GOYA, Corrientes (enviado especial). El caso de Loan Peña, desaparecido hace 20 días, comienza a provocar una crisis política en el gobierno de Corrientes. La negligencia con la que actuó el fiscal provincial Juan Carlos Castillo durante las primeras dos semanas y la complicidad de la policía empezaron a generar, con cierto retardo, consecuencias políticas para el gobierno de Gustavo Valdés, un gobernador que tuvo un rol pasivo frente al caso, y cuando intervino decidió elegir un punto polémico, como cuando el sábado pasado salió a celebrar la declaración de la tía del chico, Laudelina Peña, que pocos acreditan como cierta a esta altura de la investigación.

Este martes, un grupo de diputados provinciales pidió la destitución de los ministros de Seguridad, Buenaventura Duarte, y de Justicia, Juan José López Desimoni, responsables de las dos áreas más cuestionadas de la administración correntina en su actuación en este caso, como son la justicia provincial y la policía.

En el gobierno nacional miran con desconfianza y empieza a surgir un halo de enojo contra Valdés, como publicó LA NACION, sobre todo con la actuación de la Justicia provincial en los primeros días en que el niño estaba desaparecido. El caso no se resuelve, no hay rastros de Loan y nadie está dispuesto en el Poder Ejecutivo correntino a afrontar las consecuencias. Eso es lo que fastidia al gobierno de Javier Milei.

“Nueve de Julio parece que queda muy lejos de la capital correntina”, ironizan en Goya, donde la marcha de los jueves pasó para el viernes, un día en el que pretenden que sea más multitudinaria, ante el aumento del malhumor social frente a los pocos avances en este caso.

La actitud del gobernador cuando salió a celebrar la declaración de Laudelina deja al descubierto el escaso compromiso del jefe del Poder Ejecutivo local con el caso. Quedó en claro que no contaba con información selectiva sobre la trama, porque de lo contrario no hubiese salido a decir que el testimonio de la tía de Loan iba a ser relevante en el esclarecimiento del caso.

Los abogados de la querella, incluso, manifestaron que Laudelina sembró pruebas falsas por segunda vez. La primera, cuando dijo haber encontrado el botín del niño que todos buscaban. Y la segunda, cuando ante un fiscal ajeno a la causa afirmó, el sábado a la madrugada, que Loan había sido atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez.

Pero, además, el gobierno correntino trató de correrse de otro escándalo: el supuesto encubrimiento que protagonizó el comisario de Nueve de Julio Walter Maciel, actualmente preso en el penal federal de Salta. El ministro de Seguridad Buenaventura Duarte no dio explicaciones hasta ahora ni tampoco tomó medidas en el interior de la fuerza provincial. El papel de Maciel quedó como un caso aislado.

Hace una semana, los diputados y senadores provinciales se reunieron con Duarte; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, López Desimoni, y el jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Arnaldo Molina. López Desimoni les planteó que le preocupaba que “se cuestionen las instituciones, como la policía y los fiscales”. La advertencia del ministro tenía que ver con las críticas que empezaban a surgir en los medios nacionales.

Una semana después, cuando el caso transita por una nebulosa preocupante, sin que se sepa nada de Loan ni aparezcan pistas firmes sobre cómo se produjo su desaparición el 13 de junio en el campo de su abuela Catalina Peña, los legisladores de Unión por la Patria (UxP) exigieron la destitución de los ministros Duarte y López Desimoni.

El pedido fue presentado por los diputados peronistas César Lezcano, Germán Braillard, Belén Martino, Marlén Gauna y Adriana Vidal Domínguez. Recién ahora la oposición a Valdés logró en el ámbito parlamentario avanzar sobre las eventuales responsabilidades políticas del caso Loan.

Culpas cruzadas

El silencio es la respuesta elegida por los distintos poderes en Corrientes. Uno de los responsables máximos en este caso, el fiscal general César Sotelo, evitó hacer una autocrítica sobre el rol de Castillo –un expolicía que llegó a fiscal, que estuvo al frente de la causa hasta que pasó al fuero federal cuando las pruebas recogidas hasta ese momento apuntaban a que el caso debía ser investigado como un presunto delito de trata de personas.

Sotelo descargó todas las culpas en el policía Maciel, que ahora está preso en el penal federal de Salta, acusado de encubrimiento en el caso Loan. En la única conferencia de prensa que dio el 25 de junio pasado, cuando el caso cambió de jurisdicción, Sotelo admitió que “al principio se buscó como un chico perdido” y que “ningún funcionario iba a pensar que la situación iba a cambiar completamente”.

El jefe de los fiscales reconoció así que la única hipótesis que tenía la pesquisa en el fuero provincial era que Loan se había perdido en el naranjal del campo de la abuela Catalina Peña, como afirmó el entorno familiar, que a lo largo de la investigación se determinó que mintió de manera permanente.

Esto llevó a que actualmente los investigadores de la Policía Federal trabajen sin ninguna hipótesis firme sobre la desaparición de Loan Peña. No es porque no existan, sino porque sobran ante la mala praxis del primer tramo de la pesquisa, en manos del fiscal Castillo.

Un día después de que se denunciara la desaparición del niño, agentes de la plana mayor de la Policía Federal se comunicaron con el fiscal Castillo para brindar su “ayuda” y “colaboración” en la investigación, pero el funcionario dijo que “no era necesario”, según confirmaron a LA NACION fuentes de esa fuerza de seguridad. La única hipótesis que mantenía Castillo, de acuerdo a lo que le transmitió a un jefe de la fuerza de seguridad nacional, era que Loan se había perdido en el monte. Fue lo que de alguna manera también reconoció Sotelo.