POLITICA
El Gobierno ratificó la eliminación de fondos fiduciarios por USD 2 mil millones
El vocero presidencial justificó la implementación de la medida al asegurar que «carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política”.
Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación de fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares.
“Entendemos que carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política”, precisó el funcionario, quien argumentó que este gasto representa un ajuste de medio punto del Producto Bruto Interno.
El ajuste estaba incluido dentro del paquete de medidas presentado en la Ley Bases (ley ómnibus), pero quedó trunca en Diputados, luego de que Milei decidiera retirar el proyecto ante la falta de apoyo de las provincias.
En sí, por mayoría, los Diputados no dieron el visto bueno al proyecto que le otorgaba al mandatario el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
No obstante, y pese a la espalda del Congreso y de los mandatarios provinciales, Milei decidió avanzar por decreto en la eliminación de los fondos fiduciarios, aunque desde el Ejecutivo no precisaron cuáles se eliminarán en esta primera etapa.
Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente transfiere ciertos activos o propiedades al fiduciario, quien los gestiona de acuerdo con los términos establecidos en el contrato del fideicomiso. El beneficiario es la parte que eventualmente se beneficiará de los activos del fideicomiso.
Es decir, que mediante de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra en beneficio de terceros, los beneficiarios. Sin embargo, por su figura legal, tiene muchos menores controles que las partidas que integran el Presupuesto, por lo que se transforma en un instrumento menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado, aprobado por el Congreso.
Uquía se encuentra en el ojo de la tormenta tras las denuncias de dos empleadas municipales que afirman haber sido despedidas de manera arbitraria por la comisionada Gabriela Flores. Karina Zambrano y Vilma Cunchila, quienes trabajaban en la comisión municipal, aseguran que fueron cesanteadas por hablar con un vocal de la oposición, situación que ha generado indignación y apoyo en la comunidad.
Las afectadas expusieron su caso en la sede del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), donde expresaron su desconcierto y frustración. Karina Zambrano relató: “Sufrí un despido por la señora comisionada Gabriela Flores, el motivo que nos dio es que estaba muy molesta y enojada. Nosotras solo velamos por nuestro trabajo, tenemos hijos que mantener”.
Vilma Cunchila agregó que el despido las tomó por sorpresa. “La comisionada nos llamó a una reunión sin previo aviso y nos despidió en ese momento. Es algo injusto, venimos trabajando hace nueve años como empleadas públicas”, comentó. Ambas coinciden en que el verdadero motivo detrás de su cese fue el simple hecho de haber conversado con un vocal de la oposición, lo cual, según la comisionada, atentaba contra su gestión.
La comisionada Gabriela Flores, miembro de la Unión Cívica Radical, se enfrenta a duras críticas por esta decisión. Las empleadas argumentan que se trata de un abuso de poder y una represalia política. Esta situación ha generado una gran polémica en la localidad, donde vecinos y compañeros de trabajo han manifestado su apoyo a Zambrano y Cunchila.
El caso pone en relieve las tensiones políticas en Uquía y la vulnerabilidad de los empleados municipales frente a decisiones arbitrarias. Mientras tanto, el SEOM se encuentra evaluando los pasos a seguir para defender los derechos de las trabajadoras y buscar justicia en este caso.
La controversia en Uquía no solo afecta a las empleadas despedidas, sino que también abre un debate más amplio sobre la libertad de expresión y la estabilidad laboral en el ámbito público. Las acciones de la comisionada Flores serán escrutadas de cerca, mientras la comunidad espera una resolución justa que restablezca la confianza en sus representantes locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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