El Gobierno nacional avanza con un polémico cambio en la Ley de Glaciares: lo hará por decreto y sin pasar por el Congreso. La medida apunta a reducir el alcance de las áreas protegidas para habilitar nuevas zonas de explotación minera e hidrocarburífera, una modificación que ya había sido incluida —y luego descartada— en la Ley Bases.

El equipo técnico de la Casa Rosada trabaja en una nueva reglamentación de la Ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. El objetivo, según fuentes oficiales, es “brindar seguridad jurídica a las inversiones” que hoy se ven frenadas por las restricciones ambientales.

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Entre los puntos principales, el Gobierno busca que la protección se limite a formaciones de hielo de al menos una hectárea, con una duración mínima de dos años, que cumplan funciones hídricas y estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares. Esto dejaría afuera una gran cantidad de zonas actualmente resguardadas.

Desde Balcarce 50 reconocen que hubo presión de sectores empresariales vinculados a la minería y a los hidrocarburos. También anticipan que se mantendrán los informes de impacto ambiental obligatorios y que las provincias ganarán poder para decidir sobre los territorios productivos.

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El rediseño está siendo encabezado por el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, con participación de la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti; el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y los equipos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo el mando de María Ibarzabal.

Aunque la iniciativa es nueva en su forma, ya fue parte del proyecto inicial de Ley Bases en 2024. En ese momento, el Ejecutivo intentó avanzar también sobre la Ley de Bosques, lo que derivó en un fuerte rechazo internacional.

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El 5 de febrero de 2024, cinco relatores de derechos humanos de la ONU enviaron una carta a la entonces canciller Diana Mondino donde advertían que la reforma era “regresiva” y que podía afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.

Esa presión internacional, sumada a la falta de votos, obligó al Gobierno a retirar el capítulo ambiental de la versión final de la ley. Pero ahora, con mayor respaldo de los gobernadores mineros y sin depender del Congreso, Milei busca avanzar por vía administrativa.

En paralelo, en Casa Rosada preparan nuevas medidas para atraer inversiones, en un contexto donde el Ejecutivo necesita mostrar señales de dinamismo económico y apertura de mercados.

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La elección en Misiones de este domingo fue otro hito en tendencias que se viene dando en los comicios adelantados provinciales. El primero: que hay un desinterés social por las elecciones que se traduce en baja participación. El segundo: que los oficialismos se imponen. La única excepción fue la ciudad de Buenos Aires.

En la tierra colorada votó apenas el 50% del padrón. El nivel es inferior al 59% que se registró en 2021 (con la pandemia aún activa) durante la votación similar a la del último domingo: renovación parcial de la Legislatura provincial. Está lejos del 70% que se dio en la elección para gobernador e intendentes en 2023 y del 78% del 2017, cuando las provinciales se hicieron en forma concomitante con las legislativas nacionales.

Pese a esas condiciones, el Frente Renovador de la Concordia logró sus tres objetivos básicos. Uno: ganó la elección. Dos: conservaría quórum propio y mayoría en la Legislatura, según los primeros datos oficiales. Es que la distribución de bancas lo dejaría con 6 ó 7 de los 20 lugares en pugna. Eso se definirá en el escrutinio definitivo y por aplicación del sistema D’Hont.

Estas bancas se agregarían a las 14 que conserva, a lo que habría que sumar el reacomodamiento político post asunción de cargos. Esto se traduce en la tercera de las metas: el mandatario Hugo Passalacqua no tendrá comprometida la gobernabilidad.

En la Renovación misionera evalúan que el resultado de las urnas es una victoria del proyecto provincialista por sobre los intentos de nacionalizar la puja electoral. Lo cierto es que, para presentar una cara renovada, tuvieron que apelar al “blend”, nombre que eligieron a fin de describir la combinación de referentes propios en las listas con personas ligadas al espectro libertario.

De igual manera, la fórmula sigue funcionando a pesar del desgaste que genera 25 años ininterrumpidos en el poder.

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El partido del presidente Javier Milei tildó una casilla de aprobado en Misiones. Se convirtió en la segunda fuerza de la provincia, hito que sólo había logrado la alianza Cambiemos/Juntos por el Cambio durante su efímera existencia.

Esto le permitirá ubicar representantes propios en la Legislatura. Serán entre 4 y 5. Antes de la votación, los referentes de LLA estimaban que podrían sacar 2 o 3 en una mala elección y 7 en una excelente. Estarían más cerca del techo que del piso.

El segundo lugar es también un triunfo político. El sello oficial ganó aun sin tener el color violeta en el cuarto oscuro. Es que todas las boletas en Misiones son blanco y negro. Con la premisa “(Diego) Hartfield es Milei”, lograron fidelizar el voto libertario y evitaron que se diluya entre segundas marcas. De allí la caída de Martín Arjol, el diputado nacional “radical con peluca” que armó una propuesta libertaria blue. Terminó afectado por el mismo virus que Ramiro Marra en Buenos Aires: entre el original y la copia, la gente elige el original.

Ahora, LLA misionera deberá prepararse para afrontar el aluvión de dirigencia que quedó huérfana y que buscará cobijo en el partido del Presidente. Las previsiones ya están hechas.

En el plano local, los principales referentes libertarios de la tierra colorada tienen un pliego de condiciones para abrir la puerta: que se pinten de violeta y se afilien a LLA y que vayan al último lugar de la cola.

En lo nacional, la decisión de dejar o no el paso abierto de cara a los comicios de octubre quedará en manos de la presidenta del partido, Karina Milei.

El Presidente dijo que su objetivo era pintar de violeta la Argentina. En Misiones dio varias pinceladas en ese sentido.

Sorpresas

La elección misionera trajo algunos datos que, al observador externo, le dejan la boca abierta.

Ramón Amarilla, un ex policía preso que hizo campaña con videos en redes sociales desde la cárcel logró ubicarse en el tercer lugar de la elección, con cerca del 20% de los votos. Esto le permitiría llegar a una banca en la Legislatura. Para que se concrete, habrá que aguardar que el Tribunal Electoral decida si le otorga o no el título de diputado.

Amarilla fue el líder de la revuelta policial de mayo de 2024 que puso en vilo al Gobierno provincial. Meses después, intentó encabezar una réplica, pero fue detenido y puesto en prisión preventiva.

Atraído por su figura, Miguel Núñez, un ex referente del PRO, lo motivó para encabezar la lista de su partido “Por la vida y los valores”. Como dato curioso, Amarilla se impuso en Cerro Azul. En esa pequeña localidad está ubicada la Unidad Penal VIII en la que está detenido.

Otro dato sorpresivo fue la elección que hizo Héctor “Cacho” Bárbaro con su Partido Agrario y Social. Exdiputado nacional del Frente de Todos entre 2019 y 2023, este dirigente rural, productor de yerba mate y tabaco, quedó ubicado en un cuarto lugar expectante que le permitirá lograr una banca y tal vez competir por otra.

Derrotas

En la cuenta de los fracasos de la jornada hay que listar a la aventura de Arjol. El “radical con peluca” pretendió subirse por el último vagón al tren violeta a través del Partido Libertario. Pero se quedó en el andén. El quinto lugar está lejos de los resultados que obtuvo como figura emergente en 2021, cuando ganó la elección legislativa nacional, e incluso en 2023 al encabezar como candidato a gobernador la propuesta de Juntos por el Cambio.

A la UCR oficial le fue peor. La alianza que realizó con lo que queda del PRO y la Coalición Cívica terminó incluso por detrás de Arjol. La confluencia, que se llamó “Unidos por el Futuro”, cayó en votos, prestigio y cantidad de bancas en comparación con JxC, la denominación con la que habían logrado los lugares en la Legislatura que ahora perdieron.

Al peronismo le fue incluso peor. Por decisión de Cristina Kirchner, el partido está intervenido. Los normalizadores sacaron el sello PJ del Frente Renovador. No querían quedar pegados con el acercamiento del FRC a la Casa Rosada, pero no lograron presentar lista provincial y terminaron apoyando a una alianza, Confluencia Popular, que quedó englobada en la categoría “otros” en el conteo. Los datos oficiales parciales lo ubican con menos de 1% de los votos.