El presidente Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y planea convocar a sesiones extraordinarias en diciembre para tratarlo. Junto a esta iniciativa, presentará una reforma al financiamiento de los partidos políticos, aunque decidió dividir estas propuestas en dos proyectos para facilitar su tratamiento legislativo.

Desde la Casa Rosada aseguraron haber iniciado negociaciones con sectores del peronismo para lograr apoyo a la eliminación de las PASO. Según fuentes del Ejecutivo, el proyecto incluye modificaciones al marco legal que regula los debates presidenciales y propone eliminar los espacios de publicidad electoral gratuitos y los aportes extraordinarios del Estado durante las campañas. “Lo queremos impulsar de la forma que sea”, expresó un funcionario cercano a Milei.

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La reforma al financiamiento político plantea cambios significativos. Por un lado, se mantendrá el Fondo Partidario Permanente, actualmente de $2930 millones, pero se propone aumentar el límite de los aportes privados de $40 millones a $300 millones por persona jurídica. Además, busca eliminar el tope de gastos de campaña para los partidos políticos. También se incluirán sanciones más severas por irregularidades en el manejo de fondos y la prohibición de aportes de personas procesadas o vinculadas al lavado de activos.

Otra de las modificaciones apunta a reorganizar la estructura de los partidos políticos. Se elevará de 2% a 3% el piso de votos necesario en elecciones previas para mantener el estatus partidario, y se incrementará de 5 a 10 los distritos donde un partido debe tener representación para calificar como nacional. El proyecto busca reducir los 49 partidos nacionales y 733 distritales actuales, exigiendo un mínimo de 35.000 afiliados para cada organización.

Por último, el Ejecutivo planea extender la aplicación de delitos electorales a las internas partidarias y permitirá que los partidos soliciten veedores judiciales. También propone que las agrupaciones políticas puedan depositar sus fondos en bancos privados y digitalizar el proceso de afiliación. Estas reformas, según el Gobierno, buscan fortalecer la transparencia y modernización del sistema político argentino.