La Libertad Avanza se encuentra inmerso en un intenso cronograma de debates y negociaciones con los denominados bloques dialoguistas –entre ellos, el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal–, mientras se esfuerza en recomponer su unidad interna. 

Esta semana, la necesidad de obtener resultados parlamentarios se vio atravesada por la fuerte disputa interna que incluyó la salida de Oscar Zago de la presidencia del bloque, la creación de uno nuevo (MID) encabezado por el mismo, y su reemplazo en el oficialista por el cordobés Gabriel Bornoroni, un empresario con fuerte respaldo político del titular de la Cámara Baja, Martín Menem y de la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.

Según trascendió, el nuevo borrador de la Ley de Bases, que se transformará en dictamen tras su tratamiento en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, contendrá una propuesta de reforma laboral presentada por la UCR.

Fue el diputado Rodrigo de Loredo, junto a sus colegas Soledad Carrizo, Alfredo Vallejos, Alejandro Cacace y los senadores Eduardo Vischi y Pablo Blanco, quien cerró su propuesta ante el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. 

“Creemos que la reforma laboral, entre todas las reformas, es la más importante que necesita el país. Que además se diseñó mal y está trunca (por lo dispuesto en el DNU 70/2023, cuestionado en ámbitos gremiales y judiciales), insistimos en que es la oportunidad en el tratamiento de la nueva Ley Bases que se incorpore el texto en la misma y salga la reforma laboral por ley”, señaló el jefe de la bancada radical.

Entre otras cosas, el capítulo propone una reducción de la carga fiscal sobre el empleo, la eliminación de las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical, declarar la educación como servicio estratégico esencial, la reducción de la litigiosidad derogando artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual buscando disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización. 

Asimismo, la reforma busca un mecanismo sustitutivo de indemnización, la protección contra el despido por discriminación por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política. También la creación de un registro laboral y extender a seis meses el periodo de prueba.

Por su parte, la senadora del Pro, Carmen Álvarez Rivero, quien asumió la presidencia de la comisión de Trabajo del Senado, expresó que “la reforma laboral es un tema en el que hay un amplio consenso, sin importar la bandera política”. Y enfatizó: “No existen objeciones en cuanto a que se debe promover el trabajo formal y tenemos que poner un fin a la industria del juicio”.

La estrategia del oficialismo apunta a que la Ley Ómnibus y el acuerdo fiscal lleguen al Senado el próximo mes, tras su tratamiento en Diputados. Para ello, se están llevando a cabo reuniones con diferentes senadores, incluidos sectores de la oposición, con el objetivo de lograr consensos.

Por otro lado, la oposición, representada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, continúa su marcha hacia la construcción de mayorías para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en la Cámara de Diputados. Para conseguirlo, necesitan al menos 129 diputados para rechazar el DNU en una sesión especial, y la oposición está trabajando en sumar apoyos.