No solo es el rumbo económico similar el del presidente al de la dictadura de Jorge Rafael Videla, varios funcionarios del gobierno también promueven la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Durante toda la contienda electoral de 2023, Javier Milei negó a los 30 mil detenidos desaparecidos, atacó las políticas de derechos humanos distinguidas y valoradas a nivel mundial, y desarrolló un discurso promoviendo la teoría de “los dos demonios”. A partir del acompañamiento en la fórmula presidencial por Victoria Villarruel, quien visitó varias veces a Jorge Rafael Videla en la cárcel, además de otros genocidas detenidos en Ezeiza, como Alfredo Astiz, muchos de los militares entienden que con la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada, su salida está muy cerca.

Ejemplos en el mundo entero por el juicio a las juntas, y más tarde con las derogaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promotoras de los juicios de lesa humanidad, los argentinos en cuarenta años de democracia habíamos llegado a un consenso social que el único lugar para un genocida, era la cárcel común, y que los culpables de la desaparición forzada de personas, debían cumplir sus condenas.

Sin embargo, desde el gobierno de Javier Milei se están llevando adelante acciones para que los genocidas vuelvan a las calles. Desde el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien señaló “hay que sanar la Argentina, abrazo el indulto de Menem”, pasando por las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el que manifestó “merecerían morirse en su casa con una tobillera y de la mano de su esposa”, el gobierno busca su libertad al intentar mostrarlos como buenos adultos mayores, y no como los violentos asesinos que son.

La foto de los seis diputados de La Libertad Avanza junto a los genocidas en el penal de Ezeiza, demuestra el sentimiento de impunidad que manejan desde el poder. Nadie fue revisado antes de entrar al penal, y además fueron recibidos con una opípara merienda, lo cual deja en claro la familiaridad del encuentro, los privilegios que se gozan en ese penal, y la connivencia de las fuerzas de seguridad del penal. Sobre esto, la diputada Lourdes Arrieta, afirmó que fue engañada al encuentro con los represores, y que tanto Martín Menem como el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, estaban al tanto de la visita.

A estas repudiables declaraciones y acciones del gobierno, se le debe sumar el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo creado en 1992 que encargado de localizar a los bebés robados durante la última dictadura. Esta decisión avalada por Milei, fue llevada adelante por el ministro de justicia Cúneo Libarona.

La gran pregunta que nos podemos hacer los argentinos, mientras sufrimos este retroceso en materia de derechos humanos, es: ¿Por qué el gobierno quiere a genocidas en las calles, acaso necesita legitimar un mayor ataque represivo para llevar adelante su plan económico? 

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