POLITICA
El peronismo busca modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas de legisladores en PBA

El bloque de Unión por la Patria presentó este martes un proyecto de ley que va contra la ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires para cargos legislativos. Fue este martes, luego de la sesión en la que se avanzó con la suspensión de las elecciones PASO. La iniciativa lleva la firma de 12 legisladores y no explicita que abarque a intendentes; sino a legisladores, concejales y consejeros escolares.
“Modifique el artículo 13 bis de la ley 5109 que quedará redactado de la siguiente manera: los diputados y senadores podrán ser reelectos”, establece la iniciativa que lleva las firmas de los senadores Luis Vivona, Eduado Bucca, Emmanuel González Santalla, Teresa García, Laura Klark, María Elena Daffunchio, Daniela Viera, Amira Curi, María Rosa Martínez, Adrián Santarelli, Walter Torchio y Gustavo Soos.
Sobre la reelección de intendentes, dice que los jefes comunales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones por un período de cuatro años y podrá ser reelecto por un nuevo período. También aclara que “Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”. Los imposibilita sin considerar que el segundo mandato haya sido ejercido en su totalidad o parcialmente, tal como lo enmarca la actual normativa.
Entre los legisladores que aportaron su firma hay un variado espectro, pero que reconoce a Cristina Kirchner como la conducción. Por caso, Laura Klark es de Nuevo Encuentro, pero Luis Vivona, Adrián Santarelli, Gustavo Soos y Daniela Vera, responden a diferentes intendentes del peronismo. Amira Curi, González Santalla son de La Cámpora. Mientras que la presidenta del bloque, Teresa García, tiene diálogo directo con CFK.
No acompañaron la iniciativa, ni los legisladores fichados en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof ni la senadora que integra el Frente Renovador de Sergio Massa, Sofía Vanelli. Massa fue uno de los impulsores a la limitación en la reelección de cargos electivos.
Existen ciertas chances de que el proyecto empiece a discutirse antes de la renovación de legisladores que está fijada para diciembre de este año. En el medio, están los cambios al calendario electoral que actualmente se encuentran en debate.

La Ley 14.836, sancionada en 2016 por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, establece límites a las reelecciones de intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Según esta norma, estos funcionarios pueden ser reelectos por un solo período consecutivo; para postularse nuevamente al mismo cargo, deben esperar un intervalo de al menos un mandato.
En 2021, la Ley 15.315 modificó la aplicación de la Ley 14.836. Esta reforma determinó que los mandatos iniciados en 2017 y 2019 se considerarían como el primer período a los efectos de la limitación, permitiendo a los funcionarios reelectos en esos años presentarse nuevamente en 2023. Para los mandatos iniciados en 2021, se computará como primer período solo si no hubo un mandato inmediato anterior.
La Constitución de la provincia de Buenos Aires no establece límites a las reelecciones para estos cargos; por lo tanto, la regulación depende de la legislación ordinaria y es por ello que año a año el tema sobrevuela.
“Es una sorpresa. Pero por más que estemos alcanzados y que este proyecto nos permita ser reelectos, no es algo que vamos a acompañar. Cada uno tomará su oposición. Lo ponen sobre la mesa, para mí es un error; pero hablaremos sobre el tema”, indicó el senador Agustín Máspoli, presidente del bloque UCR – Cambio Federal en el senado bonaerense.
En el Ejecutivo sobrevuela la idea de que al no incluir a los intendentes en el proyecto, la decisión es un llamado de atención al mundo intendentista que se da en el marco de la interna. Además de que es hacia los jefes comunales que acompañan a Kicillof, toda vez que los más enfáticos que empujan la figura de Kicillof son también quiénes quieren derogar la ley que frena las reelecciones indefinidas como Mario Secco (Ensenada) o Jorge Ferraresi (Avellaneda), solo para citar algunos ejemplos.
El peronismo tiene un bloque de 21 senadores de un total de 46. El propio Kicillof ha dicho que estaba de acuerdo con sacarle límite a las reelecciones indefinidas, pero en la Legislatura le pedían que envíe un proyecto propio como hizo con la suspensión de las PASO. Lo cierto es que nadie quiere pagar el costo político que implica un cambio de estas características en medio de un año electoral.
POLITICA
El gobernador de Corrientes echó a su ministro de Economía por un conflicto con los gremios docentes

Una gran cantidad de docentes de la provincia de Corrientes se encontraron con fuertes descuentos en sus haberes durante el último fin de semana. La razón que estaba explicada en el recibo de sueldo fue la adhesión al paro nacional convocado el 2 de marzo pasado. La situación generó un tembladeral político en la gestión provincial que terminó con la salida del ministro de Economía de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini.
Todo esto se da en el marco de que Corrientes cuenta con al menos cinco sindicatos docentes y a los que se sumaron los autoconvocados, que no tienen representación en esas organizaciones. La medida de fuerza fue para acompañar una decisión nacional que se replicó en gran parte del país.
El miércoles, primer día hábil tras la novedad, el gobernador Juan Pablo Valdés salió al cruce y dijo: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva”. Los dos renglones estaban vinculados al presentismo. “Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”, que motivó la medida, agregó.
Valdés, tras poner la cara por el conflicto, adelantó que podría haber cambios en el gabinete. “Hay que esperar”, dijo. “Vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y corresponda”, añadió.

No hubo que aguardar mucho tiempo para que se dieran las condiciones del recambio. A primera hora de la tarde del mismo miércoles, el Gobierno correntino dejó trascender que Valdés había pedido la dimisión a Rivas Piasentini. Tras una danza de nombres para la sucesión, el jueves por la mañana el Ejecutivo provincial confirmó a Héctor Grachot al frente de Economía.
Se trata de un funcionario que venía desempeñándose como subsecretario de Finanzas de Corrientes. Antes ocupó otros lugares en el diagrama provincial. Uno de ellos fue el Instituto de Vivienda correntino.
La salida de Rivas Piasentini fue un hecho significativo en la vida política de la tierra del chamamé. Se trata de un funcionario que estuvo 8 años al frente de la cartera. Es decir: los dos mandatos de Gustavo Valdés, hermano y antecesor del actual gobernador. Llegó al cargo para reemplazar a Enrique Vaz Torres, un hombre de confianza de Ricardo Colombi, mentor y luego enemigo político declarado de Gustavo Valdés.
La decisión que tomó el ahora exministro fue técnica. Pero necesitó de un respaldo político. Rivas Piasentini pagó el precio de ambos factores.
El relevo
Valdés puso en funciones al nuevo funcionario durante el mediodía del jueves. Habían pasado menos de 24 horas de la renuncia de su antecesor. El acto se realizó en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno provincial. Rivas Piasentini ocupó un asiento en las primeras filas.
Tras el acto protocolar, el gobernador tomó el micrófono para darle la bienvenida formal a Grachot. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.

Con respecto al recambio de funcionarios, el mandatario expresó: “Es una decisión importante que llevará tranquilidad a todos los correntinos. Es un mensaje claro de que seguiremos trabajando con mucho compromiso y entusiasmo. El norte está puesto en el futuro y el desarrollo de Corrientes”, agregó.
Luego, mirando al lugar donde estaba el Ministro saliente, le dirigió un mensaje. “Te agradezco, Marcelo, por habernos acompañado este tiempo”, expresó. Un fuerte aplauso de los demás asistentes cortó las palabras del Gobernador, quien solo agregó un “gracias” a lo que venía diciendo.
Trascartón se dirigió al flamante funcionario. “Te deseo que con una visión clara y mucho compromiso hacia el futuro de los correntinos encares los días por venir”, soltó. “Sigamos construyendo. Sigamos trabajando con este equipo en lo que estamos convencidos: Corrientes tiene un futuro grande y promisorio”, redondeó.
Antes de retirarse del salón, Valdés se estrechó en un abrazo con su exfuncionario.
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto de Sturzenegger para eliminar más de 70 normas

El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.
En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes según el motivo por el cual las quiere dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.
“Sea porque son meramente declamativas, las circunstancias históricas en las que fueron dictadas quedaron en el pasado, esas regulaciones han sido superadas por leyes posteriores o por los cambios que experimentó la sociedad en lo tecnológico o social, existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Ejecutivo, que indicó: “Los derechos no requieren leyes”.
En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: «Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.
Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto
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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.
El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.
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Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.
Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Noticia que está siendo actualizada.-
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