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POLITICA

El Gobierno rechazó las críticas de un alto funcionario de la ONU: “Los derechos de todos los argentinos están absolutamente garantizados”

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A través de su representante en Ginebra, el Gobierno rechazó duramente las críticas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, a la situación social en Argentina bajo la administración de Javier Milei: al recorte de gastos en organismos públicos, a su política anti género y anti Agenda 2030.

“Los derechos de todos los argentinos están absolutamente garantizados” en la Argentina le retrucó este jueves el embajador ante organismos internacionales, Carlos Foradori al Alto Comisionado Türk. “No se preocupe tanto por la Argentina. Hasta ahora nos arreglamos solos. Y cuando necesitemos de su ayuda, seremos los primeros en requerir su auxilio. Por ahora nos acostumbramos a vivir con independencia, en paz y en libertad”, le dijo luego de quejarse de que el funcionario internacional dedicaba «más tiempo» a criticar a la Argentina que a dictaduras como Venezuela y Nicaragua o a dramas como el de la guerra en Ucrania y Yemen.

Türk, un austriaco que paradójicamente no era el candidato a ese puesto del gobierno Alberto Férnandez, es hoy un fuerte criticó de las políticas de Milei, al punto de que en Buenos Aires están convencidos de que el kirchnerismo, que tienen inmensa llegada a los organismos de derechos humanos internacionales, «lo nutre con sus denuncias contra el gobierno de la Libertad Avanza».

El martes, en su alocución sorprendió a la delegación argentina con un fuerte discurso «En Argentina, las medidas propuestas y adoptadas recientemente corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes en el gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de las instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030”, dijo y luego también arremetió: “Insto a las autoridades a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva. Esto también significa el pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.

Este jueves le llegó el turno a Foradori que empezó reprochándole el especial interés por la Argentina. Lo hizo con ironías. “Parece que de acuerdo al informe del alto comisionado, el alto comisionado ha perdido el sueño por la situación de los derechos humanos en la Argentina”. Y luego le recordó que los derechos humanos eran “política de Estado” aquí y que “todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional” en el país.

“El cierre del misterio de la mujer criticado es por una reducción del Estado luego del descalabro económico del anterior gobierno. A pesar de ello, los derechos de todos los argentinos están absolutamente garantizados” , dijo Foradori este jueves ante las críticas internacionales por el cierre del llamado Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Es parte de la pelea con los organismos internacionales porque los Libertarios rechazan sumarse a la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al punto que la Casa Rosada puso a la abogada Ursula Basset a controlar los discursos de la Cancillerías y otros ministerios para evitar que haya compromisos no aprobados por Milei.

“No encontré, paradójicamente, en su anterior informe ninguna mención ni preocupación por el 40% de pobres que dejó el anterior gobierno. Me sorprende que el alto comisionado esté tan preocupado por la Argentina pretendiendo intervenir en enero pasado en el debate de una ley que se trataba en el Congreso, la que, a pesar de su inquietud, recibió la aprobación en general del Congreso Nacional con mayoría opositora. Confíe un poquito más en nosotros”, advirtió en otro capítulo de la tensión que impera entre el Gobierno de la Libertad Avanza y los organismos internacionales.

La Agenda 2030 continúa los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) de la ONU para la erradicación de la pobreza extrema y el hambre o la mejora en el acceso a la educación. Para el Gobierno esa es una agenda de «socialista» y «progresista» que choca contra su agenda más conservadora.

Pero a través de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Madres y las Buenas de Plaza de Mayo, o incluso el movimiento sindical -que llevó sus quejas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- la agenda Milei es denunciada en el exterior. Lo acusan incluso de “criminalizar la protesta social» y «reprimir» las manifestaciones. Libran una batalla contra la política anti piquete del Presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En enero pasado, por pedido de Türk, el representante regional del Alto Comisionado, Jan Jarab, pidió participar de las audiencias en el Congreso por las llamada Ley Bases y el paquete fiscal a fin de “proteger” los derechos humanos de los argentinos. Eso molestó mucho al mGoberno.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Tük
Foto Reuter.

Este jueves, Foradori insistió con que el Gobierno “garantiza totalmente la reunión pacífica y la libertad de expresión, pero algunos otros no tanto” y le recordó a Türk que hubo hechos de violencia por parte de manifestantes en el reciente debate de la ley en el Senado.

“Me fascina el brillante desequilibrio demostrado a la hora de juzgar. Dedicó a la Argentina el mismo espacio y tiempo que a Haití, Yemen y a la Ucrania, ocupada por Rusia, entre otros. Pero se olvidó también de Venezuela y Nicaragua. A cualquiera le puede pasar”, le redondeó irónico el diplomático, que fue vicecanciller durante la administración de Mauricio Macri.

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Santa Cruz: Crisis en las cajas jubilatorias provinciales

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Desde el inicio de la actual gestión de gobierno nacional, los recortes y medidas de ajuste han afectado significativamente a las cajas jubilatorias provinciales que no han transferido sus sistemas a la Nación. Este es el caso de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz, una de las 13 provincias que mantiene su propio sistema jubilatorio, pero que enfrenta un déficit mensual de 5.500 millones de pesos, acumulando más de 70 mil millones de pesos anuales.

El debate sobre la posible transferencia de la CPS a la Nación no es nuevo. Al inicio de la actual gestión provincial, el presidente del ente previsional de Santa Cruz, Marcial Cané, declaró firmemente que “la Caja de Previsión Social pertenece y pertenecerá a la provincia”, aunque hizo un llamado a encontrar soluciones para el déficit sin perjudicar a los beneficiarios. Cané sugirió la creación de un fondo de sustentabilidad similar al de ANSES para afrontar las obligaciones de la CPS.

Recientemente, el titular de LLA Santa Cruz y director ejecutivo de PAMI, Jairo Guzmán, reavivó el debate, subrayando la necesidad de una reforma urgente del sistema previsional. “Hay un problema y nadie quiere darse cuenta o nadie quiere decir la verdad. Hay que reformar el sistema previsional, buscar la forma sentarse a discutir seriamente, pero el sistema está colapsado y eso lo sabe cualquier persona”, declaró.

Guzmán señaló que la actual situación es insostenible, con un número desproporcionado de pasivos que el sistema no puede financiar. “Tenemos un agujero negro en la economía, se ha manejado muy mal el tema previsional en la provincia, porque el déficit se financia con malos sueldos, con techos que se caen en las escuelas, con mala salud”, enfatizó.

El funcionario también destacó la necesidad de adaptar el sistema jubilatorio a las nuevas realidades demográficas y económicas, mencionando que la expectativa de vida ha aumentado y que es necesario revisar las edades de jubilación y la relación entre trabajadores activos y pasivos. “No podemos tener personas que se jubilen a los 45 años. Se necesitan casi 5 activos por pasivo y tenemos 2 por cada uno. La política está mirando para otro lado, no mira los intereses de los santacruceños”, explicó Guzmán.

Aunque Guzmán no abogó directamente por una transferencia del sistema a la Nación, sí insistió en la urgencia de una reforma, a pesar de la resistencia social y política que genera el aumento de la edad jubilatoria. “Hay que hacer una reforma urgente, aunque la mayoría de la gente no quiere que se amplíe la edad jubilatoria, eso es lo que genera malestar en la sociedad, pero se debe dar el debate. Los que tienen que hacer la reforma no quieren el costo político”, concluyó.

La situación de las cajas jubilatorias provinciales, especialmente la de Santa Cruz, destaca la necesidad de un debate serio y profundo sobre las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar de los jubilados, sin comprometer la economía provincial ni los servicios públicos esenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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