POLITICA
El pedido de licencia de Francisco Adorni para trabajar en Defensa se contradice con la cruzada libertaria contra los estatales

Tras su designación al frente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del Ministerio de Defensa, el contador Francisco Adorni, hermano menor del vocero presidencial Manuel Adorni, volvió a solicitar una licencia con reserva de cargo ante el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde se desempeña desde hace más de dos décadas. Se garantiza, así, la reincorporación en su puesto provincial una vez finalizado su paso por la cartera de Luis Petri.
El pedido realizado se contradice al discurso del gobierno de Javier Milei en contra de los privilegios del sector público. Sucede que, aunque esta clase de licencias son una alternativa al alcance de los empleados estatales, no representan un beneficio aplicable a los trabajadores privados que, en caso de no poder ejercer dos empleos en simultáneo, se ven obligados a presentar una renuncia.
Francisco Adorni fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF) el pasado 11 de junio, a través de la resolución 543/2025 del Ministerio de Defensa. Asumió en reemplazo de Bettina Surballe, quien, desde entonces, preside la obra social de las fuerzas armadas.
Tras su nombramiento, el contador volvió a pedir una licencia con reserva de cargo ante el Consejo de la Magistratura bonaerense a fin de conservar su cargo en la institución judicial y poder reincorporarse una vez finalizadas sus tareas en el Ministerio. El pedido fue aprobado por unanimidad durante la sesión del 17 de junio. “Si es un derecho del trabajador, no hay otra cuestión más que dárselo”, sostuvo Facundo Tignanelli, vicepresidente del cuerpo y militante de La Cámpora, durante la reunión.
Según argumentaron, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional brega por la estabilidad del empleo público que, en este caso, quedaría garantizada por la licencia. Además, el artículo 23 del Estatuto y Escalafón para el personal de la Administración Pública de la Provincia establece que la reserva de cargo corresponde a todo aquel agente “que haya sido designado para desempeñar cargos superiores o cargos directivos nacionales, provinciales o municipales o electivos y asesores sin estabilidad”.
Este es el caso de Adorni ya que, según confirmaron fuentes del organismo de Defensa a , cada presidencia del IAF dura solo dos años. El mandato puede renovarse una única vez de modo que el plazo máximo de ejercicio es de cuatro años. Así, al tratarse de un cargo por tiempo limitado, no reviste estabilidad y el contador está habilitado para acceder a este tipo de licencia.
“Formar y capacitar a una persona con conocimiento institucional es difícil. Una reserva de cargo muchas veces permite evitar perder al trabajador”, planteó Sofía Vannelli, consejera bonaerense del Frente Renovador y agregó: “A veces el Estado lo que te permite es formarte y hacer una carrera, pero no siempre es el trabajo mejor pago. Es importante cuidar que ese recurso (humano) si puede volver, vuelva con ese conocimiento institucional”

Pese a haber sido aprobada por unanimidad, la licencia de Adorni no estuvo exenta de cuestionamientos. La principal crítica provino del consejero Santiago Bertamoni, del Colegio de Abogados, quien apuntó contra la solicitud presentada por el hermano del vocero presidencial ante el organismo judicial.
Esta no es la primera ocasión en que Adorni pide una reserva de cargo. Según consigna en la resolución 3532 del Consejo de la Magistratura bonaerense, Adorni trabaja en el Consejo de la Magistratura bonaerense desde febrero de 2004. Sin embargo, tras la asunción presidencial de Javier Milei, dio un salto a la administración pública nacional para continuar su carrera. Así, el 30 de enero de 2024 fue nombrado asesor en el Ministerio de Defensa y, apenas dos meses más tarde, el 26 de marzo, fue ascendido al cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna de la cartera conducida por Petri.
Para poder ejercer tales funciones, en lugar de renunciar a su trabajo en el Consejo de la Magistratura provincial, Adorni optó por pedir una licencia con reserva de cargo, de modo que pudiera reincorporarse a su puesto una vez finalizada su actividad en Defensa. En ambas oportunidades, la institución bonaerense aprobó sus solicitudes, tal como se indica en las resoluciones 3532 (6 de febrero de 2024), 3543 (5 de marzo de 2024) y 3591 (28 de mayo de 2024) del Consejo.
“Yo estoy en contra de que pueda existir semejante beneficio, que se transformaría en un privilegio, de que alguien pueda vivir toda la vida pidiendo reserva de cargo por mayor jerarquía”, expresó Bertamoni en la sesión: “Alguna vez hay que irse de algún lado”. En respuesta a las críticas esgrimidas y con tono humorístico, Tignanelli le respondió: “Está más libertario que (Manuel) Adorni”.
Y es que, como advirtió el representante del Colegio de Abogados, la licencia pedida supone una contradicción con el modelo planteado por La Libertad Avanza, que pretende terminar con los privilegios del sector público.
No es menor, en este sentido, que hace dos semanas el vocero presidencial confirmó la decisión de gobierno de eliminar el asueto por el Día del Empleado Público por tratarse de un beneficio no disponible para los trabajadores no estatales. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, justificó oportunamente en su habitual conferencia de prensa. Hace años que el portavoz viene manifestando críticas al empleo público.
Así, en medio de la cruzada del Gobierno contra el empleo público, los pedidos de Francisco Adorni chocan con el modelo que pretende impulsar el oficialismo. Esto se debe a que, como advirtió Bertamoni -aunque amparadas por disposiciones legales y los propios antecedentes de la institución (que, según lo expuesto en la reunión, sostuvo por 17 años a un empleado con licencia), la reserva de cargo no es un recurso del que puedan hacer uso los trabajadores privados.
Ante la consulta de a la IAF sobre el pedido de Adorni, señalaron que se trata de una licencia transitoria, avalada por el Estatuto del Consejo, para poder asumir un cargo de mayor jerarquía. Al cierre de esta nota, sin embargo, no habían realizado declaraciones sobre la contradicción entre esta iniciativa y la prédica libertaria.
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POLITICA
Santiago Caputo desafió a Karina Milei y dejó al descubierto la interna libertaria

El ángel caído. La lapicera de hierro de Karina Milei expulsó a las Fuerzas del Cielo de las listas libertarias para la elección bonaerense y Santiago Caputo desató tempestades dentro del Gobierno. La irreverencia desbocada en las redes sociales obligó a la hermana del Presidente a poner un freno desde X. Ahora interviene Javier Milei.
El Triángulo de Hierro hizo crack. Hay dos sin tres. “Que el armador choripanero quede como senador provincial y listo. Que cumpla su función en el marco legislativo y no rompa las bolas”, escribió @Mileiemperor, la nueva cuenta atribuida al asesor presidencial después del límite que buscó poner la secretaria general de la Presidencia.
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Caputo cambia de arroba, pero no de villano. El “cuervo” expiatorio es Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la sinuosa provincia de Buenos Aires, trotamundos de la política bonaerense y con intereses en el club del que es un hincha fervoroso. Como en la película El Secreto de sus ojos, no puede cambiar de pasión. Para Caputo, la creme de “la casta”.
La disputa entre celestiales y territoriales era un clásico. Pero el sábado la tribuna de Las Fuerzas del Cielo se vino abajo con el espectáculo “pide Dan, no le dan”. Daniel Parisini -El Gordo Dan– y Agustín Romo habían llevado a Olivos un listado con 20 candidatos a concejales, el sub 30 libertario que milita desde las redes sociales, para que Javier Milei intercediera ante Karina y los Menem, Lule y Martín. Es el precio de bloquearse en WhatsApp. Lule y Caputo cortaron todo diálogo.
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Apenas un celestial accedió a las listas, como diputado por la Tercera Sección electoral. Nahuel Sotelo fue el sábado a La Plata a firmar el acta con mala cara. Al final, el secretario de Culto puso la otra mejilla: de sonar como primer candidato quedó en un deslucido quinto puesto, debajo de la bullrichista Florencia Retamoso. Tanto abogó Santiago Caputo por un acuerdo con el PRO, que priorice la gobernabilidad desde el Congreso, que el segundo lugar fue para María Sotolano, que responde a Jorge Macri. Hay que consignarlo: que no cobren los propios es raro. Salvo que crean que las Fuerzas del Cielo estén pipón de pago. Algo de eso hay. “Se cerraron las listas, definió todo Karina, listo el pollo”, cortan en seco cerca de Pareja.
Parecía un renunciamiento, una ofrenda, del caputismo, pero, no. Desde el cierre de listas, la interna es despiadada. Descontrolado consumo problemático de las redes sociales. Guillermo Francos y Patricia Bullrich ensayaron gestos para un control de daños. El jefe de Gabinete suena como un facilitador, el palo en la boca del cocodrilo. Con un Presidente ensimismado en la economía, ya puede bautizarse Guillermo Flancos: los ataja a todos.
Cerca de Pareja juran que Caputo jamás pidió lugares en las listas. Ni a él ni a Karina Milei. Por momentos, la pelea parece una desmesura. Todo por 20 concejales. Tres empanadas. Pero hay más. Es por quién incide en el Presidente y Karina tiene las de ganar. La secretaria general representa el súmmum. No es la cabeza, es más: el cuello que mueve la cabeza del poder.
Milei odia a Adam Smith, pero aplicó una división del trabajo. Para Caputo, el Gobierno. Para Karina, el partido. Pero, el monotributista choca, como un flipper, en el triángulo del poder. Aspira a digitar candidatos, con el argumento de una gobernabilidad perdida de un Congreso a la deriva después del 10 de diciembre.
No es casual que Milei haya dejado trascender que José Luis Espert-Diego Valenzuela es la fórmula libertaria para la Provincia en 2027. El candidato de Caputo para la Gobernación es Agustín Romo, el presidente del bloque diputados bonaerense, el siempre excluido de las fotos que arma Pareja.
La interna libertaria amenaza con estallar en la Primera sección. Es un problema para LLA porque el norte del conurbano es clave para vencer al peronismo, que es fuerte en la sureña Tercera. “Es un escándalo, que puede desembocar en una denuncia penal”, alertan los heridos que quedaron tirados en el cierre de listas. No son anécdotas. Ramón “El Nene” Vera fue corrido del armado, primero, y después rebotó con los suyos en la lista de senadores. Vera es diputado provincial y desprecia a Romo. Es mutuo.
Ya hay un plan para la Provincia. Además de la fórmula Espert-Valenzuela para 2027, el excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista por la Tercera sección, es un virtual ministro de Seguridad. Hace tiempo trabaja con Patricia Bullrich y Lalo Creus en una reforma para la Policía bonaerense.
La campaña arrancó con una rara sanción de Axel Kicillof, siempre inapetente de purgas. Esta vez desplazó a 24 polícias, acusados de gestar un complot para copar la Policía bonaerense, la fuerza que tendrá el control de las urnas en las elecciones del 7 de septiembre. Kicillof debe confiar a ciegas de Javier Alonso, el ministro de Seguridad, afín a La Cámpora.
Apagón y después
“Cuando el sistema era analógico, lo que hacíamos era mandar a uno de los nuestros sin nada a la Junta Electoral porque a la medianoche te cerraban la puerta y fuiste. Después se completaba. Ahora con la carga virtual pasan estas cosas, un corte de luz te puede ayudar”. Un experimento peronista resumía, en la tortuosa madrugada del cierre de listas, la inventiva del PJ para presentar candidatos cuando el dedo de Cristina Kirchner perdió poder, la espada de Axel Kicillof está desafilada y el ingenio de Sergio Massa no tiene límite.
Una semana después, el peronismo logró una foto de campaña conjunta: Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes. El reparto dejó al Gobernador con la marquesina y a La Cámpora, con los morlacos. Máximo Kirchner copó las listas con 15 candidatos. El Gobernador metió las cabezas de la Primera y la Tercera, con Gabriel Katopodis y Verónica Magario. El quiebre estuvo cerca.

TN fue testigo frente a la Gobernación de los sucesivos pasos desesperados del peronismo para esquivar una ruptura porque no había acuerdo en ninguna de las listas. A las 19 del sábado la negociación entre Kicillof y Máximo Kirchner estaba herida de muerte. Entonces, la orden de Carlos Bianco fue que el Movimiento Derecho al Futuro arme listas propias, como anticipó este medio.
“El operativo apagón” comenzó cuando faltaba una hora del cierre. Un corte de luz en la Legislatura, casualidad o no, disparó el montaje para estirar la negociación por fuera del plazo legal que vencía a la medianoche.
La Junta Electoral ya había dejado trascender que no avalaría una prórroga porque sí. El corte de luz sirvió como argumento a los apoderados del PJ. “Se cayó el sistema y perdimos toda la carga. Un desastre”, se lamentaba un apoderado. Y reconocía: “Muy complejo el cierre. Quizás el cierre más difícil de la historia de la provincia de Buenos Aires”.
A las 22:40 se cortó la luz, media hora después salió en una camioneta a las apuradas Bianco y cinco minutos más tarde ingresaron los intendentes Julio Alak y Alberto Descalzo. Nadie decía nada. Entre uno y otro, llegó una camioneta que traía refuerzo logístico: una antena de wifi para empezar a cargar las listas del MDF que usó el partido de Alberto Fernández, PARTE, por si la ruptura era un hecho.
En la puerta de la Gobernación empezaron a llegar dirigentes de Berazategui y La Matanza para firmar las actas. La angustia era por la prórroga que la Junta no había consentido. Entonces, en una camioneta, ingresó la secretaria General de la Gobernación Agustina Vila. Empezó a gestarse el plan B. Ante el silencio de la Junta, el PJ presentó un amparo. Había crisis de nervios y gritos por celular. “Si el juez acepta el amparo, va a haber conflicto de poderes y esto puede terminar en la Corte. Hay que impedirlo”, decía un peronista con más cierres que canas. El plan B fue descartado cuando un corte de luz certero afectó a la Junta Electoral a las 23.30 y les alargó la vida.
Tampoco funcionaba el grupo electrógeno de la Legislatura. “Estaban en revisión y mantenimiento. Esas reparaciones se hacen en los recesos que coincide con la feria judicial”, decían en el palacio legislativo. “Nadie puede cortar la luz en media ciudad. No existe eso”, decían en el Frente Renovador. Es verdad. Solo se cortó en la Legislatura y en la Junta electoral.
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POLITICA
La coparticipación que va a las provincias está dos puntos por debajo del máximo histórico

CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
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POLITICA
Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.
“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.
El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.
Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.
El antecedente de 2002
El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.
Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.
El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.
El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.
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