Soria que se la pasaba insultado a los jueces y no conversaba sobre este tipo de temas.

Tanto la Corte como el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, están de acuerdo con la idea de Cúneo pero pidieron tiempo porque quieren que «salga bien y luego tenga un efecto de derrame» hacia otras jurisdicciones.

Por lo pronto, el martes una delegación de la Corte y el Consejo de la Magistratura viajará a Rosario para diseñar una Oficina Judicial que se encargue de suministrar la infraestructura que falta. Los equipos técnicos que van «son para empezar a relevar las necesidades y empezar a trabajar sobre ellas».

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside Ricardo Toranzo, apoyó la medida pero no su inmediata implementación como quería originalmente Cúneo Libarona. Es que los fiscales necesitan más empleados y equipos para hacerse cargos de las investigaciones, sobre todo de casos complejos.

En un comunicado la AFFUN dijo que la tarea urgente de perseguir el narcotráfico en Rosario se debe “hacer con instituciones fortalecidas y con un plan de trabajo”.

La AFFUN recordó que de la Cámara Federal de Rosario dependen también fiscalías de otras ciudades y llega hasta San Nicolás en la provincia de Buenos Aires.

Además, faltan cubrir vacantes de jueces y fiscales federales en la provincia de Santa Fe, como el juzgado de Rafael.

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POLITICA

La jueza Arroyo Salgado pidió el desafuero del senador Kueider por enriquecimiento ilícito

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En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó al Senado de la Nación el desafuero del legislador entrerriano Edgardo Kueider.

La solicitud, enviada esta mañana a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, incluye también el pedido de detención del senador, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraguay junto a su secretaria Iara Guinsel Costa. Ambos enfrentan acusaciones vinculadas a un intento de contrabando de divisas.

Un desafío judicial y político en el Senado

El Senado deberá decidir si accede al desafuero de Kueider, un paso necesario para que la Justicia pueda proceder con su extradición. El desafuero requiere el voto de dos tercios de los senadores, una meta difícil de alcanzar en un cuerpo legislativo fragmentado entre oficialismo y oposición. Mientras tanto, hoy se llevará a cabo una sesión especial donde también se debatirá la posibilidad de suspender al legislador hasta que avance la causa judicial.

El pedido de desafuero se origina en una causa por enriquecimiento ilícito que investiga el presunto ingreso de divisas no declaradas a Paraguay. El legislador fue interceptado a principios de diciembre en la frontera con Brasil mientras transportaba USD 211.000 y $600.000 en efectivo. Según la Justicia, el monto superaba ampliamente el límite permitido por ley sin declaración.

Quién es Iara Guinsel Costa, la acompañante de Edgardo Kueider durante su detención

La situación de Iara Guinsel Costa

Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider y también detenida en Paraguay, enfrenta acusaciones de actuar como testaferro del senador. Oriunda de Concordia, Guinsel Costa había sido incorporada al despacho de Kueider en el Senado y luego transferida al bloque Unidad Federal. La joven declaró que el dinero transportado provenía de una empresa paraguaya, Golsur SA, pero sus explicaciones fueron consideradas inconsistentes por las autoridades judiciales.

Actualmente, tanto el senador como su secretaria cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción, mientras el juez paraguayo Humberto Otazú determinó que permanecerán detenidos al menos hasta abril de 2025, plazo en el que el Ministerio Público Fiscal paraguayo deberá concluir la investigación.

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Operativos en Entre Ríos

Paralelamente, Arroyo Salgado ordenó esta mañana una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a Kueider en Entre Ríos, incluyendo departamentos en un edificio de lujo en Paraná. También se realizaron operativos en Concordia y en una escribanía presuntamente utilizada para operaciones financieras irregulares.

Según la investigación, Kueider habría utilizado su empresa Betail SA para adquirir inmuebles a través de fideicomisos, evitando así figurar directamente como propietario. Estas maniobras financieras levantaron sospechas sobre el origen de los fondos empleados, lo que derivó en una investigación más amplia sobre sus actividades económicas.

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