Por una amplia mayoría, el proyecto que busca endurecer el régimen jurídico para evitar la reiterancia delictiva obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa oficialista fue acompañada por sus aliados habituales, así como por Pro, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y casi todos los radicales de Democracia. Reunió 138 a favor, 94 en contra y 1 abstención.

La Cámara debate, además, la implementación del juicio en ausencia, cuyos avales no están en riesgo. Ambas propuestas fueron impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La media sanción se girará al Senado, donde es probable que el kirchnerismo, que retiene 34 de de las 72 bancas, intente boicotear la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue directa: “Vamos a dar media sanción a lo que la gente llama ‘puerta giratoria’. Con esta ley, se acabará la impunidad y los delincuentes en la calle”.

Explicó que el proyecto endurece el criterio de reincidencia: “Para que un delincuente sea considerado reincidente deberá haber sido condenado en dos o más delitos con sentencia firme”. También señaló un cambio clave en la prisión preventiva: “Hoy un juez solo puede dictarla si hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Con esta reforma, también se tendrá en cuenta si la persona tiene múltiples imputaciones previas”.

El diputado de Unión por la Patria (UP), Martín Soria, lanzó una dura advertencia sobre el proyecto oficialista: “Con esto que van a votar, van a permitir que un abuelo que viene a manifestarse al Congreso porque le recortan la jubilación sea detenido y acusado de terrorismo. Una semana después, ese mismo abuelo acompaña a su nieto a la plaza a reclamar por el financiamiento universitario, que también le recortaron. Y con esta ley, ese abuelo puede terminar preso preventivamente, con el aval de un fiscal amigo de Comodoro Pro”.

Soria enmarcó la iniciativa en una política de “palo, hambre y cárcel” y denunció que el oficialismo busca disfrazar el endurecimiento de penas como una solución a la puerta giratoria. “Es mentira. Emitimos un dictamen de rechazo porque esta ley choca con principios constitucionales y normas vigentes. Engañan a la ciudadanía diciendo que vienen a terminar con la impunidad, pero lo que hacen es criminalizar la protesta y castigar a los que menos tienen”.

En la misma línea se pronunció Nicolás del Caño, de la Izquierda: “Es una persecución para evitar que la gente utilice el legítimo derecho de manifestarse”. Y sumó: “Le dan el poder a los fiscales y a los jueces para la perseguir a todos los sectores que salen a movilizarse porque saben que la resistencia a este plan económico va a ir aumentando”.

Si bien su bloque optó mayoritariamente por apoyar la iniciativa en su totalidad, el diputado Fernando Carbajal trazó una diferencia clave en el debate. “Esta ley modifica dos cuestiones muy distintas: el régimen de reincidencia, por un lado, y el de reiterancia, por otro. Son cosas completamente diferentes”.

Anticipó su voto y marcó su postura. “Voy a acompañar la reforma sobre reincidencia, porque creo en un derecho penal garantista, pero también en la eficacia del poder punitivo del Estado cuando se viola la ley”. Pero puso un límite: “Rechazo los artículos sobre reiterancia. Antes de que una persona sea condenada, llamarla delincuente es una infamia y una falacia. Quieren adelantar la pena sin sentencia firme”.

En representación de Pro, Cristian Ritondo exigió: “Por un momento nos aislemos de ideologías y pensemos en la seguridad de la gente y sea aplicada en la provincia de buenos aires y losbonaerenses puedan vivir mejor todos los días.

Reiterancia delictiva

Apunta a reforzar las herramientas legales para prevenir la reincidencia y la reiterancia delictiva a partir del establecimiento de criterios claros para restringir la libertad en función de los antecedentes penales y el riesgo de nuevas conductas delictivas. Define como “reincidente” a quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.

Busca que, al evaluar la posibilidad de otorgar la excarcelación a un imputado, los jueces consideren la existencia de múltiples causas penales en trámite como un indicio de riesgo procesal. Es decir, si una persona está siendo investigada en varias causas por delitos que conllevan penas privativas de la libertad, esta situación podría ser interpretada como una señal de que, al recuperar su libertad, el imputado podría intentar eludir a la justicia.

Juicio en ausencia

El proyecto de ley para instaurar el juicio en ausencia en el país lo presentaron los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) en las vísperas del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA. Obtuvo dictamen de mayoría en octubre y contó con el aval de casi todas las fuerzas políticas menos el kirchnerismo.

Permite el juicio en ausencia para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o terrorismo, siempre que el imputado no pueda ser hallado tras intentos razonables. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo establece condiciones específicas para la implementación del juicio en ausencia. En primer lugar, esta medida se aplicará cuando el acusado haya sido declarado rebelde, es decir, si, a pesar de conocer el proceso en su contra, evita comparecer, ignora los requerimientos judiciales o evade la acción de la justicia. También se contempla esta posibilidad cuando, tras cuatro meses de búsqueda activa a nivel nacional o internacional, no se logre localizar al imputado.

Otra circunstancia en la que se podrá recurrir al juicio en ausencia es cuando un pedido de extradición formulado por Argentina sea rechazado o quede sin respuesta dentro del plazo estipulado, siempre que el Poder Ejecutivo no haya autorizado que el acusado sea juzgado en el país requerido.

Para salvaguardar el derecho a la defensa, la normativa prevé que el juez designe un defensor oficial si el imputado no cuenta con uno propio, aunque este podrá nombrar un abogado de su confianza en cualquier momento del proceso. Además, la presencia física del acusado no será obligatoria en ninguna instancia judicial, ya que todos los derechos que le corresponden serán ejercidos en su nombre por su defensor, según lo estipula el proyecto.

El objetivo de la propuesta es garantizar la continuidad de los procesos judiciales en casos donde el imputado evade la justicia. Podría ser utilizado en la causa AMIA contra los imputados iraníes. Irán se negó a extraditar a sus ocho ciudadanos acusados por el ataque a la mutual judía.