La Libertad Avanza llegó a un acuerdo con algunos sectores de la oposición y convocó a una sesión el próximo jueves para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, la principal sorpresa podría llegar desde el peronismo: los diputados del massismo analizan votar a favor del proyecto porque coincide con “la posición histórica que tuvo el Frente Renovador”.

El año pasado, cuando el proyecto del oficialismo se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría con su propio régimen penal para adolescentes que no modificaba la edad de imputabilidad (16 años). Por aquel entonces, las autoridades del bloque decidieron reemplazar a los massistas Ramiro Gutierrez, Mónica Litza y Marcela Passo para que el peronismo firmara sin fisuras en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.

En ese momento, y también en la actualidad, el Frente Renovador apoyaban la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y así lo habían plasmado en el Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.

Según pudo reconstruir Infobae, este jueves por la tarde en una reunión en las oficinas Avenida del Libertador 850, Massa acordó con sus alfiles en la Cámara de Diputados que el Frente Renovador apoyaría el proyecto de Milei.

“Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición. También aclaró que el texto tiene defectos y le faltan políticas de reinserción y recuperación, pero esas críticas se van a plantear en el recinto”, explicó uno de los presentes en el encuentro.

Ante la consulta de Infobae, uno de los referentes del massimo en Diputados explicó que al proyecto de Milei le faltan órganos de aplicación, así como las figuras del Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad. “Tampoco tiene una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino)”, sintetizaron.

Por otro lado, al ser consultados sobre la decisión del oficialismo de agregar un apartado presupuestario al proyecto que habilite a las provincias a firmar convenios con Nación para saldar las diferencias de gastos en la implementación del nuevo régimen penal, señalaron que “es mejor que nada, pero la previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes”.

El peronismo comenzará este viernes con algunas reuniones para unificar criterios y sumar a la discusión a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio en diciembre. En el massismo creen que legisladores de otros sectores internos del peronismo podrían terminar apoyando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico. Pero todavía no se habló en el bloque”, explicaron.

Por su parte, en la bancada libertaria adelantaron que si bien el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, respetarán los consensos que se lograron el año pasado en torno a los 14 años. Eso le garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

“Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta para hacer caer el proyecto”, explicó una persona al tanto de las negociaciones con la oposición.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

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La Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe, avanza en una causa que expone una de las modalidades de fraude más recurrentes detectadas en el sistema de salud de los jubilados. Un médico y una farmacéutica fueron acusados de haber montado un esquema de emisión de recetas electrónicas falsas, que generó un perjuicio millonario al PAMI.

El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa contra A. J. M., un médico de 72 años, y G. V. B., farmacéutica y titular de un comercio del rubro, por el delito de defraudación contra la administración pública. El pedido fue presentado ante el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa.

Según la investigación, los profesionales confeccionaron recetas apócrifas con el objetivo de simular la provisión de medicamentos a afiliados del PAMI. En total, se detectaron 636 prescripciones emitidas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico imputado.

Las maniobras quedaron al descubierto tras un análisis técnico que permitió establecer que las recetas electrónicas fueron cargadas desde computadoras ubicadas en la farmacia de la imputada. Las direcciones IP coincidían con las asignadas por la empresa de telefonía al domicilio del comercio, un dato clave que terminó de cerrar el circuito probatorio.

Para los investigadores, el rol de cada acusado estuvo claramente delimitado. El fiscal sostuvo que la farmacéutica actuó como autora del fraude, al utilizar el sistema informático del PAMI para generar disposiciones patrimoniales indebidas en su favor. El médico, en tanto, fue considerado partícipe necesario, ya que habría facilitado su usuario y clave de acceso al sistema de receta electrónica, un aporte sin el cual la maniobra no hubiera sido posible.

El perjuicio económico causado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados habría sido percibido de manera irregular por la farmacia a través del circuito habitual de facturación.

El origen de la causa penal

La investigación que ahora se encamina al juicio oral tuvo su punto de partida en una alerta interna. La Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados al PAMI (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, recibió un correo electrónico enviado por el área legal del organismo que advertía sobre presuntas inconsistencias en la dispensa de medicamentos en una farmacia de Rafaela.

El disparador fue la denuncia de una afiliada que detectó diferencias entre los medicamentos que figuraban como recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Según relató, en la farmacia le entregaron una copia de su cuenta corriente donde aparecían fármacos que nunca le habían sido prescriptos. Al analizar el caso, se constató que las recetas habían sido emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y a quien dijo no conocer.

A partir de ese dato, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, que comenzó a revisar documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI. El relevamiento incluyó entrevistas al azar a otros afiliados de la ciudad, quienes en su mayoría desconocieron al médico investigado y negaron haber recibido o consumido los medicamentos que figuraban en el sistema como prescriptos y dispensados.

Los cruces de información permitieron establecer que el patrón se repetía: jubilados que no conocían al profesional, recetas emitidas sin consulta previa y medicamentos facturados como entregados, aunque los propios afiliados negaban haberlos recibido o afirmaban consumirlos en menor cantidad.

La pesquisa avanzó con un dato técnico clave. Un informe de una empresa de telecomunicaciones confirmó que las recetas electrónicas habían sido emitidas desde computadoras cuyas direcciones IP estaban asociadas al domicilio comercial de la farmacia. Esa información fue corroborada luego por tareas de campo de la Gendarmería Nacional, permitiendo identificar tanto el domicilio real como el comercial de la farmacéutica.

Con autorización judicial, se realizaron allanamientos en la farmacia y se secuestraron ocho gabinetes de computadoras, que fueron peritados por personal especializado. Del análisis surgió información relevante que fortaleció la hipótesis de una maniobra coordinada entre ambos profesionales para simular prestaciones médicas inexistentes.

En paralelo, el PAMI avanzó con un sumario administrativo que derivó en una sanción económica contra el médico. En ese expediente interno también se entrevistó a 10 afiliados; todos aseguraron no conocerlo ni haber adquirido medicamentos en la farmacia involucrada.

Tras reunir la evidencia, el fiscal Onel pidió la indagatoria de los imputados. Si bien en febrero de 2024 un juez federal dictó la falta de mérito, la decisión fue apelada y revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En agosto pasado, los camaristas consideraron acreditado, con el grado de probabilidad exigido, que existió una maniobra sistemática para provocar un gasto indebido al Estado.

Con ese respaldo, y tras descartar que se tratara de hechos aislados por la magnitud del caso, el juez Cuello Murúa dictó el procesamiento de ambos imputados, sin prisión preventiva, por defraudación contra la administración pública. Esa resolución es la que ahora habilitó el pedido de elevación a juicio oral.

Auditorías que encendieron todas las alarmas en el PAMI

El caso se inscribe en un escenario mucho más amplio de controles y auditorías que el PAMI viene profundizando desde el año pasado y que dejaron al descubierto prácticas sistemáticas de fraude en distintas áreas sensibles del sistema de salud de los jubilados.

Relevamientos internos a los que tuvo acceso Infobae revelaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los propios prestadores. En uno de los episodios más llamativos, un centro de gastroenterología con apenas dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en solo cinco horas, un número considerado materialmente imposible por los auditores.

Situaciones similares se detectaron en el módulo de cardiología. Allí se identificaron prestadores que, actuando como personas físicas, transmitieron cientos de órdenes médicas electrónicas en un solo día. En algunos casos se registraron hasta 689 órdenes asociadas a más de 300 pacientes en 24 horas, lo que implicaría jornadas de trabajo de más de 80 y hasta 100 horas diarias.

Las auditorías también expusieron turnos superpuestos, consultas asignadas en el mismo horario a un mismo profesional para prácticas distintas y el uso compartido de credenciales para emitir recetas y órdenes médicas, una práctica que vulnera los controles básicos del sistema de trazabilidad.

Según los informes oficiales, estas irregularidades forman parte de un entramado más complejo que incluye recetas electrónicas falsas, facturación de prestaciones inexistentes, uso indebido de datos personales de afiliados y la emisión de órdenes sin que mediara atención médica real. En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento.

Las máximas autoridades del organismo, encabezadas por su director ejecutivo Esteban Leguízamo, impulsaron denuncias penales ante la Justicia Federal por defraudación a la administración pública. Los montos involucrados serían millonarios, aunque el daño total aún está siendo cuantificado en sede judicial.

Frente a este panorama, el PAMI puso en marcha un esquema de control más estricto que incluye auditorías permanentes, monitoreo de umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital, cruce de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. También se centralizaron las compras de insumos desde PAMI Central, con el objetivo de eliminar sobrecostos y cerrar circuitos opacos heredados de gestiones anteriores.

Desde el organismo aseguran que el foco no está puesto en recortar prestaciones, sino en desarticular los mecanismos de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos del sistema lleguen efectivamente a los afiliados.

Con causas judiciales abiertas, sumarios administrativos en marcha y auditorías activas, el PAMI intenta reordenar una de las cajas más sensibles del Estado y recuperar la confianza en un sistema históricamente atravesado por irregularidades.