El Gobierno de Javier Milei, tras recuperar tierras del lago Mascardi cedidas en concesión a un ex funcionario K, ahora impulsa el desalojo de otros terrenos usurpados por comunidades mapuches en Parques Nacionales y que la administración K quería entregar.

La medida la toma en el marco de una política de endurecimiento frente a pueblos originarios de la Patagonia que supone prohibir también el uso de la bandera de mapuche en los parques nacionales y revisar el status de comunidad indígena que el kirchnerismo le dio a 221 nuevos grupos en los últimos cuatro años.

El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, dio marcha atrás con las políticas promapuches del gobierno del Frente de Todos y ordenó que el organismo volviera a tomar el rol de querellante en varios casos.

Las semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la anulación de la concesión de dos hectáreas de tierras en ese lago, ubicado al sur de Bariloche y que pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi. Habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por el abogado Franco Dellavalle, ligado políticamente a Juan Grabois.

Ahora Larsen comenzó a revisar la posición de Administración de Parques Nacionales (APN) en varios juicios por usurpación donde el kirchnerismo había creado una mesa de diálogo para llegar a acuerdos extrajudiciales, revelaron a Clarín fuentes del Gobierno. Larsen responde al diputado y ex secretario de Medios del PRO Hernán Lombardi.

Una de esas causa en las que la APN es querellante está caratulada “Jaramillo, Luciana Martha y otros s/usurpacion (art.181/ inc.1) solicitante: Araya, Natalia y otros expte n.º 26511/2017)”. En esta se investiga la toma producida en noviembre de 2017 en Villa Mascardi e involucra a miembros de la llamada comunidad Lafken Winkul Mapu.

En dicha causa se presentó una propuesta alternativa al juicio que había surgido de una llamada “mesa de diálogo” propuesta por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La iniciativa fue homologada por el juez subrogante de Bariloche Hugo Grecca. Pero el fiscal se opuso a la homologación del acuerdo y ahora el tema lo tiene que resolver en la sala I de la Cámara de la Casación Penal.

De hacer lugar Casación al recurso del fiscal, es decir que se deje sin efecto la homologación del acuerdo, APN continuará querellando en el debate oral que ya había iniciado para el desalojo completo pese a que se argumente que ahora allí hay “tierras sagradas” para los mapuches.

La otra causa que está ya en el tribunal oral 1 y está caratulada “Colhuan, Betiana Ayelén y otros usurpación”. En este proceso se investiga, la toma del predio del ex hotel IOS por parte de otra comunidad mapuche.

Las nuevas autoridades de la APN ratificaron que allí se construirá un centro de formación de Guardaparques, mientras continúan con la querella. Pero en esta causa se acumularon otras usurpaciones de terrenos del estado nacional.

En esta causa, ya se fijó el 24, 25 y 26 de junio y 1, 3, 4, 5 de julio para el jucio oral y la defensa presentó un recurso de Casación para que también se tenga en cuenta el acuerdo arribado en la mesa de diálogo del anterior gobierno que los vecinos de Lago Mascardi, por ejemplo, no reconocen.

En idéntico sentido, Larsen presentó en el juicio la resolución 16 de este año de la APN para oponerse al acuerdo extrajudicial.

Pero la realización del debate oral dependerá de que la Sala II de Casación Penal rechace el recurso presentado por la defensa, explicaron las fuentes del Gobierno.

En otro tercer juicio, la APN reclama el desalojo de una seccional del organismo en el Parque Nacional los Alerces de Chubut.

Todos estos hechos irregulares surgieron de una auditoría hecha en la APN. Durante el gobierno de Macri ante políticas similares, murió congelado el artesano Santiago Maldonado en el desalojo de la ruta 40 en la entrada a Esquel, también un joven mapuche en una toma en el lago Mascardi y la detención de Jones Huala del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche, entre otros hechos.

Para Larsen en el gobierno del Frente de Todos «había un claro plan integral de ceder terrenos del Estado nacional con fines ideológicos y en otros casos para sacar un rédito político y económico».

“Lo que más nos sorprendió es como el Gobierno de Alberto Fernandez habían cedido terrenos de todos los argentinos a amigos del poder y militantes kirchneristas muy vinculados a Juan Grabois y a ciertas comunidades falsamente denominadas mapuches donde se cedieron gran parte de terrenos de Parques Nacionales del sur”, dijo Larsen a Dato sobre Dato de radio Milenium.

Larsen recordó que su antecesor “Franco Dellavalle fue quien se le cedió los terrenos a la fundación vinculada a Grabois”.

“Esto ha sido un plan más ambicioso donde también se firmaron otro tipo de acuerdos con comunidades pseudo mapuches, donde no solo se reconocieron terrenos de Parque Nacionales sino que se obligaron a retirarse en las causas penales que se habían iniciado por desalojo, que el Gobierno de Macri había iniciado”, agregó

Otro caso se dio en el Parque Nacional Los Alerces. En enero se incendiaron 8 mil hectáreas de ese parque y “el sindicado de haber iniciado ese incendio es un señor llamado Cruz Cárdenas, que está usurpando una seccional entera del Parque Nacional Alerces hace ya cinco años”.

“Había un juicio de desalojo, pero el gobierno del Frente de Todos se presentó en su momento y suspendió ese desalojo. Esas son las consecuencias de un gobierno que no le importaba la defensa de la propiedad privada o de tierras de todos los argentinos”, subrayó.

“Ni bien asumimos nos presentamos como querellantes, dimos de baja el acuerdo del Gobierno anterior y estamos avanzando de nuevo en los desalojos”, anunció Larsen.

Además, “no podemos tolerar es que haya comunidades que no reconozca al Estado argentino como Estado soberano”. Por eso, prohibió izar otra bandera que no sea la argentina en los parques nacionales.

Por otra parte, Larsen se refirió a las 180 hectáreas que el Gobierno K le sacó al Ejército en Bariloche y pretendía dárselas a una comunidad mapuche.

“Esas son tierras que fueron pedidas al Ejército hace muchos años atrás pero que Parques Nacionales tienen jurisdicción”, recordó.

En esa causa “nos estamos presentando para desalojar esos terrenos, y las que no están usurpadas, cuidarlas.”

El fiscal Carlos Stornelli en una causa que tiene el juez Daniel Rafecas logró que se ordenara suspender esa transferencia mientras volvió a pedir el procesamiento de ex funcionarios del ministerio de Defensa que omitieron apelar una decisión de un juez de Bariloche que cedía las 180 hectáreas de la Escuela de Instrucción Andina. La Cámara Federal porteña anuló los procesamientos de esos funcionarios pero Stornelli volvió a pedirlos.

Por otra parte, el vocero presidencial Manuel Ardoni había anunciado que «a lo largo del Gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias«.

Y en esa línea, apuntó: «De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones». Ahora se revisan cuáles son verdaderas comunidades indígenas y cuáles no.