POLITICA
El PAMI, epicentro de internas libertarias, bajo sospecha por un negocio millonario para distribuir pañales

En los días previos a la Semana Santa, el PAMI publicó en el Boletín Oficial un concurso público que, a pesar de no haber captado la atención del gran público, implica una reconfiguración del negocio alrededor del tercer contrato más importante de la entidad: la provisión de pañales para adultos, después de los de medicamentos e internación.
El proceso tuvo su ganador la semana pasada. El 7 de mayo, Urbano Express SA resultó vencedor del concurso y comenzará a distribuir a todo el país.
Cuando se hizo el llamado, el documento solicitó a las empresas a presentar propuestas para el servicio de distribución domiciliaria de pañales por un período de 36 meses y un presupuesto total de $466.554 millones. Lo novedoso no fue solo el monto sino que implica una modificación completa del sistema de los últimos 15 años aproximadamente, y las condiciones de su convocatoria. Los oferentes tuvieron menos de una semana -hasta el viernes posterior al feriado largo- para presentar propuestas a una licitación que normalmente requeriría al menos un mes de preparación.
Durante la apertura de sobres, realizada a fines de abril, solo una firma se presentó: Transporte Urbano, una compañía vinculada al Grupo Román (operador del Puerto de Buenos Aires) y al Grupo Clarín, ambos socios en negocios de logística social.
“Fuimos cuatro empresas a la apertura, pero solo ellos presentaron oferta. Nadie más pudo llegar con la documentación que pedían en tan pocos días”, relató una fuente. Fue el 25 de abril, y se presentaron también Lenterdit, Italpañal y Hisan SA, todas ya proveedoras de PAMI, aunque ninguna realizó una oferta formal. Lo curioso es que asistieron tres pañaleras, que finalmente no participaron, y una sola transportista.
El PAMI resultó, en las últimas semanas, ser un centro de gravitación de la interna libertaria. En parte se debe a que la administración central está bajo control de Santiago Caputo y Mario Lugones (ministro de Salud y padre del socio del asesor presidencial, Rodrigo Lugones), mientras que las delegaciones locales están en cabeza de los “territoriales” del oficialismo, que responden a los armados de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Hace tan solo algunos días surgieron denuncias en oficinas de todo el país (y, en particular, una fuerte en Misiones contra Adrián Núñez, armador de La Libertad Avanza), porque los titulares de las delegaciones habrían pedido diezmos a los trabajadores para financiar a los partidos provinciales y municipales. Esto sucedió en La Pampa, Santa Cruz y partidos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
El titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es Esteban Leguizamo, que fue además funcionario en la gestión de la camporista Luana Volnovich (y por casi dos décadas más), durante la cual fue denunciado por Luis Petri, ahora ministro de Defensa, y Graciela Ocaña, por formar parte de la organización interna que otorgaba subsidios a centros de jubilados que eran, según los autores del escrito, bastiones de La Cámpora.
Como contó , el PAMI también fue centro de polémica (y está siendo investigado en Comodoro Py) por alquilar, desde hace siete meses, por un monto multimillonario, un edificio que apenas comenzó a usar parcialmente semanas atrás.
Se trata de varios pisos en Reconquista 46, por unos US$2 millones, a un empresario ligado al oficialismo. El arreglo incluyó hasta una comisión inmobiliaria para una socia del ganador, Marcelo Pocovi, cuyo hijo milita en La Libertad Avanza. Esas oficinas habían sido utilizadas por el oficialismo para hacer campaña en reiteradas oportunidades.
Desde 2010, los pañales que distribuye PAMI a unos 200.000 afiliados se entregan mediante un sistema que involucraba a fabricantes, droguerías y más de 6000 farmacias en todo el país. El nuevo sistema, sin embargo, busca desplazar este modelo por un esquema de entrega domiciliaria a cargo de una empresa de transporte.
Entre los requerimientos de la licitación se incluía una póliza de caución por 25.000 millones de pesos, la obligación de contar con galpones logísticos (aunque solo se mencionaban requerimientos en Buenos Aires) y la presentación de un sistema de trazabilidad para saber dónde está cada paquete en cada momento del proceso.
También se exigía que las muestras de los productos fueran entregadas, aunque ese día no se permitió a los presentes verificar su contenido. De acuerdo a fuentes presentes en el momento, las muestras estaban en bolsas negras. Nadie pudo verlas, aunque el expediente estaba a la vista sobre la mesa.
Urbano Express, la empresa que ganó el concurso, no se encargará directamente de la fabricación de los pañales, sino que tercerizaría ese aspecto con al menos dos empresas ya conocidas por el PAMI: Nochísimo y Liberty.
El nuevo esquema implicará un aumento del costo mensual para el PAMI: de los actuales $9.000 a $10.000 millones de pesos, pasará a $12.000 millones. Según las condiciones técnicas, los productos exigidos en la licitación serán más livianos: el modelo básico pasará de pesar 75 gramos a unos 50 gramos. Esa disminución no necesariamente implica menor capacidad de absorción, sino una estructura más endeble del producto, de acuerdo con compañías del rubro.
La sospecha de que los nuevos proveedores podrían además importar pañales se refuerza con el hecho de que los fabricantes actualmente comprometidos con el abastecimiento nacional quedaron fuera del proceso. Según algunos de ellos, los antecedentes del sistema de entrega domiciliaria podrían pensarse como una mejora al afiliado, pero tienen problemas. Experiencias pasadas con empresas como OCA terminaron por darse de baja, principalmente por la dificultad de entregar paquetes grandes a personas mayores en sus casas. Había reportes de afiliados que no podían acercarse a buscarlos. Hoy, si no pueden ir a la farmacia, mandan a alguien.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció para hoy una conferencia de prensa para referirse a este caso. “Durante años, unos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a utilizar productos de baja calidad. Le hemos puesto fin a todo esto: implementamos una licitación pública, con entrega directa y un ahorro de $5.000 millones. Si, se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo”, sentenció.
POLITICA
Cristina Kirchner deberá devolverle al Estado $85.000 millones por la causa Vialidad

Tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema, Cristina Fernández de Kirchner debe enfrentar no solo la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, sino también un decomiso de bienes por $84.835 millones, en conjunto con los otros ocho condenados en la causa Vialidad.
La exmandataria declaró un patrimonio de $249.421.220 al cierre de 2023, según la Oficina Anticorrupción. En términos nominales esto representó un aumento del 110% respecto a 2022; sin embargo, ajustado por la inflación real de 133,5%, significó una caída del 10% de su patrimonio real. Este desequilibrio entre el monto a devolver y sus bienes declarados abre la puerta a posibles subastas de activos.
El Tribunal Oral rechazó detener de inmediato a Cristina Kirchner y le dio cinco días para entregarse
El grueso de su patrimonio declarado —unos $170 millones— se encuentra en acciones de sociedades no identificadas, distribuidas en 11 renglones, ingresadas en octubre de 2023. Esto dificulta conocer la titularidad exacta de los activos. Además, conserva el usufructo de propiedades como un departamento en Recoleta y una residencia en El Calafate sin tenerlas a su nombre, dado que en 2016 donó sus inmuebles a sus hijos, aunque continúa usando esos bienes legales.
En caso de no cumplir con la devolución en el plazo establecido, el fiscal podría iniciar la ejecución forzosa del decomiso, con posible subasta de más de 20 inmuebles, empresas como Hotesur y Los Sauces, y cuentas bancarias familiares. El fallo describe la maniobra como una “extraordinaria maniobra fraudulenta” mediante 51 licitaciones viales en favor del Grupo Austral de Lázaro Báez.
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Causa Vialidad,condena a Cristina Kirchner,Corrupción,Millones
POLITICA
Gregorio Dalbon advirtió sobre un intento de Patricia Bullrich de usar el proceso judicial para humillar a Cristina Kirchner

Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Kirchner, realizó una enfática advertencia a través de sus redes sociales en donde aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “humillar” a la expresidenta tras el fallo de la Corte Suprema en donde ratificó su sentencia a prisión. “La militancia debe estar alerta”, consideró.
El mensaje del letrado sucede luego de que el juez Jorge Gorini -presidente del tribunal oral que condenó a Cristina- le requiriera a la funcionaria nacional, en su rol de cabeza del Ministerio de Seguridad, que “en el término de 24 horas” procure asignar una dependencia de las fuerzas federales para que cumplan con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas.
“Cristina ya fue injustamente condenada. La sentencia está firme en la Argentina, no en la conciencia del pueblo ni en el derecho internacional. Pero si Patricia Bullrich pretende usar este proceso para humillarla, como parte de una escenificación de poder, será la militancia —pacífica pero firme— la que debe impedirlo“, escribió Dalbon.
En ese sentido, formuló: “No se trata de desafiar a la ley. Se trata de impedir el uso del Estado para degradar a una líder política que ya sobrevivió a un intento de magnicidio. No vamos a permitir que la violenta de siempre, la que arrojaba molotovs, ahora pretenda posar de justiciera”.
Este miércoles por la tarde, la Justicia rechazó el pedido de la defensa de la expresidenta para evitar ir a una prisión antes del arresto domiciliario. La intención era que permaneciera en la casa de su hija, ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio de Constitución, hasta que se defina si se le concede o no la domiciliaria.
Fue el propio juez Gorini quien rechazó el planteo realizado por Alberto Beraldi, otro de los abogados de Cristina. El magistrado, que es el encargado de hacer cumplir la pena, dijo que el pedido de la expresidenta de tener un arresto domiciliario temporal hasta tanto se defina su situación “no es otra cosa que una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme”.
Quien definirá si se le concede el arresto domiciliario es el fiscal Diego Luciani. Mientras tanto, Gorini dio un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten en el juzgado para su arresto. El plazo vence el próximo jueves, dado el feriado del día lunes.
El operativo -que la arrestaría en Comodoro Py o si no se presenta, en su casa- sería el establecido por Bullrich con miembros de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval o Policía Federal. Este punto es sobre el que advierte Dalbon. “Si hay arresto domiciliario, que sea con respeto. Y si hay traslado, que no sea un show para humillar”, pidió.
“Lo que está en juego es más que el nombre de Cristina: es el respeto a la democracia. Es el derecho a la dignidad. Es el límite a los verdugos del poder real. Siempre en paz. Siempre dentro de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero con firmeza. Cristina no está sola. El pueblo no se humilla”, añadió.
En Comodoro Py creen que es viable que la expresidenta cumpla el arresto domiciliario en Constitución. “No hay indicios de fuga”, señaló una fuente del tribunal que juzgó a Cristina ante la consulta de . También es probable que se la habilite a estar sin tobillera electrónica.
No descartan, además, que la expresidenta tenga permitido dar entrevistas por teléfono y hacer uso de sus redes sociales. También se contempla que la seguridad quede en manos de su custodia, tal como pidió.
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