POLITICA
El gobierno y su deseo de tener libres a genocidas
No solo es el rumbo económico similar el del presidente al de la dictadura de Jorge Rafael Videla, varios funcionarios del gobierno también promueven la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Durante toda la contienda electoral de 2023, Javier Milei negó a los 30 mil detenidos desaparecidos, atacó las políticas de derechos humanos distinguidas y valoradas a nivel mundial, y desarrolló un discurso promoviendo la teoría de “los dos demonios”. A partir del acompañamiento en la fórmula presidencial por Victoria Villarruel, quien visitó varias veces a Jorge Rafael Videla en la cárcel, además de otros genocidas detenidos en Ezeiza, como Alfredo Astiz, muchos de los militares entienden que con la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada, su salida está muy cerca.
Ejemplos en el mundo entero por el juicio a las juntas, y más tarde con las derogaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promotoras de los juicios de lesa humanidad, los argentinos en cuarenta años de democracia habíamos llegado a un consenso social que el único lugar para un genocida, era la cárcel común, y que los culpables de la desaparición forzada de personas, debían cumplir sus condenas.
Sin embargo, desde el gobierno de Javier Milei se están llevando adelante acciones para que los genocidas vuelvan a las calles. Desde el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien señaló “hay que sanar la Argentina, abrazo el indulto de Menem”, pasando por las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el que manifestó “merecerían morirse en su casa con una tobillera y de la mano de su esposa”, el gobierno busca su libertad al intentar mostrarlos como buenos adultos mayores, y no como los violentos asesinos que son.
La foto de los seis diputados de La Libertad Avanza junto a los genocidas en el penal de Ezeiza, demuestra el sentimiento de impunidad que manejan desde el poder. Nadie fue revisado antes de entrar al penal, y además fueron recibidos con una opípara merienda, lo cual deja en claro la familiaridad del encuentro, los privilegios que se gozan en ese penal, y la connivencia de las fuerzas de seguridad del penal. Sobre esto, la diputada Lourdes Arrieta, afirmó que fue engañada al encuentro con los represores, y que tanto Martín Menem como el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, estaban al tanto de la visita.
A estas repudiables declaraciones y acciones del gobierno, se le debe sumar el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo creado en 1992 que encargado de localizar a los bebés robados durante la última dictadura. Esta decisión avalada por Milei, fue llevada adelante por el ministro de justicia Cúneo Libarona.
La gran pregunta que nos podemos hacer los argentinos, mientras sufrimos este retroceso en materia de derechos humanos, es: ¿Por qué el gobierno quiere a genocidas en las calles, acaso necesita legitimar un mayor ataque represivo para llevar adelante su plan económico?
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POLITICA
Pete Hegseth: por qué el elegido de Trump para Defensa es una amenaza para las Fuerzas Armadas de EE.UU.
WASHINGTON.- Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump nombró en puestos importantes de su gabinete a varios generales en actividad o retirados, incluidos Jim Mattis como secretario de Defensa, H.R. McMaster como asesor de seguridad nacional, y John F. Kelly, primero como secretario de Seguridad Nacional y luego como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Trump, que durante la Guerra de Vietnam esquivó el servicio militar, parecía deleitarse con el aura de virilidad marcial que esos generales le conferían a su gobierno. Le encantaba llamar a Mattis “perro rabioso”, un apodo que al sesudo general retirado de Marines no le gustaba para nada.
Pero el romance de Trump con “mis generales” duró lo que un suspiro, y ahora las Fuerzas Armadas norteamericanas están a punto de pagar el precio del desencanto presidencial. Al parecer, Trump esperaba que los militares que integraban su primer gobierno fueran tan leales a su persona como imaginaba que habían sido los generales alemanes con Adolf Hitler. (Trump no parecía tener conocimiento de que varios generales y otros militares alemanes intentaron asesinar a Hitler más de una vez.) Así que Trump se ofendió cuando esos integrantes de su gobierno expresaron su desacuerdo con él, entre otras cosas, por realizar un desfile militar en la avenida Pennsylvania, abandonar a sus aliados kurdos en Siria y abrir fuego contra los manifestantes durante las protestas de 2020 por la muerte de George Floyd.
En 2017, en una reunión en el Pentágono que hoy sabemos ignominiosa, donde Mattis intentó explicarle a Trump por qué las alianzas y los acuerdos comerciales benefician a Estados Unidos, Trump se irritó tanto que llamó a los generales “perdedores”, “imbéciles” y “nenes de pecho”. Más recientemente, Trump sugirió que el general retirado Mark A. Milley, exjefe de Estado Mayor del Ejército, es un traidor que en otras épocas habría sido ejecutado.
Así que ahora, en vez de elegir a sus potenciales colaboradores entre los más altos escalafones militares, Trump está optando por candidatos que ocuparon puestos más subalternos en las Fuerzas Armadas: Michael Waltz, legislador republicano por Florida y coronel retirado de la Guardia Nacional, como asesor de Seguridad Nacional; el conductor de Fox News, Pete Hegseth, mayor de la Guardia Nacional, como secretario de Defensa; y como director de Inteligencia Nacional a la excongresista Tulsi Gabbard, una teniente coronel de la Reserva del Ejército que tiene una desconcertante afinidad por Vladimir Putin y Bashar al-Assad.
Complacencia
Trump parece abrigar la esperanza de que estos exoficiales de menor grado militar sean más complacientes con él que sus predecesores de alto rango, y en el caso de Hegseth, Trump parece esperar que desde su cargo como secretario de Defensa haga una purga de los generales “woke” a los que ahora tanto detesta.
Es precisamente esa animosidad de Hegseth contra la actual cúpula militar, además de su aspecto de hombre rudo y sus frecuentes apariciones en Fox News, lo que parece haber convencido a Trump de confiarle el cargo, aunque Hegseth carezca de los pergaminos necesarios para liderar uno de los mayores aparatos estatales del mundo. Por eso la elección de Hegseth desató críticas inmediatas, y hacia el final de la semana el flamante postulado para el cargo se topó con más problemas, cuando surgieron informes de acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada. Hegseth negó todas las versiones y, dado el prontuario del propio Trump en materia de conducta sexual, se desconoce si el presidente electo desechará finalmente a un designado que comparte su antipatía por los actuales altos mandos del Pentágono.
Durante el primer gobierno de Trump, Hegseth se enfrentó con la cúpula militar y logró presionar al presidente para que interviniera en procesos de justicia militar a favor de tres miembros del servicio acusados de crímenes de guerra. Hegseth también discrepó con los actuales comandantes militares despotricando contra los programas de acción afirmativa y la inclusión de las mujeres en tareas de combate. En un podcast publicado la semana pasada, Hegseth pidió la destitución del Jefe del Estado Mayor Conjunto y otros generales y almirantes que “participaron” de los esfuerzos por lograr diversidad, igualdad e inclusión dentro de las fuerzas militares.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto es Charles Brown Jr., general de la Fuerza Aérea y piloto de F-16 competente y de perfil bajo que, como todos sus predecesores, tenía su atención puesta en las guerras en curso y no en el movimiento “woke”. Pero Brown –que en tanto Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se convirtió en el primer afroamericano en acceder al puesto de jefe en las Fuerzas Armadas– se ganó la hostilidad del universo MAGA cuando publicó un sentido video durante las protestas por la muerte de George Floyd, donde reflexionaba sobre el racismo que había sufrido durante su carrera. Ahora Brown podría ser destituido, y no será el único…
“Junta de guerra”
Esta semana, el diario The Wall Street Journal informó que el nuevo gobierno Trump está analizando establecer una “junta de guerra” de funcionarios retirados que contarían con el poder de recomendar la remoción de generales de tres y cuatro estrellas. Imaginen si dicha “junta de guerra” incluyera a personas como el deshonrado exasesor de Seguridad Nacional de Trump y teniente general del Ejército, Michael Flynn, o al fabricante de conspiraciones y brigadier general retirado, Anthony Tata.
Darles licencia a los ideólogos de MAGA para destituir a funcionarios militares de alto rango marcaría un tremendo precedente que pondría en peligro la identidad apolítica y profesional de las fuerzas militares norteamericanas, que juran lealtad a la Constitución, y no a un individuo. En realidad, es fácil imaginar a Hegseth destituyendo a la cúpula entera del Estado Mayor Conjunto y precipitando la mayor crisis de la historia de la relación entre civiles y militares. Trump parece dispuesto a utilizar las Fuerzas Armadas para sus propios fines, como deportar a millones de inmigrantes indocumentados o reprimir potenciales protestas.
El plan de hacer una purga de oficiales de alto rango “es un proyecto peligroso y un error garrafal”, dice el senador demócrata por Rhode Island, Jack Reed, graduado de la Academia Militar y presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado. “Los jefes militares de Estados Unidos son elegidos por sus cualidades y sus méritos, no por su amiguismo político. Purgar a los oficiales por razones políticas sería antiético para los principios y leyes que guían a nuestras fuerzas militares. El escalofrío bajaría por todos los escalafones y desalentaría a otros comandantes a decir lo que piensan o a poner freno a conductas indebidas. Mis colegas republicanos deberían reconocer que esta una amenaza grave que debe ser rechazada”.
No cabe duda de que los colegas republicanos de Reed son conscientes del riesgo que supone Hegseth, pero el asunto es cuántos estarían dispuestos a romper con Trump. El presidente electo está enviando al Senado tantas postulaciones peligrosas y carentes de idoneidad –no solo Hegseth y Gabbard, sino también el excongresista Matt Gaetz como fiscal general y el antivacunas Robert F. Kennedy como secretario de Salud y Servicios Humanos– que es extremadamente improbable que los senadores republicanos los rechacen a todos. Y por supuesto que Trump ya dejó entrever que utilizaría su poder de hacer nombramientos durante el receso del Senado para asegurar en el cargo a los candidatos que no pudieran ser confirmados por la Cámara Alta.
Las decenas de millones de norteamericanos que votaron a Trump lo hicieron porque estaban hartos de la inflación y de los inmigrantes indocumentados, y no porque quisieran una purga en una de las instituciones más conservadores y respetadas de Estados Unidos. Pero eso es lo que probablemente ocurra, salvo que los republicanos del Senado se armen de coraje para proteger a las Fuerzas Armadas de este peligro inminente.
Por Max Boot
Traducción de Jaime Arrambide
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