POLITICA
El marino y su esposa rechazaron la denuncia de Laudelina de que atropellaron a Loan y lanzaron un desafío
GOYA, Corrientes (Enviado especial).- “Es incoherente”. Con esas dos palabras, María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, el matrimonio que fue denunciado por Laudelina Peña por haber atropellado, matado y ocultado el cuerpo de Loan, rechazaron la presentación que hizo en la madrugada del sábado la tía del niño cuya desaparición tiene en vilo al país. Además, lanzaron un desafío para dar por tierra con esa hipótesis cuando ya pasaron casi 18 días de la desaparición del pequeño de cinco años.
En diálogo con LA NACION, tras haberse reunido sábado y domingo con sus defendidos que están alojados en el Complejo Penitenciario III de Güemes, en Salta, el abogado Ernesto González afirmó: “Ellos me dicen que no lo atropellaron y que tanto el auto como la camioneta están a disposición para que se hagan las pericias que quieran”.
El viernes, a las 19, algo comenzó a cambiar. Laudelina Peña preparó un par de mudas de ropa que guardó en una mochila. Lo mismo hizo una de sus hijas. Luego buscó a su suegro que vive a una cuadra, lo dejó a cargo de sus dos hijos menores, se subió a un auto gris y partió hacia la capital correntina con su hija y su abogado. Horas más tarde, ante la justicia provincial, que ya no interviene en la causa, daría una versión 180 grados diferente: su sobrino había sido atropellado y ella amenazada.
“Victoria Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, fue una de las frases más fuertes que dijo la mujer mirando a una cámara y ante el Gustavo Robineau, titular de la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes.
La tía de Loan sumó: “Siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño. Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan. Victoria y Carlos [Pérez], estaban muy nerviosos y me dijeron que iban a llevarlo al hospital, pero no sé realmente qué pasó con el cuerpo”.
Se supo además que la declaración fue grabada, por lo que la transcribirán para luego enviarla de manera formal a la Justicia. La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas, cuando los investigadores confirmaron que se iban a realizar nuevos peritajes en los vehículos secuestrados de Caillava y Pérez, un Ford Ka rojo y una camioneta Ford Ranger blanca.
Hoy se conoció que en una de las ruedas de la camioneta de Pérez encontraron manchas rojas en una rueda y ahora serán analizadas para determinar si se trata de manchas hemáticas humanas.
“Ellos están más tranquilos”
González también contó cómo pasan sus días Pérez y Caillava en Salta y adelantó que esperan ser llamados por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, para prestar declaración indagatoria en la investigación que los tiene como los principales implicados en el delito de sustracción de menores con fines de trata.
“Los vi mucho más tranquilos, me comentaron que están mucho mejor que en Corrientes. Ahora cuentan con un alojamiento preparado para brindar la asistencia necesaria, en cuanto a comida, higiene y vestimenta. Carlos tuvo acceso a todos los medicamentos que necesitaba, para sus problemas de presión y de corazón”, detalló González a LA NACION.
Sobre la exfuncionaria municipal de Nueve de Julio, sumó: “Por otro lado, a María Victoria se la ve mucho más calmada y anímicamente estable para poder declarar. A diferencia de Carlos, ella pudo contar desde su detención en Goya con buena atención, comida, ropa e higiene”.
El letrado también explicó que, desde que fueron detenidos, el viernes 21 de junio, la pareja no tuvo contacto entre sí, salvo en los traslados o encuentros en sede judicial. “Si bien están en el mismo complejo penitenciario, se encuentran en dos pabellones diferentes. Están separados uno del otro, Carlos en el sector de masculinos y María Victoria en el femenino. No tienen contacto entre sí”, aclaró.
Semana clave
En tanto, este lunes comienza una semana que puede ser bisagra en la investigación, ya que De Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que conducen la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), insistirán ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, para que impute a Laudelina Peña por el delito de encubrimiento. La acusan de “plantar” un botín del niño en medio del monte, a 3 kilómetros de la casa de la abuela de Loan, prueba que sirvió, en su momento, para sostener que el niño supuestamente se había perdido.
La magistrada rechazó el primer pedido, al sostener que no había pruebas suficientes para ordenar la detención de la mujer que dejó Nueve de Julio y está refugiada en un lugar desconocido en la capital correntina.
“Los fiscales van a insistir con el pedido de detención de la tía de Loan. Los representantes del Ministerio Público tienen evidencias de que Laudelina Peña participó del plan criminal. Por ese motivo, pocas horas después de quedar a cargo de la investigación, solicitaron el allanamiento de su casa y el secuestro de su teléfono celular”, detallaron ayer a LA NACION fuentes con acceso al expediente.
Hoy, a primera hora, los fiscales podrían tener un adelanto del peritaje tecnológico que especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a hacer sobre los teléfonos celulares secuestrados en el expediente judicial, entre los que se encuentra el móvil de Laudelina Peña.
El peritaje está a cargo de personal de la División Pericias Telefónicas de la PFA. La apertura de los teléfonos celulares se hace por medio de lo que se denomina Universal Forensic Extraction Device (UFED) Premium, un soporte tecnológico que permite recuperar, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp borrados.
POLITICA
Se confirma la existencia de aportes descontados ilegalmente en gremio afín a Axel Kicillof
La crisis en la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad (APV) sigue profundizándose. Luego de la primera denuncia difundido por REALPOLITIK que exigía la intervención del gremio por irregularidades en su administración, ahora los exafiliados han decidido alzar la voz para confirmar un nuevo abuso: la retención ilegal de sus aportes sindicales, a pesar de haber renunciado al gremio hace meses.
Descuentos indebidos y malversación de fondos
Uno de los principales reclamos proviene de trabajadores que renunciaron a la APV a mediados de 2024, pero que hasta el día de hoy continúan sufriendo descuentos de 38 mil pesos mensuales en concepto de la mutual del gremio. Esta situación ha generado indignación y ha llevado a los afectados a publicar una solicitada en la que denuncian la grave irregularidad.
“Los sindicalistas lograron destruir un gremio artesanal”, expresaron en el documento. Asimismo, criticaron la forma en que la actual dirigencia ha manejado la estructura del sindicato: “Hicieron entrar a su gente y no a los que sostenemos la estructura gremial que tanto nos costó armar. Los administradores que pasaron dejaron a su gente y los viales tuvimos que mirar cómo nos usurparon nuestra querida casa”.
Posible acción judicial contra los administradores
Desde el grupo que representa a los trabajadores damnificados han manifestado que están evaluando acudir a la Justicia para denunciar a los administradores del gremio por el supuesto delito de malversación de cuota filiatoria. La retención indebida de los aportes, sumada a la falta de transparencia en la gestión de los fondos, refuerza el argumento de que la conducción de la APV ha incurrido en manejos irregulares que afectan tanto a afiliados como a exafiliados.
Este nuevo escándalo se suma a las múltiples denuncias previas sobre irregularidades en la conducción del gremio, como la falta de presentación de balances financieros y la presencia de funcionarios en la comisión directiva que no cumplen con los requisitos estatutarios. La actual administración, que mantiene estrechos vínculos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encuentra bajo una creciente presión para dar explicaciones sobre el manejo de los fondos y responder a los reclamos de los trabajadores afectados.
Un gremio en crisis
La APV atraviesa una de sus peores crisis institucionales. Con antecedentes de escándalos de corrupción, manejos irregulares y denuncias de persecución política, la situación parece haber llegado a un punto crítico. Mientras los exafiliados buscan recuperar el dinero que se les descuenta ilegalmente, la exigencia de intervención del gremio cobra cada vez más fuerza.
Los trabajadores afectados no descartan realizar nuevas acciones para visibilizar su reclamo y ejercer mayor presión sobre las autoridades correspondientes. Por ahora, la incertidumbre y la indignación siguen creciendo, mientras la conducción del gremio se mantiene en silencio ante las acusaciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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