• Mié. Abr 14th, 2021

El Gobierno vuelve a auditar los contratos del soterramiento del Sarmiento para intentar terminar la obra

El gobierno de Alberto Fernández busca darle continuidad a una obra investigada por sobornos, licitada en reiteradas ocasiones durante la gestión kirchnerista, que terminó vinculada al caso de los Cuadernos de las Coimas. Se trata del soterramiento del Tren Sarmiento que Odebrecht tuvo a cargo hasta que empujado por la situación judicial tuvo que abandonar el consorcio. El ministerio de Transporte ahora se encuentra auditando el contrato multimillonario. Creen que rescindir el contrato sería muy costoso. Por eso buscan reanudar con las empresas que quedaron dentro de la UTE para intentar concluir la obra.

El caso del soterramiento es inédito. Se lanzó por primera vez en 2006 cuando Néstor Kirchner era presidente y se anunció una decena de veces la puesta en funcionamiento de la obra. A 15 años, aún no se terminó. 

La obra quedó en manos del gigante brasileño Odebrecht que hoy cuenta con un pedido de quiebra en su país y enfrenta diversos procesos judiciales en diferentes países, entre ellos Argentina. En el marco de la operación Lava Jato, los dueños de la constructora admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones sospechosas adjudicadas a la constructora brasileña. El más importante es justamente el que investiga corrupción en el soterramiento del Tren Sarmiento,  una obra valuada en 3.000 millones de dólares, y adjudicada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio de 2019 la firma brasileña se fue de la obra al igual que IECSA.

El contrato no fue rescindido pese a que la obra lleva dos años detenida. Fuentes oficiales explicaron a Clarín, que resta una inversión de 1.500 millones de dólares para concluir la obra, cuyo avance hasta el momento incluye desde la estación de Haedo hasta la de Liniers. Restan poco más de seis kilómetros por construir. El presupuesto es por demás oneroso.

“Originalmente la financiación era de la compañía de origen italiano, pero la gestión de Cambiemos modificó eso a financiación nacional propia. Rescindir el contrato cuesta casi lo mismo que la obra del tunelado y se perdería lo invertido hasta el momento”, explicó una fuente de la Casa Rosada.

Así, con el objetivo de reanudar la obra, se ordenó una auditoría a la Universidad de San Martín que se entregará en las próximas semanas. Todas las empresas que integraron la Unidad Transitoria de Empresas que fue adjudicataria de la obra durante el gobierno kirchnerista están bajo investigación aunque no todas son parte de la UTE en el presente.

Para avanzar en el caso se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de Brasil, al que se le solicitó que remita todo tipo de información vinculada al soterramiento. Como contó Clarín, la documentación llegó hace un mes en dos tandas. A través de la Cancillería, el primer envío contenía un CD con varias carpetas con información vinculada al caso que tramita en nuestro país.

Pero además ingresó un segundo envío desde Brasil, que según fuentes judiciales contiene un video que «sería la confesión de Luiz Antonio Mameri». Se trata de uno de los ex directivos de Odebrecht que se acogió a la delación premiada en Brasil y confesó ante el juez Sergio Moro. El ex número dos de la constructora para América Latina había asegurado en otra ocasión que Javier Sánchez Caballero (integrante de IECSA) les avisó a los ejecutivos de Odebrecht que tenían que hacer «pagos indebidos» a medida que empezaron a cobrar por sus trabajos. Siempre según su relato, era lo acordado con los funcionarios de Planificación.

El video también fue enviado para su traducción. Fuentes del caso indicaron que la gran cantidad de información de carácter financiero que se sumó al expediente será analizada por el fiscal Picardi.

En abril de 2019, Martínez de Giorgi procesó a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal por «negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas», por presuntamente haber favorecido a las firmas ganadoras de la licitación. También por dádivas se había procesado además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos.

Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución, y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados, por ello se pidió colaboración a Brasil. Por su parte, el fiscal Franco Picardi determinó la existencia de “contratos simulados”, que a la UTE integrada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa le habría permitido girar cerca de 5 millones de dólares a la Banca Privada de Andorra. Según la investigación, ese dinero luego se habría destinado al “pago de coimas”.

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