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POLITICA

El Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario

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Debido a objeciones presupuestarias y de organización de la Justicia, el Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario para agilizar las causas por narcotráfico.

El nuevo código deja las investigaciones en manos de los fiscales y no de los jueces como es hasta ahora y ya fue implementado con éxito en Salta y Jujuy.

En una resolución, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona informó que luego de “mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal”.

Además, señaló el ministro que antes se debe “elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

Entonces, la puesta en marcha de sistema del llamado sistema acusatorio no empezará el lunes, sino el 6 de mayo.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo el jueves un viaje relámpago a Rosario bajo una torrencial lluvia para tratar con la Cámara Federal local esta decisión de Cúneo Libarona a quien mediante un DNU el presidente Javier Milei le dio la responsabilidad de implementar el nuevo Código Procesal Penal. Rosatti se reunió cinco horas con la presidenta de ese tribunal, Silvina Andalaf Casiello.

En la reunión con Rosatti, también estuvieron los camaristas José Guillermo Toledo, Élida Vidal y Aníbal Pineda.

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El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, estuvo en diálogo permanente con Rosatti y conversando con el Ministerio de Justicia sobre este tema. En fuentes judiciales se destacó el diálogo institucional con Cúneo Libarona, a diferencia del ex ministro de Justicia ultra K, Carlos Soria que se la pasaba insultado a los jueces y no conversaba sobre este tipo de temas.

Tanto la Corte como el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, están de acuerdo con la idea de Cúneo pero pidieron tiempo porque quieren que «salga bien y luego tenga un efecto de derrame» hacia otras jurisdicciones.

Por lo pronto, el martes una delegación de la Corte y el Consejo de la Magistratura viajará a Rosario para diseñar una Oficina Judicial que se encargue de suministrar la infraestructura que falta. Los equipos técnicos que van «son para empezar a relevar las necesidades y empezar a trabajar sobre ellas».

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside Ricardo Toranzo, apoyó la medida pero no su inmediata implementación como quería originalmente Cúneo Libarona. Es que los fiscales necesitan más empleados y equipos para hacerse cargos de las investigaciones, sobre todo de casos complejos.

En un comunicado la AFFUN dijo que la tarea urgente de perseguir el narcotráfico en Rosario se debe “hacer con instituciones fortalecidas y con un plan de trabajo”.

La AFFUN recordó que de la Cámara Federal de Rosario dependen también fiscalías de otras ciudades y llega hasta San Nicolás en la provincia de Buenos Aires.

Además, faltan cubrir vacantes de jueces y fiscales federales en la provincia de Santa Fe, como el juzgado de Rafael.

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POLITICA

Alberto Fernández ejerció «violencia psicológica» y «violencia económica» contra Fabiola Yañez

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Este lunes, el fiscal federal Ramiro González pidió la indagatoria de Alberto Fernandez por hechos vinculados a la violencia de género. Después del encuadre legal sobre la materia, su dictamen habló del expresidente como alguien que “lesionó a Fabiola Yañez” y que “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica”.

El último mandatario argentino fue imputado por tres hechos de violencia contra la ex primera dama del país, motivo por el cual le atribuyeron los delitos de lesiones leves y graves, agravado por el vínculo, en el contexto de la violencia de género y amenazas coactivas.

Con ese encuadre como punto de partida, el Ministerio Público Fiscal retomó un concepto central: “entiéndase por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Al avanzar en la descripción del caso, uno de los primeros aspectos que se resaltó y de forma negativa, fue la decisión de la abogada Silvina Carreira -defensora de Alberto Fernández-, de sostener su estrategia jurídica “sobre la base de una serie de prejuicios o estereotipos que, en lugar de intentar desvirtuar los hechos denunciados, parecen pretender focalizar la investigación sobre comportamientos, prácticas, desórdenes de la víctima como una forma de responsabilizarla por hechos del proceso”.

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la ex primera dama fue víctima de una “particular relación asimétrica de poder en su vínculo con el ex presidente Alberto Fernández”.

“Destrato, desprecio, retiro de la palabra, aislamiento, culpabilización, golpes, gritos, relevo o reemplazo en la toma de decisiones, la negación a las apariciones o comentarios públicos, por solo citar ejemplos”, explicó la fiscalía al referirse a los sucesos relatados por Yañez. A todos ellos le dio credibilidad el fiscal al decir que “resultan momentos constitutivos del ciclo de violencia y se corresponden con otras constancias de la causa”.

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Para Ramiro González, el conjunto de pruebas reunidas “permiten afirmar la persistencia de una dependencia emocional, inclusive con aspectos propios de la violencia económica que también se ejerció sobre la señora Yáñez”.

Después, retomando las explicaciones técnicas sobre la violencia de género, la fiscalía manifestó que la relación de la ex primera dama y Fernández expone un “esquema acumulación de tensión-agresión-arrepentimiento propio del ciclo de la violencia.» Las fases de ese ciclo de violencia, a su vez, eran cada vez más cortos.

¿La conclusión? “La existencia de un contexto de violencia de género extendido y sistemático”, en el que Alberto Fernández es responsable de “esos comportamientos violentos”.

Otro tramo del duro dictamen del fiscal González refiere a su negativa a tolerar “la normalización de la violencia bajo el mote de ‘relación tóxica’. Tampoco voy a eximir con una especie de ‘no te metás’ -amparado en el carácter privado de las ‘cosas de la intimidad de la pareja’- a quien pretenda que el expediente se limite a visibilizar un ojo morado de la ex primera dama”.

Esas conceptualizaciones, indicó el investigador, buscaban “barrer barre bajo la alfombra un continuo de violencia psicológica, física y económica acreditado en la causa durante, al menos, ocho años”.

El informe sobre el maltrato

Entre otros documentos, el fiscal tuvo en consideración las conclusiones de las psicólogas que trataron a la ex primera dama como parte del equipo técnico de la Procuración especializada en violencia de género.

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Para las profesionales, “se evidencia en la señora Yáñez un marcado desgaste emocional, asociado al maltrato padecido que impactaría en su estado anímico, voluntad y vitalidad. Al respecto se advierte acerca de posibles secuelas o efectos emocionales que continuarían impregnados en su subjetividad”.

En otro tramo del documento presentado al fiscal, añadieron: “se advierte también en la entrevistada la presencia de un fondo emocional depresivo y la predominancia de sentimientos de humillación, vergüenza, sentimientos de soledad, miedo y desconfianza. Ese estadio, está acompañado de tristeza, dificultad para concentrase, dificultad para comenzar y sostener actividades placenteras. Junto a esa sintomatología emocional, la damnificada refiere presentar otros síntomas orgánicos como dolor de cabeza, fatiga y alteraciones en el sueño”.

Por su parte, el informe de la médica psiquiatra Blanca Huggelmann, presentado por la parte querellante, definió el daño psíquico como “aquellas perturbaciones, síndromes o disfunciones que a consecuencia de un hecho traumático genera secuelas que limitan las distintas áreas de la vida de una persona” y concluye “que se advierte en la Sra. Fabiola Yáñez múltiples indicadores y secuelas de daño psíquico reactivo a situaciones de violencia que ha padecido de manera sistemática y crónica desde hace ocho años en el contexto de su relación de pareja”

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