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POLITICA

El Gobierno volvió a cruzar a la CGT: “El paro es un sinsentido, no entendemos qué pretenden”

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El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a cruzar a la CGT durante una nueva conferencia de prensa por el paro del 24 de enero. “Es un sinsentido, no entendemos qué pretenden”, sostuvo.

Esta mañana, en su habitual rueda de prensa, el portavoz cuestionó la acción de la central sindical que busca frenar el DNU y la Ley Ómnibus. “No encontramos aún una explicación razonable del porqué del paro”, manifestó.

“La idea de hacer un paro para voltear el DNU, hacer un paro para voltear la Ley Bases, hacer un paro para complicarle la vida al gobierno a los 45 días de haber asumido, pero anunciado a los veintipico de días, no nos termina de explicar bien cual es la razón”, señaló.

Además, sostuvo que tanto la ley como el decreto aún están el proceso legislativo activo y en vías de desarrollo. “Estamos hablando de un sinsentido, en tal caso dependerá de la CGT o de quien efectivamente lleve adelante la acción”, sumó.

“No entendemos bien qué es lo que pretenden cuando todavía el Congreso está discutiendo los pormenores”, indicó y añadió que están “muy sorprendidos” por la actitud de la central sindical que habla de “voltear”. “A nosotros la palabra voltear nos causa rechazo, pero corre por cuenta de quien la pronuncia”, remarcó.

Este lunes, el secretario general de la central gremial, Héctor Daer, expuso en el plenario de comisiones de la Cámara Baja y rechazó el megapaquete de reformas que Javier Milei envió al Congreso. “El día 24 vamos a venir a apoyarlos para que digan no a la ley”, afirmó.

“No ataca privilegios, ataca derechos individuales, derechos colectivos, limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita a los sindicatos, ataca las economías regionales y el Gobierno se autoriza a sí mismo a regalar una empresa como Aerolíneas Argentinas”, dijo el dirigente gremial durante su exposición.

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Noticia que está en desarrollo.-



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POLITICA

Más del 30% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no se presentó a las auditorías

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El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.

El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.

El polémico gasto de Axel Kicillof en tratamientos de hormonización para personas trans

Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.

El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025 y contará con cuatro etapas principales: verificación documental, evaluación médica en territorio, análisis de datos por parte de ANDIS y resolución de cada caso. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe con los resultados nacionales, lo que permitirá determinar cuántas pensiones se mantendrán y cuántas serán suspendidas por incumplimiento de los requisitos.

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