El juez federal Ariel Lijo ordenó este lunes la captura internacional de Daniel Ortega, autócrata presidente de Nicaragua, y de su esposa Rosario Murillo, así como de una docena de colaboradores, por la «violación sistemática de derechos humanos» del régimen que controla con mano de hierro el país centroamericano.

«Resolvió la citación a prestar declaración indagatoria (dar testimonio) y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo», dijo el abogado denunciante Darío Richarte a la agencia AFP, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

El gobierno de Ortega y su esposa «es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente», añadió el patrocinante de la denuncia internacional.

Los crímenes de los que son acusados incluyen «asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad».

La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.

También tienen orden de captura «cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad», según informó la agencia AFP.

La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como «plan criminal de represión» y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.

La acción judicial «se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos», precisaron desde la parte solicitante de la captura.

El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.

Ariel Lijo, como Manuel García-Mansilla, es uno de los candidatos del presidente Javier Milei para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia. En los últimos días, se retiró del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda, por lo que la Corte por el momento funciona con tres integrantes.

En septiembre, el régimen de Ortega aprobó una ley que castiga con hasta cinco años de prisión publicaciones que provoquen «alarma» en las redes sociales, y que es calificada como «ley mordaza» por medios opositores en el exilio.

Días antes, el presidente nicaragüense había vuelto a expresar su apoyo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a cuyo gobierno le ofreció enviar «combatientes sandinistas» en caso de que estalle una guerra civil en Venezuela.

Además, con la intermediación de Estados Unidos, y por razones humanitarias, Ortega liberó a 135 presos políticos que fueron recibidos por Guatemala. Desde Washington hablaron de personas «injustamente» detenidas.