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El juez avanza con las empresas “pantalla” que usó Eduardo Belliboni para desviar fondos públicos de los planes sociales

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Después de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por fraude y extorsión por el desvío de fondos que correspondían a los planes sociales que debían recibir 85.000 beneficiarios, el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a dos personas señaladas como los “facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades apócrifas”, que fueron usadas por el Polo Obrero para simular gastos. El juzgado investigó la ruta de las facturas apócrifas y la utilización de «empresas pantalla” para la maniobra defraudatoria ya corroborada.

Como parte de una investigación suplementaria a cargo del juzgado de Casanello, se detectaron más irregularidades en las rendiciones de gastos que firmó el piquetero Eduardo Belliboni con las que pretendía “simular los gastos” realizado con los fondos que el Estado destinaba a los planes sociales correspondientes al programa Potenciar Trabajo.

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A la hora de analizar las responsabilidades penales, se planteó que la maniobra defraudatoria -ocurrida entre junio de 2020 y marzo de 2024- tenía entre sus líneas de investigación, el desvío de los fondos públicos.

Ese circuito fue posible mediante la utilización de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, con la finalidad de ocultar el verdadero uso del dinero que debían aplicarse exclusivamente, a los beneficiarios de los planes sociales. Esto último, no ocurrió.

La justicia corroboró que más de 361 millones de pesos se destinaron a la financiación de actividades político-partidarias, “para lo cual se emplearon distintos vehículos societarios, entre ellos la firma Coxtex SA, que no tenía sede social y/o comercial, que carecía de una operatoria real y que estaba conformada por prestanombres (al punto que fue calificada por la AFIP como usina de facturas apócrifas)”.

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No fue la única empresa detectada con estas características. Para desentrañar este entramado el juez federal, Sebastián Casanello, llamó a indagatoria a dos personas que se reiteran en el armado de las empresas “pantalla” utilizadas para el desvío de fondos.

Según se determinó en el marco del expediente penal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.

Ambas entidades se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, recibieran el dinero correspondiente al principal programa de asistencia social que tenía el ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, debían rendir el uso de los gastos comprometidos.

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Las Unidades de Gestión (Asociación Civil Polo Obrero y Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda.) recibieron más de 361 millones de pesos en concepto de subsidio.

A pesar del sentido del programa, previsto normativamente, y de aquellas actividades comprometidas, a desarrollar con los fondos otorgados por el Estado, una importante parte de estos fueron “administrados indebidamente”, determinó la justicia federal cuando se firmó la elevación a juicio oral de Belliboni y otras 15 personas vinculadas al Polo Obrero.

Los responsables de la organización social tenía bajo su responsabilidad el manejo y la administración de los fondos que integraban parte del presupuesto del extinto Ministerio de Desarrollo Social.

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Entre los delitos atribuidos al líder piquetero, el juez Casanello convalidó lo sostenido por el fiscal federal Gerardo Pollicita: Belliboni y su gente “engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”.

A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos. Es decir: la defraudación podría ser aún mayor.

La falta de rendición se convirtió en un circuito clave para evitar los controles correspondientes y así, se facilitó el “desvío de fondos públicos manejados para obtener un fin particularizado, a la par de obtener nuevos desembolsos, provocando, en consecuencia, un perjuicio a las arcas de la administración pública”, había señalado Pollicita en el pedido de elevación a juicio que respaldó el magistrado.

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El accionar fraudulento, determinaron los investigadores, se concretó mediante dos vías: de manera directa, por intermedio de la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL (empresa utilizada como vehículo de financiamiento del Partido Obrero); y de manera indirecta, a partir de la intervención de otras personas físicas y jurídicas (Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y Carlos Osvaldo Monfrini), que “actuaron como puente para llegar a la primera empresa mencionada. Cabe agregar que una de estas firmas, Coxtex SA, siquiera era real (por el contrario, era de papel)”.

Por ejemplo: Rumbos emitió alrededor de 179 facturas por $31.475.027,04. La justicia explicó que la mayoría de las facturas presentaban distintas particularidades que corroboraron que eran apócrifas: la gran variedad de los conceptos facturados (algunos, incluso, que no coincidían con la actividad registrada ante AFIP). Muchas se emitieron el mismo día por montos idénticos, pese a que se expresaban productos diversos.

También se explicó que muchas de las facturas contaban con conceptos amplios e indeterminados, sin precisar “el tipo de bien o la cantidad de unidades adquiridas”. La justicia detectó más: su asociación a supuestas entregas de mercadería o pagos realizados con meses de anterioridad; y la identificación en el documento (con tachaduras y sellos a mano) de más de un convenio al que se la asignaba.

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Como si todo ello fuera poco, durante la pesquisa y a raíz de los allanamientos ordenados, se determinó que esta compañía no sólo “era un pantalla ya que no tenía sede real ni actividad comercial”, sino que además era “utilizada como canal para materializar gastos corrientes y de funcionamiento, como la recolección de las cápitas”. Estás últimas eran las que se les cobraba a los beneficiarios de los planes sociales por parte del Polo Obrero.

Otra de las firmas utilizadas fue Coxtex SA que emitió dos facturas “para simular gastos del programa por un monto total de $5.144.418”. El seguimiento de los cheques usados para el pago de las presuntas compras, expuso que ninguno de ellos fue dirigido o cobrado por esta empresa ficticia, “sino que todos terminaron en manos de distintas firmas -muchas de ellas aún investigadas-, entre las que se encuentra la propia Rumbos”.

Sobre este accionar, el juzgado de Casanello junto con la fiscalía, determinaron que las firma no contaba con sede social o comercial, ni lugar de funcionamiento, “estaba constituida por prestanombres, no tenía capacidad económica e, incluso, fue incorporada a la base de usinas de facturas apócrifas de la AFIP en el año 2022”; su único propósito de funcionamiento habría sido, precisamente, “la emisión de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes”.

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También se verificó la emisión de una factura apócrifa de Urban Graphics SA por un monto de $5.180.019 a favor de la cooperativa investigada. El cheque con el que se pagó fue librado a favor de Rumbos, se corroboró.

Por otro lado, está Ricoprint SRL que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero, por un monto total de $5.538.756,58. Fueron abonadas mediante diversos cheques, uno librado a Rumbos, al igual que el anterior caso.

Finalmente, Monfrini emitió cuatro facturas a favor de la asociación civil por un monto total de $2.946.913,12, abonado en parte mediante cheques dirigidos a Monfrini, que los endosó a favor de Rumbos.

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Como contó Clarín, el mismo grupo de profesionales que intervino en la constitución de Coxtex creó en el mismo año 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con otros datos que llamaron la atención de los investigadores.

En primer término, en la conformación de las cuatros compañías participó el mismo grupo de profesionales: la gestora Anahí Rivero, la abogada Lucía Agúndez y el escribano Juan Bautista Derrasaga. Este último no era un nombre desconocido para el juez Casanello, quien instruyó el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lavó 55 millones de dólares.

Es justamente a Anahí Rivero a quien se llamó a indagatoria el juez Sebastián Casanello, junto a Leandro Gastón Kebleris para el 13 de mayo.

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Estas personas se reiteran en el armado de las compañías “fantasmas” utilizadas por el Polo Obrero para “concretar la maniobra defraudatoria”, sostuvieron fuentes judiciales ante la consulta de Clarín.

La totalidad de las operaciones que cuestionó la justicia federal, tenían un denominador común: la simulación de un gasto computable al programa estatal y el retorno del dinero, a través de la firma Rumbos, a la propia organización.

Junto con estos datos, se señaló que el desvío de los fondos públicos se materializó, gracias a la intervención de otra compañía: Miniso Trade SA, “cuyas irregularidades en la facturación y conformación permitieron arribar a la misma conclusión que las anteriormente analizadas, aunque sin la intervención de Rumbos”.

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Eduardo Belliboni,Planes Sociales,Sebastián Casanello

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El escrache a José Luis Espert salpica al Municipio de Quilmes: hallaron una camioneta oficial usada en el ataque

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La Justicia avanza en la investigación por el violento escrache a la casa del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido días después de que se confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El episodio, en el que un grupo encapuchado arrojó excremento y colgó un pasacalle con insultos, ahora involucra directamente al municipio de Quilmes, gobernado por Mayra Mendoza.

Durante los allanamientos realizados este jueves, los investigadores secuestraron una camioneta Chevrolet S-10 (dominio AD-497-RG) en el playón de la Municipalidad de Quilmes. Según la documentación obtenida por orden judicial y a la que accedió al periodista Bruno Yacono de TN, el vehículo fue cedido al municipio por la firma Construcciones S.A., contratista de obra pública, en el marco de una obra vial iniciada en 2022.

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Además de la funcionaria de Kicillof, detuvieron a otras dos personas por el ataque a la casa de Espert

Esa misma camioneta fue utilizada para concretar el escrache contra el legislador liberal. El dato refuerza la hipótesis de una posible malversación de bienes públicos, ya que el vehículo estaba asignado desde el 2 de junio de 2025 a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según consta en los registros obtenidos por la Justicia.

La conexión con el gobierno bonaerense

Además del vehículo, otro dato complica al kirchnerismo: en el segundo auto, un Renault Clio, se movilizaba Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Abaigar fue detenida en las últimas horas y su celular fue secuestrado para peritajes, que podrían aportar pistas clave sobre cómo se organizó el ataque y quiénes participaron.

Detuvieron a una funcionaria de Axel Kicillof por vandalizar con excremento la casa de José Luis Espert

El ataque se produjo durante la noche, cuando cinco personas encapuchadas se bajaron frente a la casa de Espert y colgaron un cartel con la leyenda: “Acá está la mier… de Espert”. Luego arrojaron materia fecal en la puerta de entrada.

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“Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años”, denunció el diputado en redes sociales. “No nos van a detener con nada”, agregó.

Vandalizaron la casa de José Luis Espert y el diputado apuntó contra el kirchnerismo: “No nos van a detener”

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, confirmó la detención de Abaigar y lanzó duras críticas contra el Gobierno provincial: “A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA, y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”.

Ahora la Justicia investiga el contrato de la empresa con el Municipio de Quilmes, y no se descarta que haya nuevos involucrados en el caso. El uso de un vehículo oficial para concretar un ataque político en plena democracia suma un capítulo más a la escalada de violencia y polarización.

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Alexia Abaigar,José Luis Espert,Mayra Mendoza,Quilmes

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El Gobierno apeló la cautelar que suspendió la eliminación del Día del Trabajador del Estado: “La juez vulneró garantías”

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A través de un breve comunicado, el vocero presidencial comunicó en la noche de este viernes que el Gobierno finalmente apeló la cautelar que ayer suspendió la eliminación del Día del Trabajador. “La magistrada actuó fuera de competencia, vulneró garantías”, apuntó Manuel Adorni contra la jueza Moira Fullana.

La administración de Javier Milei optó este viernes por apelar el fallo que restableció el feriado, intensificando así la disputa entre el Ejecutivo y el fuero laboral. La escena política se tensó luego de que la jueza Moira Fullana otorgara una cautelar que reinstaló la celebración tras la decisión oficial de eliminar el privilegio.

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En la noche del viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni transmitió la postura oficial en un mensaje breve y enfático. “En el día de hoy el Gobierno ha apelado la medida de un juez laboral que anuló la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público”, indicó Adorni en el comunicado. El representante presidencial sostuvo que “la magistrada actuó fuera de competencia, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la Ley 26.854, que regula estas medidas en el ámbito administrativo, no laboral”. Adorni añadió que desde el Gobierno “no podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares”.

La presentación judicial ante la Cámara del fuero cuestiona la legalidad del accionar de la jueza, al considerar que “decidió sobre una norma administrativa desde la órbita laboral”, algo que desde el Poder Ejecutivo consideran improcedente. De acuerdo con la Casa Rosada, la magistrada debió haber remitido el expediente al fuero contencioso administrativo, que sería el competente para determinar la validez o suspensión de la eliminación del asueto.

La administración nacional fundamentó además que la eliminación del feriado fue adoptada a través de un decreto como parte de un plan de austeridad y control del gasto. La intención, señalan desde el Ejecutivo, es “ajustar los horarios de atención y presencia del personal en organismos estatales, en sintonía con los estándares internacionales y el uso responsable de recursos públicos”.

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El conflicto sobre la eliminación del Día del Trabajador del Estado se intensificó a raíz del pedido de diversas organizaciones sindicales, que presentaron amparos y recursos judiciales con el objetivo de mantener la jornada no laborable. El fallo de la magistrada Fullana aceptó la argumentación sindical y ordenó reponer el asueto, al entender que forma parte de los derechos adquiridos de los empleados del sector público y que suprimirlo suponía un “retroceso en materia de protección laboral”.

La respuesta del oficialismo acentuó la controversia: el vocero Adorni consideró que la medida cautelar representa un episodio de “intervención indebida” y denunció la utilización de mecanismos judiciales para proteger “privilegios” en detrimento de una política de “racionalización del gasto estatal”. En la presentación de apelación, el Gobierno solicitó revertir la cautelar de manera urgente y remarcó que la decisión judicial “atenta contra el plan de reformas impulsado desde el comienzo de la gestión”.

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Ataque a la casa de José Luis Espert: la pista que involucra al Municipio de Quilmes

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La Justicia avanza con la investigación del escrache a la casa de José Luis Espert, en el que un grupo de personas en dos autos dejaron materia fecal en la puerta de la vivienda. Fue días después de la confirmación de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que culminó con la domiciliaria de la expresidenta.

El grupo que atacó la casa se movió en dos autos: una camioneta Chevrolet y un Clio. En este último se movía Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires.

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Leé también: Kicillof, Massa y Máximo comienzan a delinear un frente y el PJ se encolumna bajo la consigna “Cristina Libre”

En los allanamientos que se realizaron el jueves, se encontró la Camioneta S-10 dominio AD-497-RG (con la que se llevó adelante el ataque), en el municipio de Quilmes. El dueño de la camioneta es la firma Construcciones S.A., que tendría contratos de obra pública con la municipalidad.

Ataque a la casa de José Luis Espert: la pista que involucra al municipio de Quilmes

Según pudo saber TN, la firma cedió el uso de la camioneta a Quilmes en abril de 2022 en el marco de la obra para realizar el completamiento acceso sudeste-autopista BA-La Plata, tramo prolongación hasta la Avenida Dardo Rocha y PBN Levalle.

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La camioneta que se utilizó para el ataque a la casa de Espert fue encontrada en el Municipalidad de Quilmes. (Foto: TN)

El vehículo fue secuestrado en el playón dentro del edificio de la Municipalidad de Quilmes.

El vehículo en cuestión a partir del 2 de junio de 2025 estuvo a disposición de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la realización de tareas de mantenimiento correspondientes a la traza de la obra de referencia.

A los investigadores les llamó la atención que una camioneta afectada al uso público se utilice para el escrache. La Justicia analiza el contrato que esta empresa tiene con Quilmes. Las autoridades lograron dar con la documentación tras una orden de presentación, y no se descarta malversación de caudales públicos.

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Por otra parte se secuestró el celular de Alexia Abaigar y se espera que el peritaje pueda ayudar a entender cómo se pensó el ataque y quiénes participaron.

El ataque a Espert

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando 5 encapuchados en una camioneta colocaron un pasacalles en su casa con la leyenda “acá está la mier… de Espert” y le arrojaron estiércol en la puerta.

“Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años”, expresó Espert en sus redes sociales. Y advirtió: “No nos van a detener con nada”.

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Por el hecho se encuentra detenida Alexia Abaigar, empleada del ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires.

La detención de la mujer fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. “A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”, afirmó la funcionaria.

Espert, ataque, Quilmes

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