POLITICA
El Gobierno venderá las “casas de la corrupción” del caso Cuadernos: eran del exsecretario de Néstor Kirchner
El Gobierno de Javier Milei -a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)– venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner y a otros involucrados en el caso de corrupción en el que se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante la gestión kirchnerista.
TN pudo saber que la AABE comenzará con una subasta de tres propiedades que pertencían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.
Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total la AABE piensa recaudar con estas ventas casi U$S2 millones.
- Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio salían los bolsos con dinero para las financieras que se encargaban de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se subastará a USD815.795. El lugar también se usaba para guardar una colección de autos de lujo.
- Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., que fue fundada por Manzanares pero luego comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metors cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Se venderá a USD974.416.
- Departamento con cochera. El inmueble que está ubicado en Villa Urquiza pertenecía a Muñoz y Manzanares. Se venderá a un valor de USD140.000.
El Gobierno venderá las “casas de la corrupción” del caso Cuadernos: eran del exsecretario de Néstor Kirchner
TN pudo saber que entre 2019 (gestión Macri) y 2023 (gestión Alberto Fernández) quedaron pendientes de pago varias facturas de agua y ABL de dos de estas propiedades. La deuda total en este concepto para la propiedad de Pedro Riveri asciende a los $10.893.061 y la de Andonaegui asciende a $1.972.570.
En la causa Cuadernos, Muñoz fue investigado por montar una estructura dedicada a lavar dinero, según determinó la Justicia federal. En estas maniobras participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.
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El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Miami, Estados Unidos.
El dinero recaudado de esta subasta se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral.
El Estado todavía no tomó posesión de más de 20 bienes de la corrupción
De los 30 inmuebles que Bonadio decomisó, el Estado logró tomar posesión de siete. Respecto de los restantes, la AABE todavía espera recibir antecedentes y documentación registral para disponer de estos inmuebles y poder venderlos.
De los siete que ya están bajo el poder de la AABE, uno se vendió en 2022. El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. El Estado se desprendió de la propiedad ubicada en Julieta Lanteri 1331 en $70 millones, equivalentes a unos 600 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento.
Luego hay dos cocheras en manos de la AABE que se concesionaron desde febrero y septiembre de 2022 respectivamente por un plazo de 60 meses. Una de las cocheras está ubicada en Malabia 1741 y la otra en Amenabar 1934. A estos se le suman los tres inmuebles que TN informó se subastarán y hay otra propiedad ubicada en avenida Belgrano 2232 que fue entregada en custodia provisoria a la Fundación de Capacitaciones del Maule FUNDACAP. La custodia provisoria está vencida.
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El Gobierno espera pronto tomar posesión de un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE inspeccionaron el lugar en abril pasado y comprobaron que está desocupado. El Estado procederá a su disposición una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo.
Además se están realizando gestiones a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para intentar obtener la posesión de un edificio ubicado en Ocean Fort, Miami, Florida, que pertenecía a Ernesto Clarens, el financista a través del que se hicieron buena parte de las maniobras de lavado.
Hay un universo de 20 inmuebles ubicados en Santa Cruz y Tierra del Fuego que en su gran mayoría pertenecían a Muñoz y Manzanares sobre los que aún resta recibir información por parte de la Justicia, tales como antecendentes y documentación registral. No está claro el motivo por el que durante la gestión de Alberto Fernández no se terminó de incorporar estos bienes a la AABE. “Los tiempos de la Justicia no siempre ayudan pero no sé si había una real intención de vender estos inmuebles”, dijo una fuente a TN.
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Es que los inmuebles en cuestión estaban vinculados a personas acusadas de cobrar coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner, que entre diciembre de 2019 y 2023 ocupó el cargo de Vicepresidenta. A la dirigente se la sindica en el caso como la jefa de la banda. El juicio todavía no comenzó y la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por los retrasos en el inicio del proceso.
Entre los inmuebles sobre los que aún no se tomó posesión, está la estancia “La Lucía”, en Santa Cruz, ubicada en la ruta 40 y una superficie de 20.000 hectáreas. También la estancia “El Rincón”, con más de 6 mil hectáreas. Las autoridades buscarán recuperar varios locales que -según pudo saber este medio- están alquilados por una cadena de farmacias en El Calafate. El listado se completa de un complejo de seis viviendas y otras casas más.
La AABE también subastará bienes de causas de trata y narcotráfico
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también subastará una serie de propiedades en el caso “Carbón Blanco” en el que se condenó a una organización criminal encabezada por el fallecido abogado Carlos Salvatore que traficaba cocaína a Europa, cargamento que salía oculto en bolsas de carbón vegetal.
Una de las propiedades que se subastará es una mansión en Belgrano R, de cuatro plantas, con playroom, pileta y garage para seis autos. El precio a pagar es unos 759 mil dólares. También se venderá un departamento con cochera el que se tasó en 118 mil dólares.
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Por otra parte, se subastarán casas del caso conocido como “Clan Aliaga”, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, que tenía como objetivo explotar a trabajadores bolivianos en condiciones de precariedad y privasión de su libertad en galpones textiles.
Se venderán dos casas y tres departamentos ubicados en Villa Luro y Flores.
Cuadernos de las coimas, corrupción K, Néstor Kirchner, Daniel Muñoz
POLITICA
Tensión en Necochea: El sector agropecuario rechazó la nueva tasa vial de Arturo Rojas
El Concejo Deliberante de Necochea aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2025, que incluye una medida que ya está generando fuertes tensiones en el sector agropecuario local. Se trata de la creación de la «Tasa Vial Solidaria», un nuevo tributo destinado a las empresas exportadoras que operan en el Puerto de Quequén. La medida ha desatado el rechazo de productores y entidades rurales, que consideran que la carga tributaria recae directamente sobre ellos.
Objetivo de la tasa: Reparación de rutas
La Tasa Vial Solidaria fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria-PJ, Julián Kristiansen, y tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y reparación de las rutas que conectan el Puerto de Quequén con otras zonas productivas. Según el edil, los camiones que circulan hacia y desde el puerto generan un desgaste significativo en la infraestructura vial, lo que justifica la creación del tributo para financiar las mejoras necesarias.
La resistencia del campo: impacto directo sobre los productores
La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar. Un total de 16 entidades rurales, apoyadas por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresaron su «total rechazo y repudio» a la nueva tasa. Los productores agropecuarios aseguran que, aunque la medida está dirigida a las exportadoras, el impacto económico de la tasa se trasladará inevitablemente a los precios de los productos, afectando directamente a los productores locales.
En su comunicado, los ruralistas sostienen que «todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio». Además, advierten que el costo de operar en el puerto de Quequén ya es elevado, y que con la implementación de esta nueva tasa, las condiciones para el sector empeorarán, haciendo que los costos de operar en el puerto sean aún menos competitivos frente a otros puertos de la región.
Paralelismos con otros puertos: Un modelo controvertido
La creación de la Tasa Vial Solidaria en Necochea no es un caso aislado. En otros puertos de Argentina, como el de Dock Sud, también se han implementado medidas similares para tributar sobre los camiones que utilizan las rutas municipales para acceder a la terminal portuaria. En ese caso, los intendentes Julián Álvarez y Mayra Mendoza propusieron tributar sobre los camiones en circulación hacia el puerto, pero la iniciativa generó fricciones internas dentro del peronismo, debido a las implicancias sobre las tarifas portuarias y la falta de consenso sobre cómo distribuir los recursos generados.
El caso de Necochea, que afecta a uno de los puertos más relevantes de la región, ha levantado una ola de críticas por parte de los productores agropecuarios, quienes temen que esta nueva tasa agrave aún más las condiciones de competitividad de sus productos en el mercado internacional. La crisis económica y la inflación, junto con los altos costos operativos, ya son desafíos significativos para el sector, y esta nueva carga impositiva podría convertirse en un obstáculo más.
Demandas de diálogo: ¿Una solución para el sector?
Las sociedades rurales de Necochea han solicitado al intendente Arturo Rojas que «revise esta situación» y convoque a un diálogo abierto con el sector agropecuario para encontrar una solución que no perjudique a los productores locales. El reclamo se basa en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la infraestructura vial y la sostenibilidad del sector agropecuario, que es clave para la economía local.
El futuro del Puerto y la competitividad del sector
La creación de la Tasa Vial Solidaria no solo ha generado controversia en Necochea, sino que también pone en evidencia la difícil situación que atraviesan los puertos argentinos en un contexto económico complejo. Para los productores agropecuarios, la sumatoria de nuevas cargas impositivas podría poner en riesgo la competitividad de sus productos, especialmente en un momento en que los costos operativos siguen en aumento y el mercado internacional sigue siendo una fuente vital de ingresos.
En este clima de incertidumbre, las autoridades locales deberán decidir si esta nueva tasa es un paso necesario para la sostenibilidad de la infraestructura vial del puerto o si, como denuncian los ruralistas, se trata de una medida que terminará afectando la rentabilidad del sector agropecuario. Las negociaciones entre el gobierno municipal y los actores del campo serán clave para resolver esta controversia y definir el futuro de la relación entre el puerto y los productores locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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