POLITICA
El peronismo busca modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas de legisladores en PBA
El bloque de Unión por la Patria presentó este martes un proyecto de ley que va contra la ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires para cargos legislativos. Fue este martes, luego de la sesión en la que se avanzó con la suspensión de las elecciones PASO. La iniciativa lleva la firma de 12 legisladores y no explicita que abarque a intendentes; sino a legisladores, concejales y consejeros escolares.
“Modifique el artículo 13 bis de la ley 5109 que quedará redactado de la siguiente manera: los diputados y senadores podrán ser reelectos”, establece la iniciativa que lleva las firmas de los senadores Luis Vivona, Eduado Bucca, Emmanuel González Santalla, Teresa García, Laura Klark, María Elena Daffunchio, Daniela Viera, Amira Curi, María Rosa Martínez, Adrián Santarelli, Walter Torchio y Gustavo Soos.
Sobre la reelección de intendentes, dice que los jefes comunales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones por un período de cuatro años y podrá ser reelecto por un nuevo período. También aclara que “Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”. Los imposibilita sin considerar que el segundo mandato haya sido ejercido en su totalidad o parcialmente, tal como lo enmarca la actual normativa.
Entre los legisladores que aportaron su firma hay un variado espectro, pero que reconoce a Cristina Kirchner como la conducción. Por caso, Laura Klark es de Nuevo Encuentro, pero Luis Vivona, Adrián Santarelli, Gustavo Soos y Daniela Vera, responden a diferentes intendentes del peronismo. Amira Curi, González Santalla son de La Cámpora. Mientras que la presidenta del bloque, Teresa García, tiene diálogo directo con CFK.
No acompañaron la iniciativa, ni los legisladores fichados en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof ni la senadora que integra el Frente Renovador de Sergio Massa, Sofía Vanelli. Massa fue uno de los impulsores a la limitación en la reelección de cargos electivos.
Existen ciertas chances de que el proyecto empiece a discutirse antes de la renovación de legisladores que está fijada para diciembre de este año. En el medio, están los cambios al calendario electoral que actualmente se encuentran en debate.
La Ley 14.836, sancionada en 2016 por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, establece límites a las reelecciones de intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Según esta norma, estos funcionarios pueden ser reelectos por un solo período consecutivo; para postularse nuevamente al mismo cargo, deben esperar un intervalo de al menos un mandato.
En 2021, la Ley 15.315 modificó la aplicación de la Ley 14.836. Esta reforma determinó que los mandatos iniciados en 2017 y 2019 se considerarían como el primer período a los efectos de la limitación, permitiendo a los funcionarios reelectos en esos años presentarse nuevamente en 2023. Para los mandatos iniciados en 2021, se computará como primer período solo si no hubo un mandato inmediato anterior.
La Constitución de la provincia de Buenos Aires no establece límites a las reelecciones para estos cargos; por lo tanto, la regulación depende de la legislación ordinaria y es por ello que año a año el tema sobrevuela.
“Es una sorpresa. Pero por más que estemos alcanzados y que este proyecto nos permita ser reelectos, no es algo que vamos a acompañar. Cada uno tomará su oposición. Lo ponen sobre la mesa, para mí es un error; pero hablaremos sobre el tema”, indicó el senador Agustín Máspoli, presidente del bloque UCR – Cambio Federal en el senado bonaerense.
En el Ejecutivo sobrevuela la idea de que al no incluir a los intendentes en el proyecto, la decisión es un llamado de atención al mundo intendentista que se da en el marco de la interna. Además de que es hacia los jefes comunales que acompañan a Kicillof, toda vez que los más enfáticos que empujan la figura de Kicillof son también quiénes quieren derogar la ley que frena las reelecciones indefinidas como Mario Secco (Ensenada) o Jorge Ferraresi (Avellaneda), solo para citar algunos ejemplos.
El peronismo tiene un bloque de 21 senadores de un total de 46. El propio Kicillof ha dicho que estaba de acuerdo con sacarle límite a las reelecciones indefinidas, pero en la Legislatura le pedían que envíe un proyecto propio como hizo con la suspensión de las PASO. Lo cierto es que nadie quiere pagar el costo político que implica un cambio de estas características en medio de un año electoral.
POLITICA
La CGT marcha al Congreso en contra de la reforma laboral y el Gobierno asegura que aplicará el protocolo antipiquetes
La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará su tratamiento este miércoles en el Senado. La marcha está prevista a partir de las 15, en coincidencia con la discusión parlamentaria de la iniciativa oficial.
La central obrera decidió manifestarse luego de meses de tensiones con el Ejecutivo por el alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral. La iniciativa oficial prevé modificaciones en aspectos como el cálculo de indemnizaciones, la regulación de jornadas laborales y la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos que los gremios consideran perjudiciales para los derechos de los trabajadores.
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La marcha fue acordada en el seno del Consejo Directivo de la CGT, aunque en las últimas semanas se registraron diferencias internas sobre la estrategia a seguir. Mientras algunos dirigentes buscaban mantener canales de diálogo con el Gobierno y legisladores, otros sectores impulsaron una protesta más contundente, incluso con paralizaciones sectoriales. Finalmente se optó por la movilización sin anunciar un paro general unificado, aunque cada sindicato quedó habilitado a tomar medidas de fuerza propias para apoyar la convocatoria.
La protesta se da en un contexto de fuerte oposición sindical al proyecto del Ejecutivo, que los principales referentes de la CGT han calificado como “un avance que podría debilitar la negociación colectiva y limitar los mecanismos de representación gremial”. Distintas organizaciones sociales y sectores sindicales también han expresado su adhesión o sumado marchas y acciones en diversas provincias para visibilizar su rechazo.
La marcha como antesala de un paro nacional
La movilización está prevista para generar impacto político en el Congreso al mismo tiempo que se debate el proyecto, en un intento de presionar a los legisladores para que introduzcan cambios o lo rechacen. Desde los sindicatos sostienen que la protesta representa la preocupación de miles de trabajadores por las consecuencias que podría tener la reforma sobre la estabilidad laboral y los beneficios conquistados históricamente.
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La marcha fue convocada por la CGT y sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones. La jornada estará marcada por un fuerte despliegue de las fuerzas federales con el objetivo de garantizar la circulación y evitar confrontaciones, aunque se prevé que el vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso sea riguroso. El Gobierno aseguró que aplicará el protocolo antipiquetes.
El acto central servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la central obrera ya advirtieron que, de no ser escuchados, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional.
La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y la implementación de un banco de horas que, según los gremios, precariza la jornada laboral.
El operativo de seguridad del Gobierno para la movilización
El Gobierno desplegará el operativo antipiquetes, que consistirá en un operativo especial de seguridad en la zona del Congreso durante la movilización convocada para este miércoles, con vallados, cortes y accesos restringidos en distintos puntos del centro porteño. El esquema estará enfocado en ordenar el ingreso de manifestantes, resguardar el edificio parlamentario y garantizar el funcionamiento del recinto mientras se desarrolla el debate en el Senado.
Según lo previsto, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, habrá cierres totales y parciales en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.
En paralelo, las distintas columnas sindicales y políticas tendrán puntos de concentración diferenciados para evitar cruces en la Plaza del Congreso. La CGT ingresará por Hipólito Yrigoyen, mientras que otros espacios —como organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sectores del peronismo— se ubicarán sobre Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo y calles aledañas, bajo monitoreo de las fuerzas de seguridad.
CGT, reforma laboral, marcha
POLITICA
La Cámara avaló un pedido de Spagnuolo para abrir otra investigación sobre el origen de sus presuntos audios: los riesgos para la causa Andis
La Cámara Federal porteña hizo lugar este martes a un planteo que había presentado el año pasado Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) procesado este lunes, y ordenó que se abra una nueva investigación sobre el origen de los audios en los que una voz adjudicada a él habla sobre corrupción en el organismo. El objetivo final del exfuncionario es que todo el caso se declare nulo.
La Cámara tomó su decisión con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico y la disidencia de Eduardo Farah.
Este fallo podría obstaculizar el avance de la causa que investiga la corrupción en la Andis, que a partir de este jueves estará a cargo de un nuevo juez porque a Sebastián Casanello, autor de los procesamientos, le vence ese día la subrogancia. Casanello interviene en este expediente como suplente a cargo del juzgado federal 11, que no tiene titular. La Cámara sorteará este miércoles, a las 11, al nuevo magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. En el bolillero hay cuatro posibles candidatos: María Servini, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.
El nuevo juez -o jueza- tomará entonces esta causa con la instrucción de la Cámara Federal de que debe “sustanciar” (darle trámite, con intervención de las partes y sin la posibilidad de rechazar el pedido “in limine”) el planteo de Spagnuolo en relación con sus presuntos audios. Casanello había considerado que no era necesario hacerlo. Este martes la Cámara le anuló esa decisión.
¿Qué pretende Spagnuolo? Que toda la causa se declare nula con el argumento de que sus cimientos son ilegales. Acompañó a su pedido las conclusiones de un informe privado que sostiene que los audios sufrieron “adulteraciones y manipulaciones” y parecerían haber sido “obtenidos por medios subrepticios por un tercero que no participó de la conversación”. La Cámara Federal dispuso ahora que se investigue si eso fue así.
El pedido de Spagnuolo fue presentado en noviembre pasado, cuando Casanello acababa de rechazar un planteo similar de la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina. Al pedido de los Kovalivker el juez sí lo “sustanció” y el 26 de septiembre pasado lo rechazó, con un fallo en el que dijo que los audios no habían sido usados como prueba sino como una “notitia criminis válida” y que los cuestionamientos se sustentaban en “conjeturas o hipótesis no acreditadas” que de ningún modo justificaban la medida extrema de anular toda una causa.
Esta decisión de Casanello fue apelada por los Kovalivker y la Cámara, por dos votos contra uno (misma mayoría que este martes), le devolvió el año pasado el caso al juez para que profundizara su investigación sobre los audios y dijera si habían sido o no adulterados y para que detallara en qué otros elementos se había apoyado el fiscal Franco Picardi -más allá de los audios- para avanzar con su investigación.
Ante aquella instrucción de la Cámara, Casanello volvió a fallar este lunes, otra vez en contra de los pedidos de los dueños de la Suizo Argentina.
Pero en paralelo con estos trámites promovidos por los Kovalivker, la defensa de Spagnuolo insistió con su pelea judicial. Apeló el fallo de Casanello que se había negado a abrir lo que él consideraba que era otra investigación similar, por los mismos audios, que hubiera implicado duplicar lo ya hecho. Este martes, el exfuncionario logró que la Cámara le diera la razón.
Mientras tanto, otra causa investiga también los audios adjudicados a Spagnuolo. Esto también fue considerado por Casanello, que entendió que no tenía sentido investigar, en dos expedientes distintos, el origen de las grabaciones. El otro expediente es una denuncia que presentó el Gobierno con la firma del abogado Fernando Soto, que era mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, sobre presunto espionaje ilegal. Esa denuncia tenía como eje central que se investigara la filtración de una serie de audios de Karina Milei. La tramitan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.
Los audios de la polémica son grabaciones que se conocieron en agosto pasado en las que quien fue identificado como Spagnuolo dice que por debajo de él había una estructura de corrupción dentro de la Andis a la que vincula a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Cuenta que le avisó a Javier Milei, que no hizo nada al respecto.
Esos audios fueron un elemento central de la denuncia que dio origen a esta causa, en la que Casanello procesó ayer a Spagnuolo y a otras 18 personas por una serie de delitos que incluyeron asociación ilícita, sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero los audios no fueron usados como prueba, ni por el fiscal Franco Picardi ni por el juez. No están tampoco mencionados en las más de 300 páginas del fallo de los procesamientos de esta semana.
procesado este lunes,una denuncia,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
Mauricio Macri comenzó, lentamente, a pensar en el 2027, y un encuentro en Puerto Madryn, a principios de marzo, será el puntapié inicial de una recorrida federal para reactivar a la dirigencia del PRO, cortar la sangría de dirigencia hacia otros espacios políticos y cambiar la narrativa en torno al partido amarillo -y su liderazgo-, de cara al 2027.
Desde el entorno del ex presidente, y ante la consulta de Infobae, aseguran que no se trata de una agenda proselitista en modo de candidato, sino fortalecer la estructura interna partidaria, recuperar volumen territorial y reunirse con gobernadores e intendentes aliados, “para conformar una propuesta innovadora” para el próximo turno electoral.
Todo este proceso se da en medio de cuestionamientos de varios dirigentes, tanto en privado como en público, por el estilo “ambiguo” de Macri para conducir al PRO, sobre todo en cuanto a la relación con los hermanos Milei y La Libertad Avanza. El ex senador Federico Pinedo fue explícito durante un reportaje con este medio publicado a mediados de enero: “El PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, objetivos claros y un liderazgo que convoque”.
La recorrida de Macri por el país es, por el momento, una declaración de intención. Más allá de confirmar su participación en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), no hay aún otros eventos confirmados.
En este marco, no pocos dirigentes amarillos esperan una convocatoria a la próxima reunión del consejo partidario, clave para definir una hoja de ruta institucional de cara a lo que viene. Este encuentro se debería realizar en las próximas semanas.
Mientras tanto, la atención esta semana gira en torno al Congreso. En diputados, este martes hubo una reunión de bloque convocada por Cristian Ritondo, para definir criterios de cara a la sesión del próximo jueves, donde se discutirá el nuevo proyecto de Reforma Penal Juvenil, con una serie de cambios pactados con la oposición dialoguista. La iniciativa contempla que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.
El bloque amarillo empujó estos cambios. “¿Por qué 14 y no 13 como propuso el Gobierno? Fundamentalmente por una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa. Por un lado, no hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico», planteó un importante diputado del PRO.
Y amplió: “Por otro lado, somos conscientes que hoy el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema. Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.
“¿Por qué 14 y no 15 (o mantener los 16)? Hay que tener un criterio de realidad. Mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados (solo Cuba tiene ese régimen en la región) y pensar en los 15 años, como sucede en los países nórdicos (Finlandia, Noruega), ignora nuestra realidad. Argentina debe alinearse con el estándar de democracias occidentales comparables y de la región: Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay y Colombia, entre otros, fijan la imputabilidad en los 14 años. Es el punto de equilibrio más razonable», completó.
Por otro lado, el miércoles será el turno del Senado, donde se discutirá la Reforma Laboral que impulsa el oficialismo. Ayer, martes, se reunió la mesa política del Gobierno en Casa Rosada para definir los puntos más controvertidos. Hay más de 20 artículos en revisión y concesiones a la CGT.
También hubo señales al gobierno porteño en la previa de la discusión legislativa: suscribió un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a CABA. El convenio, que deberá ser aprobado por el Congreso (ya ingresó al Senado) y la Legislatura porteña, establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el texto del convenio, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
En tanto, el acuerdo prevé una transición ordenada y las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo. A su vez, la ejecución de las sentencias se trasladará al nuevo fuero porteño y las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
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