En medio de la tensión política que aún se vive en el Congreso por el escándalo de la visita de los diputados a los genocidas detenidos en Ezeiza y la denuncia por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, el Gobierno le mete presión a Victoria Villarruel para que habilite el recinto del Senado y se avance con el plan de reforma electoral. Puntualmente quieren que salga la Boleta Única de Papel (BUP) que la dupla Karina Milei y Santiago Caputo aspira que esté en práctica para las elecciones de medio término de 2025.

La misión del oficialismo está centralizada en sacar la BUP, clave para el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional, y presiona para que forme parte del temario de la próxima sesión, que incluiría la nueva fórmula jubilatoria y un proyecto que penaliza la trata de menores. Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete del Interior, llevó al Senado un borrador con una nueva propuesta que entregó al secretario parlamentario Agustín Giustinian para que se negocie con los bloques dialoguistas.

Pero en la Cámara alta ya hay dos proyectos que obtuvieron dictamen de comisión a principios de año y que están habilitadas para ser tratadas en el recinto. El despacho de mayoría reproduce la media sanción de Diputados, mientras que una segunda alternativa es impulsada por la rionegrina Mónica Silva con el apoyo del kirchnerismo y de los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, una fuerza provincial que es comandada por el ex gobernador Carlos Rovira.

La primera opción, que cuenta con el apoyo del oficialismo, el PRO y la UCR, se basa en los modelos que ya se aplican en las elecciones provinciales de Córdoba y Mendoza con una sola papeleta para todas las categorías, mientras que el proyecto impulsado por la senadora que responde al gobernador Alberto Weretilneck promueve una boleta única con los candidatos a presidente y vice y otra con los legisladores nacionales. Así se busca proteger a las fuerzas provinciales que generalmente no presentan candidatos al Ejecutivo.

En un principio, el Gobierno había dejado trascender su intención de apoyar la propuesta de la senadora por Río Negro. Fue justo cuando se negociaba el traspaso de Bahía Blanca a Río Negro de una planta de GNL de YPF y Petronas. Sin embargo, ahora el oficialismo parece haber dado un giro en sus posiciones y en este nuevo borrador propuso una sola boleta para todos los cargos, lo que para los distritos con mayor caudal de electores puede ser una complicación por la cantidad de oferta de candidatos.

Así, los distritos que adhieran al cronograma electoral nacional incluirán en la misma boleta los candidatos para los cargos provinciales y municipales. Además se mantiene el casillero de boleta completa, cuya eliminación había sido pedida por los senadores que pertenecen a fuerzas provinciales.

El kirchnerismo, que rechaza la boleta única y se mantiene a favor de la papeleta tradicional, pretende trabar el debate. Ya lo hizo en enero, cuando en el debate en comisión adhirió al proyecto de Silva y provocó un virtual empate si la iniciativa era llevada al recinto. El problema es que por tratarse de una reforma electoral requiere de mayoría absoluta (37 senadores) y no puede ser definido por el voto de la vicepresidenta.

Otro dato que dejaron trascender en el Senado es que el Gobierno exige que el nuevo sistema de votación se empiece a aplicar desde las elecciones legislativas de 2025. Por eso, la urgencia para que sea tratado en la próxima sesión y girado rápido a Diputados.

El borrador enviado desde la Casa Rosada también plantea una ampliación de los plazos para la presentación de las listas y adelanta al primer domingo de agosto la convocatoria de las PASO, cuando la ley que instauró las primarias plantean que sean convocadas para el segundo domingo de ese mes. También define las condiciones para las ubicaciones en la BUP.

Desde hace meses vienen empujando el tratamiento de esta ley el radical Maximiliano Abad como el peronista Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo en el Senado. Entre lunes y martes habrá una ronda de reuniones entre los dialoguistas y el Gobierno para cerrar algún acuerdo ya que si no se sanciona antes de febrero perderá estado parlamentario.

No obstante, distintas fuentes de la oposición se mostraron confiados en que se podrá aprobar aunque anticiparon que se realizarán modificaciones a la media sanción de Diputados por lo que deberá volver a esa Cámara para una nueva revisión.