Los gremios estatales se preparan para una víspera de Semana Santa agridulce: sostienen que el Gobierno se prepara para notificar el próximo martes el desguace de hasta el 30% de la planta transitoria de la administración pública nacional, que abarca a un total de 70 mil trabajadores. En Casa Rosada, no obstante, rechazan que existan «cifras» sobre posibles despidos pero reconocen que cada organismo definirá qué cantidad de contratos, que vencen a fin de mes, serán discontinuados.

Se trata de un universo de 64 mil empleados estatales regidos por el artículo 9 y unos 6 mil que prestan servicio bajo la resolución 1109 -en este caso, monotributistas o personal especializado bajo convenio con universidades- cuyo vínculo laboral fue prorrogado el 31 de diciembre y por el plazo de tres meses. Por el feriado extra largo, aducen en ATE y UPCN, alertan que miles de empleados podrían recibir la temida notificación del fin del vínculo laboral el próximo martes 26 o el miércoles 27. De confirmarse esta medida, replicaría el mismo proceso ejecutado por el entonces ministerio de Modernización a fines de marzo de 2016.

En la semana previa al acto por el feriado de día por la Memoria, la Verdad y la Justicia del domingo 24, en ATE salieron a denunciar 26 cesantías en la secretaría de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, la difusión «clandestina» de un instructivos para aplicar despidos masivos en la administración pública. Se trata de textos divulgados por Whatsapp en el que se aconseja a las autoridades de cada dependencia evitar discontinuar los convenios de embarazadas y delegados gremiales y que eventualmente se comunique «verbalmente» a quienes no se le renovarán sus contratos.

En diciembre pasado el Ejecutivo había dictado el decreto 84 que cancelaba los contratos suscriptos en el 2023 y ordenaba una exhaustiva auditoría sobre el resto de la planta estatal. Ese proceso fue comandado por el saliente titular de Modernización del Estado Armando Guibert, pero hoy es continuado por otros funcionarios de Jefatura de Gabinete.

En el organismo conducido por Nicolás Posse aclararon que no tienen «listados» sobre los posibles despidos de los integrantes de la planta transitoria pero concedieron que cada dependencia decidirá qué contratos continúan desde el 1° abril y cuáles no. Lo que está claro que habrá una depuración en base a criterios de eficacia operativa en cada área. «En mi oficina, que es técnica, no vamos a eliminar ninguno de lo 30 contratos que vencen. Los necesito», explicó un funcionario del Ejecutivo consultado.

En UPCN concedieron que existe «preocupación» por la auditoría en marcha y «están convencidos» de que el Ejecutivo avanzará en un recorte de la planta estatal transitoria.

En ATE, en tanto, convocaron para este jueves, a las 10 a una reunión del Consejo directivo nacional, con la participación de representantes de las 24 provincias, para evaluar la situación y anunciar un plan de lucha en caso se concreten las cesantías. No hay cifras sobre los puestos de trabajo en riesgo pero aducen que una comunicación interna del Ejecutivo recomienda ajustar «entre un 20% y un 30%» de la planta transitoria y justifican el temor en que existen organismos «en teoría cerrados», como el Inadi, que aún permanecen activos.

Este martes el vocero Manuel Adorni anunció la transformación del Consejo de Agricultura Familiar en una dirección, relegando a unos 900 empleados.

Para Flavio Vergara, el delegado paritario de ATE, muchos de los contratados «son precarizados con más de 10 años de antigüedad» en el Estado y alertó sobre la «irregularidad con la que se toman decisiones de carácter institucional, que deja ver una situación ilegal» por lo que no descartan adoptar «medidas de carácter administrativo y judicial por el vaciamiento del personal».

En Jefatura de Gabinete conceden que la semana próxima habrá una nueva convocatoria a los gremios estatales para avanzar en la actualización paritaria de marzo del sector. El ajuste de febrero (suba de 12%) provocó un terremoto interno en el oficialismo porque fue replicado en los sueldos de los altos funcionarios, que derivó en la salida de Guibert.

La falta de homologación de acuerdos y el «congelamiento» salarial de trabajadores ferroviarios, portuarios y aeronáuticos, además de la amenaza de más cesantías, también llevó a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) a convocar a un plenario nacional para el próximo martes en el que se analizarán eventuales medidas de protesta.