En una iniciativa que ya genera debate en el Congreso, la diputada Roxana Monzón, junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y la vicepresidenta Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el 21 de abril de cada año en homenaje al Papa Francisco. La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 50 legisladores de distintos espacios políticos, lleva el número de expediente 1751-D-2025 y plantea instituir la fecha como el «Paso a la Inmortalidad del Papa Francisco».

El proyecto busca conmemorar el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa argentino y latinoamericano, destacando su figura como un referente mundial de paz, humildad y compromiso social. En los fundamentos de la iniciativa, los autores destacan el legado de Francisco tras doce años de pontificado, caracterizado por una fuerte impronta pastoral y una transformación profunda en la Iglesia Católica.

«Desde su elección, imprimió un liderazgo distintivo, basado en la cercanía con los más humildes y en una apuesta decidida por una humanidad más justa e inclusiva», señala el texto presentado por Monzón. Además, resalta la proyección global de sus mensajes, que trascendieron las fronteras religiosas y posicionaron a Francisco como un faro ético en tiempos de crisis y desigualdad.

La propuesta de declarar un feriado nacional busca, según explicaron sus impulsores, no solo recordar a Francisco en el aniversario de su muerte, sino también invitar a la reflexión sobre los valores de solidaridad, justicia y paz que promovió a lo largo de su vida.

????️ Presenté junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, @gerpmartinez, la vicepresidenta @ceciliamoreauok, y acompañada por más de 50 diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, un proyecto de ley (1751-D-2025) para declarar feriado el día 21 de abril de cada… pic.twitter.com/eR3h50FbmX

— Roxana Monzon (@Roxy_Monzon) April 26, 2025

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Sin embargo, la idea no está exenta de controversias. Mientras algunos sectores destacan la intención de rendir homenaje a una figura histórica de alcance global, otros ya expresaron reparos respecto a la proliferación de feriados y la necesidad de priorizar debates legislativos más urgentes en un contexto económico y social delicado.

“Declárase abierto el acto”, anunció León Carlos Arslanian, que presidía el tribunal el lunes 22 de abril de 1985. El juicio a las juntas militares había empezado. “Nunca sentí tanta incertidumbre en mi vida como el fin de semana previo”, cuenta hoy Ricardo Gil Lavedra, que esa mañana de abril de hace 40 años, con anteojos grandes y bigotes largos, estaba sentado en el estrado a dos sillas de Arslanian frente a una sala de audiencias repleta.

La Policía había mandado a tapiar los gigantescos vitraux de atrás del estrado por miedo a que hubiera francotiradores al otro lado de la calle Uruguay, pero había muchas otras amenazas y los jueces lo tenían claro.

Ahora, cuando se cumplen cuatro décadas del inicio de aquel juicio histórico, reunió a Arslanian, Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz en esa misma sala en la que ellos, con Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio, fallecidos, llevaron adelante el juicio. Implementaron sobre la marcha un proceso inédito, escucharon los testimonios más aberrantes, resistieron amenazas y discutieron entre ellos hasta el hartazgo para obtener una condena sin precedentes a las cúpulas de la dictadura que hasta poco tiempo antes concentraban el poder. Y todo en tiempo récord.

La sala, revestida íntegramente en madera oscura, ya no se usa para juicios y se conserva casi sin cambios. Los mismos bancos, escritorios, sillones de los jueces. “Creo que han sacado el crucifijo que estaba arriba de donde dice ‘Afianzar la Justicia”, señala Valerga Aráoz. “Y acá esta silla no iba”, dice Ledesma, que, sobre el estrado que domina la sala, empuja uno de los sillones de los jueces para recrear un escenario idéntico al de hace 40 años. Los muebles pesan como si fueran de piedra maciza.

“Los sillones son tan grandes que teníamos abajo un banquito para los pies”, cuenta Gil Lavedra. “Ahora nos vienen bien”, le contestan por lo bajo y todos se ríen. “Es que antes los jueces eran gigaaaaaantes”, dice Arslanian.

Pero el lugar que los excamaristas sienten realmente como su casa, es otro: una sala lateral, con acceso al estrado, que tiene solo una gran mesa decagonal y paredes cubiertas de libros; muchos ahí desde antes de 1985.

“Esta era nuestra cocina. Donde se discutía todo -dice Valerga Aráoz-. Acá pasábamos días enteros”. Fueron, en total, 14 meses de convivencia desde que empezaron a planear cómo sería el proceso. Los jueces se juramentaron la transparencia sería total; que todo se resolvería entre esas cuatro paredes y que hablarían con los demás sobre cualquier llamada, pedido o advertencia del exterior. “Era imposible hacer una empresa de esta envergadura si vos no confiás ciegamente en el otro”, dice Gil Lavedra.

A diferencia del estrado, donde iban rotando según quién tuviera la presidencia, en la mesa de la sala de audiencias tenían asientos fijos. “¿Te das cuenta? Nos sentamos cada uno en su lugar”, dice Arslanian mientras se acomodan en torno a la mesa. Nadie duda cuál era la silla propia, pero discuten sobre dónde estaban los demás. Otra vez les sobra una silla. “Está bien. Acá se sentaba el secretario cuando venía a informarnos”, zanja el debate Gil Lavedra. La dinámica de la discusión sobre detalles de los recuerdos es siempre bastante parecida: debaten un buen rato, llegan a un acuerdo y no discuten más, pero alguno sigue pensando que no fue así.

“Creo que en el juicio nunca hubo una disidencia”, recuerda Valerga Aráoz. Una disidencia formal, porque discusiones hubo infinidad, pero el que no estaba de acuerdo terminaba cediendo en función de la mayoría. Hoy son conscientes de que hicieron juntos la mayor proeza de sus vidas y si ya entonces se ofrecían confianza total, ahora se sienten hermanos.

Arslanian se reclina en su silla y levanta la cabeza. “Tirábamos los papeles hechos un bollo, los borradores, a la lámpara que colgaba del techo, que era como una palangana”, cuenta. “Eran nuestros escapes para distendernos… Al que no le gustaban nada las bromas era a Andrés”, recuerda Gil Lavedra.

Y Ledesma agrega en tono de confesión: “A mí, las relaciones con D’Alessio me costaban…”. Ellos dos eran los más discutidores. Venían de una misma sala porque para el juicio se juntaron las dos salas de la cámara, de tres jueces cada una. El tercer juez de la Sala II, con D’Alessio y Ledesma, era Valerga Aráoz, que, según Arslanian, compensaba porque era “una especie de monje conciliador”.

“Pero, ¿quién resolvió el tema cuando casi se agarran a piñas?… el malo de Ledesma”, dice el propio Ledesma, provocador. El cruce fue entre D’Alessio y Gil Lavedra, en el principio del juicio.

Fue un día en el que José María Olgeira, el abogado de Roberto Viola, se peleó en plena audiencia con Augusto Conte Mac Donell, padre de un joven desaparecido que estaba en el público. Arslanian, que presidía, ordenó detener al abogado y los jueces se retiraron a la sala de acuerdos. “Teníamos un tipo detenido. A los cinco minutos nos llegaban habeas corpus pidiendo por él, los otros abogados estaban como locos y discutíamos porque no teníamos idea de cómo salir –relata Gil Lavedra-. El que puso calma fue el Negro, que empezó a escribir una solución y nos fuimos serenando.”

Esos primeros días era vital para ellos demostrar que el juicio no se les iba a ir de las manos.

“Los encargados de ejecutar el plan criminal y tenían el poder de mando seguían en los cuarteles. Eran los mismos tipos que habían secuestrado, torturado… El riesgo era muy grande. De hecho, las circunstancias nos dieron la razón. Apareció Semana Santa [por el levantamiento militar de 1987]…”, dice Arslanian. “Por eso, no podíamos aplicar la matriz y los tiempos de la justicia federal porque el juicio iba a languidecer”. Para cumplir su cronograma, los jueces hacían audiencias hasta las 3 de la mañana si era necesario.

Cuando empezó el proceso, Arslanian les dijo una frase que recuerdan siempre. “Que teníamos que actuar como un trueno entre las hojas. Trataba de infundirnos, a mí mismo y a mis queridos compañeros, la fuerza, la convicción.”

El clima era muy adverso. Incluso los jueces amigos les trasmitían desconfianza. “A mí me vino a ver el presidente de la Corte Suprema, José Severo Caballero –dice Arslanian-. Me dijo: ‘No sé si es el momento, piensen, esto es muy difícil… Puede ser una suspensión, alguna nulidad, algo que, digamos, ponga paños fríos’. Como diciéndonos que no se hiciera el juicio”. Valerga Aráoz asiente: “A mí me dijo lo mismo en una quinta, delante de otra gente”.

Gil Lavedra añade que al principio tampoco contaban con un gran apoyo social. “Se fue gestando a medida que se fue conociendo la verdad. La enorme mayoría de la población desconocía lo ocurrido. El velo se empezó a correr con el informe de la Conadep y con el juicio. Cuando empezaron los testimonios de las víctimas no había nada que discutir. Ahí estaba la verdad”, relata. Torturas, violaciones, secuestros, asesinatos. Fueron más de 800 testigos.

Ledesma dice que incluso él se enteró en plena audiencia de “muchas cosas que eran subterráneas”. Y dice: “Yo pensé que algo había, pero no pensé que llegaban a este grado… tan aberrante”. En cuanto a los acusados, recuerda que no mostraron el menor rastro de arrepentimiento: “Soberbia total”.

Los excamaristas destacan el rol del expresidente Raúl Alfonsín como el “padre” del juicio y de la Conadep, comisión de notables creada por él para reunir las denuncias, como la base del proceso. “Sin la Conadep este juicio no se hacía porque juntó la prueba, y después Julio la extrajo de ahí”. Julio es Strassera, el fiscal del juicio, a quien los camaristas le reconocen un enorme mérito. Junto con Luis Moreno Ocampo, su fiscal adjunto, eligieron los “casos paradigmáticos” que presentaron al tribunal y promovieron las condenas.

“La Conadep fue la primera comisión de la verdad del mundo. Hacer lo que hizo, en nueve meses, fue extraordinario”, dice Gil Lavedra. Recuerda que los defensores se quejaban y decían el trabajo de la Conadep era prueba que no habían podido controlar, pero se esmera en aclarar que la sentencia se basó en testimonios que se escucharon todos en el juicio.

La sentencia fue por 709 casos. El juicio duró siete meses y medio. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua. También se condenó a Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, que perdieron además su rango militar. Los otros cuatro acusados fueron absueltos (Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo).

En 1986, poco después del juicio, empezaron los movimientos militares y el Congreso sancionó en 1987 la ley de Obediencia Debida, que la Corte convalidó. En ese momento, ellos empezaban a juzgar los crímenes del I Cuerpo de Ejército y de la ESMA. Los dos procesos se cerraron.

Los cuatro jueces destacan hoy, como uno de los méritos del juicio que llevaron adelante, que ya no se discuten los crímenes aberrantes de la dictadura. Sí tienen algunas diferencias en sus miradas de lo que vino después.

Gil Lavedra dice: “Hoy hay una corriente que no llega a ser negacionista, porque nadie discute que los hechos ocurrieron, pero sí pretende quitarles su verdadera importancia y poner de resalto los delitos de las organizaciones armadas en la década del 70, que nadie discute que fueron gravísimos y tendrían que haber sido juzgados. Fue el plan criminal lo que evitó que eso sucediera”. Y, más explícito, afirma: “El último video del 24 de marzo [difundido por el Gobierno] reproduce la línea de defensa que tenían los excomandantes”.

Ledesma está convencido de que a Milei “no le importa nada el tema [de los derechos humanos]”. Y afirma: “Yo quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con los juicios seguidos después de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, reabiertos durante el kirchnerismo, y dice que en esos procesos “se cometieron infinidad de prevaricatos y se pusieron unas penas enormes”.

“Yo en lo que sí estoy de acuerdo es en que se investiguen los hechos de la subversión –dice Valerga Aráoz-. Era la opinión de Alfonsín, que también había ordenado la investigación de las organizaciones subversivas y así se condenó a prisión perpetua a Firmenich y a otros más.” Mario Firmenich fue indultado por Carlos Menem, que lo mismo hizo con los condenados en el Juicio a las Juntas.

Los excamaristas conocen las diferencias de sus miradas sobre cómo evolucionaron los procesos sobre los crímenes de los ’70. “Tampoco discrepamos tanto”, dice Gil Lavedra.

En cuanto a la actualidad coinciden, con sus matices, en cuestionar las designaciones en la Corte por decreto y en criticar el funcionamiento de gran parte de la Justicia.

Poco después del Juicio a las Juntas, los cuatro dejaron los tribunales y desde entonces ejercen como abogados. Por sus estudios pasaron como clientes –y siguen pasando- personajes de la vida pública y grandes empresarios. Arslanian, peronista, y Gil Lavedra, radical, fueron además ministros de distintos gobiernos. Gil Lavedra fue también diputado y hoy preside el Colegio Público de la Abogacía de la Capital. Los cuatro siguen conociendo de primera mano el funcionamiento de los tribunales.

“Se ha ido produciendo una relación promiscua entre el Poder Judicial y el poder político –dice Arslanian-. Desde hace mucho tiempo se ha invadido a la Justicia y se la va debilitando. Se van generando puentes de unión complejas”.

Gil Lavedra asiente: “No solo los poderes políticos, sino también los económicos. Y hay una muy fuerte desconfianza pública sobre la imparcialidad de los jueces. Es muy importante recuperar esa confianza. Celebro en este sentido que en materia penal se esté avanzando con el sistema acusatorio”.

“La Justicia no respeta principios fundamentales. Tiene códigos para cada causa. La Justicia actual no es Justicia”, sentencia Ledesma. En este grupo cada uno tiene un rol y “El Negro” es siempre el más terminante. Los demás lo escuchan y sonríen. Después de 40 años no podrían conocerse mejor.