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El juez K Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla que no intervenga en causas en la Corte durante 3 meses

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Poco después de la votación del Senado en la que se rechazaron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el juez Alejo Ramos Padilla firmó esta noche una resolución de 73 páginas, ordenando que el flamante juez de la Corte Suprema que no intervenga durante 3 meses en ninguna causa radicada en el máximo tribunal.

«Resolver que el Dr. Manuel José García-Mansilla se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras actúe como juez “en comisión” de dicho tribunal» durante tres meses, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

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En el mismo articulado el juez de La Plata sostuvo que en caso de desobedecer, será «bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial; todo ello por el plazo de tres meses y previa caución juratoria».

Mientras decidirá si es constitucional el decreto de Milei de designación de García-Mansilla.

Respecto al juez federal Ariel Lijo, la resolución judicial sostiene: “Más allá de dejar a salvo las manifestaciones del Dr. Ariel Lijo, la prohibición de recibirle juramento al nombrado como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “en comisión” en los términos del artículo aun cuando se decidiera concederle licencia como juez de primera instancia o el magistrado renunciara a su actual cargo que ocupa en la justicia federal”.

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Al momento de analizar el caso, el juez Ramos Padilla recordó que el caso inició por la presentación radicada por la Asociación Civil CEPIS, representada por su presidente Mariano Lovelli y su abogado Dr. Emanuel Lovelli, un reclamo que en similares términos interpuso Poder Ciudadano e incluso, Elisa Carrió titular del ARI-CC.

Dio legitimidad a los recursos de amparo formulados, al entender que en las demandantes se “destaca como un aspecto esencial para la intervención judicial. Cada una de ellas, alude a su capacidad para actuar en defensa de derechos de incidencia colectiva que son esenciales para la comunidad en general, tal como lo establece el artículo 43 de la Constitución Nacional”.

Lo que se puso en discusión fue el proceso de designación por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, es decir: los decretos para que sean nombrados en comisión, hasta tanto concluya el período legislativo en curso.

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El Gobierno como el propio Manuel García-Mansilla, cuando se les pidió su opinión al respecto, sostuvieron argumentos similares: «los actores carecen de legitimación alguna para iniciar un amparo colectivo tendiente a impugnar su nombramiento como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

En otros términos, el jurista sostuvo que sólo un juicio político puede apartarlo del cargo que asumió tras el juramento que le tomó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Al momento de explicar porqué el reclamo fue habilitado y se encuentra bajo estudio, el magistrado reflexionó: «Podríamos preguntarnos sencillamente para verificar este requisito, ¿a quién pertenece la República, la independencia del Poder Judicial, la garantía de acceso a la jurisdicción ante un juez natural e imparcial?».

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Continuó bajo este mismo razonamiento y añadió: «Y está claro que pertenece a toda la comunidad argentina, que es un bien indivisible y no admite exclusión alguna. No pertenece a la esfera individual sino social y no resulta divisible. Es decir, se encuentra acreditado el primer requisito fijado por la jurisprudencia de la Corte Suprema».

También explicó que hay legitimidad en los reclamos, ya que las asociaciones fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) «han indicado que ostentan un interés particular en el proceso dado que tienen procesos pendientes ante la Corte Suprema», y por eso reclaman la conformación del máximo tribunal.

“Un juez no puede remover a un juez”

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Fue ese uno de los argumentos centrales de Manuel García-Mansilla. Refutando el mismo, Ramos Padilla señaló que “lo que aquí se discute no es la remoción de un juez por otro juez, sino la legitimidad, constitucionalidad y alcances de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Tal como sostiene el Dr. García-Mansilla, el procedimiento de remoción de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está previsto en la Constitución Nacional a través del juicio político por las causales expresamente previstas”

Insisto, dijo el magistrado, “aquí se plantea la inconstitucionalidad del Decreto 137/2025 de designación de los Dres. García-Mansilla y Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión”.

Si bien es cierto que la admisión de la pretensión puede tener como efecto el cese de la función en el cargo García-Mansilla, “ello no implica un juicio político, sino por el contrario un estricto control de constitucionalidad sobre un acto emanado del Poder Ejecutivo Nacional”.

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El rechazo a los argumentos de García-Mansilla

En la argumentación de su decisión, el juez Ramos Padilla desechó todos los planteos del actual integrante de la Corte. En cuanto a su tesis de que no hay legitimidad en los denunciantes, el magistrado le dijo, “no es un argumento válido que justifique excluir la posibilidad de analizar ese planteo y mucho menos la legitimidad de los actores”.

Por otro lado, refutó el argumento que indica que las asociaciones civiles debían acudir a la vía recursiva, pero Ramos Padilla consideró que “el procedimiento de recusación de un juez tampoco es la vía idónea para efectuar un planteo de inconstitucionalidad de un decreto presidencial”.

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Por ello, también desechó estos argumentos de García-Mansilla “que buscan cuestionar la legitimación de las asociaciones y, en definitiva, impedir el avance de este proceso”.

Está claro -continuó defendiendo el juez- que quienes han interpuesto la acción constituyen “asociaciones que, conforme sus estatutos, concentran el interés colectivo y/o incluso resultan afectadas directas, conforme se ha desarrollado”.

Alejo Ramos Padilla,Corte Suprema de Justicia,Manuel García-Mansilla,Ariel Lijo

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POLITICA

Un heterogéneo grupo de profesores de derecho reclamó que Manuel García-Mansilla deje la Corte

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Un grupo de profesores de derecho que incluye a especialistas de diversos perfiles ideológicos y políticos reclamó hoy que Manuel García-Mansilla, que fue nombrado por Javier Milei en la Corte Suprema “en comisión”, deje el máximo tribunal, después de que el Senado rechazó anoche su pliego para el cargo.

García-Mansilla no dio señales de que vaya a irse y el Gobierno sostiene públicamente que debe quedarse porque tiene mandato hasta el fin de las sesiones del Congreso de este año.

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“En nuestro carácter de profesores/as, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país, solicitamos el cese inmediato del Dr. Manuel García Mansilla en las funciones que desempeña en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijeron los firmantes, que advirtieron: “No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción”.

La lista de quienes suscriben la solicitada incluye a hombres y mujeres que dan clases en universidades públicas o privadas; a abogados que ejercen la profesión, pero también a jueces y a fiscales. Muchos de ellos tienen o tuvieron un rol relevante en la vida pública, más allá de las aulas.

Están Manuel Garrido, que como fiscal de Investigaciones Administrativas impulsó numerosas causas contra funcionarios públicos del kirchnerismo; el juez federal Daniel Rafecas y el camarista de Casación Alejandro Slokar; los constitucionalistas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez, Raúl Gustavo Ferreyra y Gustavo Arballo; Roberto Saba, exdirector de Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles; el fiscal Víctor Abramovich, exdirector ejecutivo del CELS y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; la experta en derecho civil Marisa Herrera; Damian Loretti, especialista en ciencias de la comunicación y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y el fiscal federal Leonardo Filippini, entre otros profesores de destacados antecedentes en el mundo de la academia.

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En su solicitada, ellos recordaron que la propuesta de designación de García-Mansilla “fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo” y dijeron que “en ese marco, resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional”.

“Esta grave situación -afirmaron- vulnera las garantías de los justiciables y compromete el valor de las decisiones de la Corte Suprema, afecta la confianza social en el tribunal, y su legitimidad como máximo intérprete de la Constitución.”

Los profesores advirtieron: “No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción”. Y reclamaron: “Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado”.

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Manuel Garrido, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP y UNNOBA

Roberto Saba, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA

Victor Abramovich, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA, UNLA

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Laura Clérico, Profesora Titular, Facultad de Derecho, UBA

Nancy Cardinaux, Profesora Titular, Facultad de Derecho, UBA, UNLP

Raul Gustavo Ferreyra, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA

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Marisa Herrera, Profesora Titular y Adjunta, UNDAV, UBA

Roberto Gargarella, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA y Universidad Di Tella, CONICET

Fabian Salvioli, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UNLP

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Damian Loretti, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Daniel Sabsay, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Laura Giosa, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

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Claudio Martyniuk, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA

Carlos Arianna, Profesor Titular Consulto, Facultad de Derecho, UBA

Horacio Corti, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA, UNDAV y USAL

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Gabriel Ignacio Anitua, Profesor Titular en Derecho (UnPaz) (UBA)

Alejandro Slokar, Profesor Titular, Facultad de Derecho UBA y UNLP

Marcelo Alegre, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA

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Mariela Puga, Profesora Titular, Facultad de Ciencias Sociales, UNC

Laura Pautassi, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UBA

Andrés Gil Domínguez, Profesor, Facultad de Derecho, UBA

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Leonardo Filippini, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UBA

Julieta Rossi, Profesora, Facultad de Derecho, UBA

Silvina Zimerman, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UBA

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Natalia de la Torre, Profesora, Facultad de Derecho, UBA

Mauro Benente, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UBA

Diego Duquelsky, Profesor Regular UNPAZ, UNICEN, UBA

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Eduardo Raúl Hualpa, Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jurídicas, UNPSJB

Horacio Javier Etchichury, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UNC

Natalia Gherardi, Profesora, UBA y UNLP

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Sebastián Alejandro Rey, Profesor Adjunto, Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de José C. Paz

Francisco Verbic, Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP

Gilda Maltas, Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP

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Leticia Vita, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UBA

María Cecilia Corfield, Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP

Marcelo Sena, Profesor Adjunto Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y Asociado UNNOBA

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Martín Aldao, Docente, Facultad de Derecho, UBA

Adriana Micale, Profesora investigadora UBA Derecho, Profesora titular UBA Ciencias Sociales

Gustavo Arballo, Profesor Facultad de ciencias económicas y jurídicas, UNLPam

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Daniel Rafecas, Profesor adjunto regular, Facultad de Derecho, UBA

Diego Zysman Quirós, Profesor adjunto regular, Facultad de Derecho, UBA

Alejandro Rodolfo Cilleruelo, Profesor UNIE, UCJC (España) y docente investigador Facultad de Ciencias Jurídicas, USAL.

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Agustina Ramon Michel, Profesora, Universidad de Palermo

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POLITICA

García-Mansilla evalúa su futuro en la Corte en medio de las críticas de Lorenzetti y la presión del Gobierno

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En las últimas horas la situación de Manuel García-Mansilla como integrante de la Corte Suprema de la Nación quedo comprometida. Luego de que en la noche del jueves el Senado rechazara su pliego, al igual que el de Ariel Lijo, quedó impedido de intervenir en las causas que ya están en trámite en el máximo tribunal, de acuerdo a un fallo del juez Alejo Ramos Padilla.

El Gobierno, que impulsó su nombramiento, ahora presiona para que continúe en su cargo: García-Mansilla juró el 27 de febrero luego de un DNU del presidente Javier Milei. No obstante, este viernes Ricardo Lorenzetti lo cuestionó con dureza: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo el ministro de la Corte Suprema.

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Leé también: Ricardo Lorenzetti tomó distancia de García-Mansilla tras el rechazo del Senado al pliego

“El Senado opinó y eso es respetable -advirtió Lorenzetti-. Si uno analiza lo que se discutió ayer (en el Congreso), se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos (por García-Mansilla y Lijo) hubiera sido distinta”.

Ante este escenario -el rechazo del Senado, el fallo de Ramos Padilla, las críticas de Lorenzetti y el respaldo del Gobierno-, García-Mansilla evalúa por estas horas su futuro en la Corte Suprema. Y en los pasillos de Tribunales no descartan una eventual renuncia.

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Fuentes cercanas al juez nombrado en comisión por Milei aseguraron a TN que García-Mansilla “quiere validar su estatus, dado el juramento que le tomaron y la votación del Senado”. Por esa razón espera el respaldo de sus colegas, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aun cuando ya sabe que no cuenta con el de Lorenzetti.

Lo cierto es que la Corte Suprema no tiene función consultiva, es decir, no hay ningún mecanismo institucional previsto para que el máximo tribunal emita una opinión sobre este caso. Sobre todo, cuando hay una causa iniciada como la que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla, que analiza la inconstitucionalidad de los dos nombramientos en comisión.

Si García-Mansilla decide apelar el fallo de Ramos Padilla, la causa podría llegar a la Corte para una decisión final y es por eso que los jueces no pueden dar ninguna opinión por fuera de un expediente puntual.

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Frente a ese panorama, García-Mansilla debe decidir si declina la renuncia y se posiciona con la versión del Gobierno, que sostiene que el académico puede permanecer como integrante de la Corte Suprema hasta el final del actual período legislativo.

El fallo de Ramos Padilla que le impide a García-Mansilla firmar sentencias en la Corte

En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que la decisión del Senado cuestiona la legitimidad de García-Mansilla en su cargo en la Corte, por lo tanto, que todos los actos a los que suscriba como juez de la Corte “podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica. En definitiva, el dictado de sentencias, que luego podrían ser declaradas inválidas, podría resquebrajar el sistema judicial”.

El juez desestimó los argumentos de García-Mansilla en cuanto sostuvo que solo puede ser removido a través de un juicio político de su cargo y explicó que “lo que aquí se discute no es la remoción de un juez por otro juez, sino la legitimidad, constitucionalidad y alcances de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.

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“Este caso no se trata de un juez que remueve a otro, sino de un juez que ejercita su función de controlar la constitucionalidad de un acto del Poder Ejecutivo. Es incongruente presentar este control como un conflicto de competencias entre los tribunales, el Presidente o el Congreso”, advirtió al respecto Ramos Padilla.

“Por tratarse de un mecanismo que busca evadir la falta de acuerdo del Senado y forzar con los hechos la designación de las personas propuestas, el decreto 137/2025 produjo una afectación de la división de poderes, de la independencia e imparcialidad judicial y, en síntesis, del debido proceso constitucional”, destacó el fallo.

Producción periodística: Cindy Monzón.

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Manuel García-Mansilla, Corte Suprema

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Maximiliano Suescun: «El contexto general del sistema de salud es de una crisis inédita»

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El intendente de la municipalidad de RauchMaximiliano Suescun subrayó que la crisis sanitaria que atraviesa el país se refleja con especial intensidad en los municipios, donde la falta de recursos y la deuda de las obras sociales ponen en riesgo la continuidad de los servicios esenciales. «El sistema de salud está en una crisis inédita en muchísimo tiempo», afirmó.

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El intendente explicó que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), una de las principales obras sociales con afiliados entre los empleados municipales, docentes, policías y jubilados, mantiene una deuda significativa con el hospital de Rauch. Además, advirtió que las prestaciones médicas que realiza el municipio se pagan muy por debajo de su costo real, lo que agrava aún más la situación financiera del sistema de salud local.

«Atender a la gente nos cuesta mucho más de lo que recibimos en concepto de distintas prácticas», indicó Suescun. Como respuesta a esta problemática, el municipio implementó el cobro de atención en las guardias, aunque su impacto aún está por evaluarse.

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La crisis económica y la imposibilidad de muchas familias de sostener planes de salud privados han llevado a un incremento en la demanda del hospital público. «Lejos de relajarse, la ventanilla de atención social del hospital se vio absolutamente incrementada y colapsada», afirmó el intendente.

Este fenómeno no se limita al ámbito de la salud. Suescun también destacó que otras áreas como la educación y el deporte han sufrido una estatización forzada, ya que muchas personas dejaron de poder pagar actividades privadas y recurrieron a los servicios municipales. «Las escuelas deportivas, las escuelas culturales, el apoyo escolar y otros espacios municipales están recibiendo una demanda sin precedentes», sostuvo.

Para hacer frente a esta crisis sin comprometer el equilibrio fiscal, el municipio ha debido tomar decisiones difíciles. «Nosotros jamás vamos a festejar el campeonato del déficit cero porque eso no sirve para nada por sí solo, pero tener las cuentas ordenadas es la base de cualquier desarrollo serio», explicó.

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En este sentido, el intendente recordó que, en el pasado, debieron suspender cirugías programadas durante 90 días para reducir costos. «Si había que posponer algo que se podía posponer, lo hacíamos y se lo explicábamos a la gente, que entendió la situación», aseguró.

«Postergamos algunas obras, dejamos de hacer eventos musicales, pero garantizamos lo fundamental», explicó Suescun, quien también destacó la importancia de la red vial para la conectividad de las escuelas rurales y el acceso a los servicios de salud en las zonas alejadas.

Suescun también se refirió a las dificultades que enfrentan los municipios por la falta de recursos. «Los municipios atendemos el 80 por ciento de los problemas de la gente, pero solo decidimos el 8 por ciento del gasto público», señaló.

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Maximiliano, Suescun:,

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