POLITICA
El marino y su esposa rechazaron la denuncia de Laudelina de que atropellaron a Loan y lanzaron un desafío
GOYA, Corrientes (Enviado especial).- “Es incoherente”. Con esas dos palabras, María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, el matrimonio que fue denunciado por Laudelina Peña por haber atropellado, matado y ocultado el cuerpo de Loan, rechazaron la presentación que hizo en la madrugada del sábado la tía del niño cuya desaparición tiene en vilo al país. Además, lanzaron un desafío para dar por tierra con esa hipótesis cuando ya pasaron casi 18 días de la desaparición del pequeño de cinco años.
En diálogo con LA NACION, tras haberse reunido sábado y domingo con sus defendidos que están alojados en el Complejo Penitenciario III de Güemes, en Salta, el abogado Ernesto González afirmó: “Ellos me dicen que no lo atropellaron y que tanto el auto como la camioneta están a disposición para que se hagan las pericias que quieran”.
El viernes, a las 19, algo comenzó a cambiar. Laudelina Peña preparó un par de mudas de ropa que guardó en una mochila. Lo mismo hizo una de sus hijas. Luego buscó a su suegro que vive a una cuadra, lo dejó a cargo de sus dos hijos menores, se subió a un auto gris y partió hacia la capital correntina con su hija y su abogado. Horas más tarde, ante la justicia provincial, que ya no interviene en la causa, daría una versión 180 grados diferente: su sobrino había sido atropellado y ella amenazada.
“Victoria Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, fue una de las frases más fuertes que dijo la mujer mirando a una cámara y ante el Gustavo Robineau, titular de la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes.
La tía de Loan sumó: “Siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño. Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan. Victoria y Carlos [Pérez], estaban muy nerviosos y me dijeron que iban a llevarlo al hospital, pero no sé realmente qué pasó con el cuerpo”.
Se supo además que la declaración fue grabada, por lo que la transcribirán para luego enviarla de manera formal a la Justicia. La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas, cuando los investigadores confirmaron que se iban a realizar nuevos peritajes en los vehículos secuestrados de Caillava y Pérez, un Ford Ka rojo y una camioneta Ford Ranger blanca.
Hoy se conoció que en una de las ruedas de la camioneta de Pérez encontraron manchas rojas en una rueda y ahora serán analizadas para determinar si se trata de manchas hemáticas humanas.
“Ellos están más tranquilos”
González también contó cómo pasan sus días Pérez y Caillava en Salta y adelantó que esperan ser llamados por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, para prestar declaración indagatoria en la investigación que los tiene como los principales implicados en el delito de sustracción de menores con fines de trata.
“Los vi mucho más tranquilos, me comentaron que están mucho mejor que en Corrientes. Ahora cuentan con un alojamiento preparado para brindar la asistencia necesaria, en cuanto a comida, higiene y vestimenta. Carlos tuvo acceso a todos los medicamentos que necesitaba, para sus problemas de presión y de corazón”, detalló González a LA NACION.
Sobre la exfuncionaria municipal de Nueve de Julio, sumó: “Por otro lado, a María Victoria se la ve mucho más calmada y anímicamente estable para poder declarar. A diferencia de Carlos, ella pudo contar desde su detención en Goya con buena atención, comida, ropa e higiene”.
El letrado también explicó que, desde que fueron detenidos, el viernes 21 de junio, la pareja no tuvo contacto entre sí, salvo en los traslados o encuentros en sede judicial. “Si bien están en el mismo complejo penitenciario, se encuentran en dos pabellones diferentes. Están separados uno del otro, Carlos en el sector de masculinos y María Victoria en el femenino. No tienen contacto entre sí”, aclaró.
Semana clave
En tanto, este lunes comienza una semana que puede ser bisagra en la investigación, ya que De Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que conducen la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), insistirán ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, para que impute a Laudelina Peña por el delito de encubrimiento. La acusan de “plantar” un botín del niño en medio del monte, a 3 kilómetros de la casa de la abuela de Loan, prueba que sirvió, en su momento, para sostener que el niño supuestamente se había perdido.
La magistrada rechazó el primer pedido, al sostener que no había pruebas suficientes para ordenar la detención de la mujer que dejó Nueve de Julio y está refugiada en un lugar desconocido en la capital correntina.
“Los fiscales van a insistir con el pedido de detención de la tía de Loan. Los representantes del Ministerio Público tienen evidencias de que Laudelina Peña participó del plan criminal. Por ese motivo, pocas horas después de quedar a cargo de la investigación, solicitaron el allanamiento de su casa y el secuestro de su teléfono celular”, detallaron ayer a LA NACION fuentes con acceso al expediente.
Hoy, a primera hora, los fiscales podrían tener un adelanto del peritaje tecnológico que especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a hacer sobre los teléfonos celulares secuestrados en el expediente judicial, entre los que se encuentra el móvil de Laudelina Peña.
El peritaje está a cargo de personal de la División Pericias Telefónicas de la PFA. La apertura de los teléfonos celulares se hace por medio de lo que se denomina Universal Forensic Extraction Device (UFED) Premium, un soporte tecnológico que permite recuperar, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp borrados.
POLITICA
Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron a REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por este medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
Jorge D’Onofrio y Federico Achával.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Achával, en el ojo de la tormenta
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
Mientras los medios de Pilar intentan navegar entre las presiones oficiales y la posibilidad de exponer un escándalo mayor, la opinión pública sigue demandando transparencia y respuestas. En ese terreno, el silencio no será suficiente para tapar el ruido de un caso que amenaza con arrastrar a varios pesos pesados de la política bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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