Luego de casi nueve meses, el proceso de juicio político a la Corte Suprema que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación entra en su etapa final.

En la reunión de comisión de la semana pasada se dio por finalizada la etapa de recolección de prueba por mal desempeño contra los jueces del máximo tribunal por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

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De esta manera, el próximo miércoles comenzará con la formulación de cargos. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), convocó a las 15 a los diputados y diputadas para poner a disposición de los legisladores ese informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Además, la comisión convocó a esta reunión a nuevos invitados para continuar con la hipótesis “abuso de poder” centrado en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti. Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.

Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran. De esta manera, en la próxima reunión los diputados expondrán los cargos contra los magistrados.

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Sobre el tema de connivencia entre la Corte y el Gobierno porteño, el oficialismo dice que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el exministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro, realizados el 9 de noviembre de 2022 y el fallo que al mes siguiente, el 21 de diciembre, dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad.

En las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.

La semana pasada, el oficialismo buscó probar que el juez Rosenkrantz cometió abuso de poder al no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados exclientes de su estudio de abogados, antes de ser miembro del máximo tribunal. Se analizó su rol en 69 sentencias y se cuestionó que haya reclamado la regulación de honorarios a la Corte, cuando ya integraba el máximo tribunal, por $18.000 millones en un juicio en el que representó a la provincia de Santa Fe, por un reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.

Respecto al accionar de los magistrados en el Consejo de la Magistratura, los diputados consideran que “se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores”. Destacan “la asunción de manera irregular de la presidencia de la CSJN por parte de Rosatti” y la “manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas (Atribución de facultades legislativas)”.

El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FDT, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

En el pedido de juicio político, advirtieron sobre el riesgo de que haya un “gobierno de los jueces” y acusaron a los integrantes de la Corte de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado, afectando “seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.