El gobierno incluyó el proyecto de reforma electoral, para tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso, donde uno de los temas propuestos es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales.

Si bien el proyecto todavía no llegó al Congreso, fuentes oficiales confirmaron a Clarín que allí se incluyó ese punto clave de la reforma electoral.

Luego de la experiencia de 2023, donde Javier Milei tuvo que participar en cuatro debates presidenciales, ahora el gobierno propone derogar la obligatoriedad establecida en la Ley 27.337, sancionada en 2016.

Es que a Milei nunca le gustaron los debates presidenciales, con estrictas reglas acordadas entre la Cámara Nacional Electoral y los equipos de campaña de los candidatos. Y tampoco le gusta que sea «obligatorio».

De hecho, «a Javier nunca le gustaron que lo obligen a hacer algo», buscó justificar a Clarín una fuente oficial. Y agregó: «Que sea una decisión de cada candidato».

En el último debate presidencial Milei amagó con no presentarse, frente a Sergio Massa; y luego lo acusó de apelar a «herramientas oscuras» durante el debate y tuvo duras críticas hacia los organizadores, a quienes acusó de poner cerca suyo a «tosedores» para «perturbarlo».

La modificación que impulsa el gobierno para tratar en sesiones extraordinarias significaría un fuerte cambio respecto a una iniciativa que nació en 2015, con el primer debate presidencial realizado por la organización no gubernamental Argentina Debate.

En esa época no era obligatorio. El entonces candidato Daniel Scioli no se presentó al primer debate. Pero tuvo tal impacto, que luego tuvo que debatir con Mauricio Macri, en el balotaje, ante la presión de la opinión pública y de sus propios seguidores, que consideraron un error no haberse presentado antes.

En cambio, desde el gobierno destacaron que Scioli no haya ido a ese primer debate presidencial, cuando no era obligatorio y cada candidato resolvía por su cuenta si decidía participar.

Pero al año siguiente, en 2016, el Congreso sancionó una ley estableciendo la obligatoriedad de participar en los debates presidenciales, para los candidatos que superasen el 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), delegando su organización en los tres jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Desde entonces, la Cámara Electoral designa a Radio y Televisión Argentina (RTA) como unidad ejecutora de los debates presidenciales y a la Cámara de Productores Independientes de Televisión (CAPIT) para la producción artística, que realizaron los debates de 2019 y 2023, donde se presentaron todos los candidatos.

La Ley de Debate Presidencial Obligatorio tiene solo 10 artículos y establece que «si algún candidato no se presenta, pierde el aporte para la publicidad de campaña y además, se debe colocar el atril vacío con su nombre», destacó el presidente de la CNE, Alberto Dalla Via, esta semana en una columna en Clarín.

Y agregó: «El proyecto de ‘Reforma para el fortalecimiento electoral’, recientemente ingresado en el Congreso de la Nación busca ‘desregular’ los debates presidenciales al eliminar en el artículo 12 el capítulo IV bis que los había incluido de manera obligatoria en el cronograma. Si el proyecto prospera, el Estado dejará de aportar con el presupuesto y también perderán su obligatoriedad», dijo Dalla Via.