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POLITICA

El pasado de Grabois como empresario: deudas, quiebra y empleados en la calle sin indemnizaciones

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El líder social, Juan Grabois, tuvo un pasado como empresario. En 2006, una empresa española denominada Escala Sur se inscribió en el país y lo tuvo como director suplente.

Anteriormente, Grabois había trabajado en España para esa compañía de telemarketing. Según su versión, tras un tiempo de estar trabajando allí en Europa atendiendo llamados para esta empresa regresó al país y se desvinculó de la misma.

Hace unos años, el sitio Eliminando Variables, reveló que la compañía abrió en 2003 una sede en la Argentina que lo tuvo como director suplente al ahora líder sindical. En 2003, Escala Sur tuvo a Alexander Knudtzon Torpp Tejil como dueño de la compañía, según se desprende del acta de constitución.

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Grabois recién se sumaría formalmente como director suplente en 2006 de la sucursal de Escala Sur en Buenos Aires, según indica el acta del 9 de febrero de ese año. En esa misma acta, se exponen otros cambios dentro de la sociedad: Knudtzon Tropp pasa a ser vicepresidente y su esposa, Gretel Schroeder, es nombrada presidente de la compañía.

Pero las cosas no anduvieron como sus dueños esperaban, ya que en 2007 la compañía recibió un pedido de quiebra por acumular todo tipo de deudas con empleados y con organismos estatales, además de denuncias por dejar a sus empleados en la calle sin recibir indemnizaciones.

Según comentó el sitio en 2019, “la calidad de evasores impositivos queda en evidencia en el pedido de quiebra que presentó en 2007 el proveedor César Ramírez por una deuda de $20.000 que nunca le fue pagada por los operadores del call center. Concedida la quiebra, el síndico Oscar Schapiro procedió a revisar las cuentas y descubrió que los directivos de Escala Sur tenían una deuda pendiente por evasión de pagos previsionales y otra por haber dejado a sus empleados en la calle sin haberles pagado ni salarios ni las indemnizaciones correspondientes”.

La lista de deudas

En total, los ex empleados pedían unos $60.000 por haberlos dejado en la calle sin pagarles las resarcimientos ni sueldos atrasados. A continuación, uno por uno, los empleados que exigían cobrar indemnizaciones y salarios impagos.

Elizabeth Garnica: reclamo por $ 9.046,53 de salarios e indemnizaciones

Noelia Vanina Mazzone: reclamo por $ 24.133,78 de salarios e indemnizaciones.

Daniel Domingo Penas: reclamo era por $ 15.710,78 de indemnización.

Graciela Petrone: reclamo por $ 9.549,50 de indemnización.

Maria Torres Reyan por 9.426,98 de indemnización.

Horacio David Riccio por $ 8.297,20 de indemnización.

Otro de los acreedores es la aseguradora de trabajo Consolidar ART, que reclamaba poco más de 10.000 pesos. También adeudaban a la Obra Social del Personal de Dirección de Acción Social de Empresarios por aportes no realizados, que sumando intereses llegaba a una cifra de $ 472,94.

La lista sigue. La prepaga OSDE pedía $1,414,89 y la Obra Social de Comisarios Navales otros $501,84 por aportes retenidos.

Pero la deuda mayor era la reclamada por la AFIP, que expuso una deuda por $122.333 correspondientes al pago de Ingresos Brutos y aportes jubilatorios, además de las multas que habían establecido oportunamente. En total, sumando penalidades e intereses los directivos de Escala Sur SA le quedaron debiendo a la AFIP un total de $ 195.242,25 .

Escala Sur cerró definitivamente cuando el juez Héctor Vitale decretó la quiebra de la empresa el 11 de julio de 2007.

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POLITICA

Cúneo Libarona cambió el reglamento para que los jueces que cumplan 75 años pidan 5 años más de mandato

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cambió este viernes el reglamento para la extensión por 5 años más del mandato de jueces que hayan cumplido 75 años y estableció que deberán pedirlo un año antes de llegar a esa edad. En esas condiciones, el Gobierno podrá enviar su legajo al Senado para que apruebe su nominación.

Entre los cambios que Cúneo introdujo al reglamento que había hecho su antecesor Martín Soria, redujo de 15 a 5 días el plazo para que esas entidades de la sociedad civil presenten observaciones sobre los candidatos.

Según fuentes judiciales, el reglamento no precisa cuáles serán los “elementos de convicción» que tendrá el Gobierno para aceptar o no la prórroga.

Se trata de un tema clave porque en la actualidad la justicia federal tiene 143 vacantes, 33 defensorías públicas y 15 fiscalías, según el presidente del Colegio Público de Abogados de la CABA y ex camarista Ricardo Gil Lavedra.

En una nota, Gil Lavedra le pidió que el presidente Javier Milei acelere la elección de candidatos de las 100 ternas que tiene desde principios de años.

En los considerandos del nuevo reglamento, se dice que la modificación es para «adoptar mecanismos que permitan a la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema, dar a conocer sus observaciones fundadas, puntos de vista y objeciones respecto de los Magistrados que soliciten el nuevo nombramiento» (…) «el PODER EJECUTIVO NACIONAL contará con mayores elementos de convicción para disponer en la materia, contribuyendo al mejoramiento de la prestación del Servicio de Justicia.»

En el artículo 1º, se dice que “los Jueces que pretendan un nuevo nombramiento en los términos de la presente, podrán requerirlo ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, durante el año anterior a la fecha en que alcancen la edad de SETENTA Y CINCO (75) años”.

Y en el artículo 3º se establece que la cartera de Justicia “publicará en la página web del Ministerio y en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA durante UN (1) día, la solicitud referida en el artículo 1º. Cuando el cargo involucrado tuviere asiento en una Provincia, la citada publicación deberá efectuarse también en UN (1) diario de circulación en la jurisdicción correspondiente”.

Desde el día de publicación “en el BOLETIN OFICIAL y por el término de CINCO (5) días hábiles, la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al MINISTERIO DE JUSTICIA, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación al Magistrado solicitante, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales en cuestión”.

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