El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, consiguió que el juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordene una medida cautelar que impide a las empresas de luz, agua y gas a que realicen cortes de servicio por falta de pago “hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles”.

“Los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de pobreza energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%”, indicaron desde el municipio en un comunicado en el que señalaron que, de acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370%, es decir, cuatro veces más que la inflación.

Indicaron que el amparo busca “proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza”, y destacaron que, “ahora, con esta decisión de la Justicia, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas”.

El amparo logrado por Espinoza se suma a otras medidas judiciales que los intendentes de Unión por la Patria impulsaron en contra de decisiones del gobierno de Javier Milei. La semana pasada, por caso, la Municipalidad de Moreno consiguió un fallo favorable que le permitirá continuar con el cobro de tasas municipales en las boletas de las empresas de servicios públicos, a pesar de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que lo impide.

El juez federal Adrián González Charbay firmó una medida cautelar interina solicitada por la intendencia, a cargo de Mariel Fernández, en la que señaló que interrumpir el cobro municipal en las boletas de firmas como Edenor y Naturgy BAN afectaría el funcionamiento de los servicios de la comuna y generaría un “grave perjuicio”.

González Charbay definió “hacer lugar a la medida cautelar interina peticionada, ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución N° 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación”. Al frenar la resolución de la secretaría que depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, el magistrado consideró que “la imposibilidad de cobrar las tasas en cuestión, en la forma dispuesta por la Ordenanza Fiscal 2024 y por el convenio efectuado con Edenor S.A., afectaría el funcionamiento de los distintos servicios municipales, edificios e instituciones que se sustentan con las mismas”.

González Charbay ya había beneficiado con una medida similar a la Municipalidad de Pilar, que conduce Federico de Achával (Unión por la Patria). Además de Pilar y Moreno, también hicieron presentaciones distritos como Tigre y San Fernando, según pudo saber LA NACION. En el caso de Tigre, el recurso del intendente Julio Zamora (Unión por la Patria) se presentó en el Juzgado Federal de San Martín a cargo de Oscar Papavero. La presentación del intendente de San Fernando, Juan Andreotti (Unión por la Patria), se habría concretado en los tribunales de San Isidro.

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Los jefes comunales de los distritos de las zonas norte y noroeste del Gran Buenos Aires, donde Edenor tiene concesión del servicio eléctrico, recibieron en los últimos días por canales informales la confirmación de que la empresa dejará de incluir el alumbrado público municipal en sus boletas a partir del 11 de octubre. El Gobierno prepara sanciones, en caso de que las firmas no cumplan.