POLITICA
El peronismo cerró filas para defender a Cristina Kirchner, pero la tregua interna parece temporaria
La Corte Suprema de Justicia soltó una bomba política en el tablero del PJ, la principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei, cuando confirmó la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
La resolución, que se conoció en plena puja distributiva por el poder interno en el peronismo, provocó un cierre de filas de las distintas vertientes del espacio frente a lo que consideran una persecución política y un intento de proscripción de una de las máximas representantes de la oposición a Milei.
En estado de shock, los caciques del PJ bonaerense, sindicalistas y aliados como Sergio Massa o Juan Grabois se alinearon para solidarizarse con la exmandataria y se comprometieron a movilizarse el próximo miércoles para acompañarla a los tribunales de Comodoro Py, donde Cristina Kirchner pretende notificarse de su condena por corrupción y entregarse. La mini-tregua durará hasta ese día. “Puede ser la última vez que marchemos todos juntos”, reconocen.
Si bien las demostraciones de apoyo y la promoción de la campaña “Cristina libre” eclipsaron la pelea por el liderazgo de la oposición a Milei, las diferencias en el seno del PJ en torno al armado electoral en Buenos Aires siguen latentes. Es que el quiebre entre la tropa de Axel Kicillof y La Cámpora, la agrupación que conduce Máximo Kirchner, parece casi sellado desde que el gobernador decidió avanzar con el desdoblamiento de los comicios bonaerenses y reforzar la construcción de una fuerza propia para consolidarse como el jefe político de su distrito, el principal bastión electoral del PJ. “Hay una tensa calma. El miércoles es la última oportunidad para que Cristina Kirchner falle de manera ecuánime entre La Cámpora o Máximo y los que queremos una fuerza más amplia”, remarcan en el pelotón de Kicillof. No obstante, la exmandataria empoderó a su hijo tras el fallo de la Corte: no solo se mostró escoltada por él, sino que el jefe de La Cámpora levantó el perfil y dio dos entrevistas. Este sábado, en tanto, encabezó una conferencia con medios internacionales para explicar la condena a la expresidenta. Lo acompañaron Carlos Beraldi, abogado defensor, Teresa García, Felipe Solá, Carlos Taina y Gustavo Menéndez, entre otros.
Tras el golpe por el fallo de la Corte Suprema que convalidó la condena contra Cristina Kirchner por direccionar obras públicas a favor de Lázaro Báez, se abrieron dos senderos en el peronismo. Por un lado, se ubican los unitarios. Son los dirigentes que están convencidos de que la medida judicial que sacó de la carrera electoral a la titular del PJ –ella había anunciado hace diez días su intención de competir como candidata a diputada bonaerense por la tercera sección de Buenos Aires- hizo que haya más incentivos para conservar la unidad. En ese grupo se enrolan desde los camporistas y Massa hasta los intendentes del cristinismo y Juan Grabois.
Y, por el otro, aparecen los dirigentes que están encolumnados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Kicillof, o los intendentes díscolos, como Fernando Gray (Esteban Echeverría) o Julio Zamora (Tigre), que no están dispuestos a aceptar que la lapicera esté en manos de Cristina Kirchner y La Cámpora a la hora de definir los lugares en las listas. Es decir, ellos quieren tener influencia y hacer valer el peso de su aparato territorial. Si la candidatura de Cristina Kirchner en la tercera sección ya era problemática, las versiones de una eventual postulación de Máximo, su hijo, para reemplazarla en la boleta despertaron indignación. “Es lo más pianta votos que hay”, braman.
Tampoco toleran la idea de Grabois de convocar a las bases del peronismo a abstenerse en las legislativas de septiembre y octubre como una manera de protestar ante el encarcelamiento de Cristina.
La incógnita sobre el esquema electoral que utilizará el peronismo en Buenos Aires se estirará durante varios días. Sin la herramienta de las PASO, se avecina una negociación compleja para diseñar la oferta del PJ en las ocho secciones electorales y defender los territorios de sus intendentes. Las autoridades de las distintas tribus de la fuerza admiten que reagruparse no será sencillo, sobre todo, porque ya comenzó la cuenta regresiva para la batalla electoral. El 9 de julio finaliza el plazo para presentar las alianzas ante la Justicia. Y, diez días después, deberán oficializar las listas. ¿Habrá lugar para sellar la paz y encontrar una síntesis? En el PJ intuyen que el entendimiento entre LLA y Pro en Buenos Aires los empuja a evitar una división de la propuesta opositora a Mile.
“A la política de Milei hay que oponerle peronismo”, enfatizó Massa durante la cumbre del jueves en la sede del PJ. En el cuartel general del Frente Renovador, estiman que el fallo de la Corte intensificó la polarización entre el mileísmo y el anti-mileísmo por lo que aventuran que la campaña para las elecciones bonaerenses de octubre se nacionalizará. “Será una unidad imperfecta y el cierre seguramente se hará a los machetazos, pero no hay otra opción”, dicen en el massismo.
En ese contexto, Massa ratifica su apuesta a preservar una oferta unificada en Buenos Aires para enfrentar al modelo de La Libertad Avanza. Asume que la discusión proselitista girará en torno a un plebiscito de la gestión nacional. Y considera que la principal oposición debe plantarse en el escenario con el nombre de “peronismo” y apostar a exhibir una renovación.
Más allá de las escenificaciones públicas de unidad, el conflicto entre Kicillof y los colaboradores más estrechos de la presidenta del PJ escaló durante las últimas horas. Solo recibió señales de hostilidad del núcleo duro del cristinismo cuando fue a reunirse con la exjefa del Estado y quedó marginado de la foto que armaron José Mayans y Máximo Kirchner junto a los excandidatos presidenciales Massa, Grabois y Guillermo Moreno. La senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las voces más escuchadas por Cristina Kirchner, sugirió que el gobernador había debilitado a la titular del PJ al separar las elecciones provinciales de las legislativas nacionales. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y una de los arietes de La Cámpora, también le pidió que actúe con generosidad.
Kicillof perdió espacio para ensayar gestos de autonomía. En la cúpula del PJ creen que se verá empujado a preservar los puentes con Cristina Kirchner para no pagar un costo con la base electoral del peronismo y los militantes más fieles a la expresidenta. Cualquier movimiento que sea leído como un intento de sacar los pies del plato o despegarse de la exmandataria, asumen en el PJ, podría derivar lisa y llanamente en una acusación de traición. “¿Quién se va a animar a romper ahora con Cristina presa? Un 50% de la población cree que es inocente. No habrá un 17 de octubre, pero enfrentarla ahora es costoso. Es la víctima”, analiza un dirigente con llegada a todas las terminales del PJ.
En concreto, la discusión sobre la estrategia electoral se postergó hasta el próximo jueves. Es que el diseño del plan de acción para respaldar a Cristina Kirchner fue un tema casi excluyente en la seguidilla de reuniones que organizó la conducción del peronismo en la sede partidaria de Matheu. Las primeras conversaciones entre Kicillof y la expresidenta que se habían producido poco después de que ella se anotara en la contienda electoral de septiembre también quedaron en pausa ante el impacto del fallo de la Corte, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner.
Entre los jerarcas del peronismo bonaerense que respaldan a Cristina Kirchner consideran que la resolución de la Justicia actuó como un “despertador” del movimiento peronista y fortalecerá la reorganización de la fuerza de cara a los comicios de septiembre y octubre. Se aferran a la épica de la resistencia: arguyen que sacarla Cristina Kirchner de la cancha electoral solo conseguirá que dirigentes y militantes abandonen el estado de “letargo” y les dará un mayor impulso para enfrentar a Milei en las urnas. “Es una tremenda injusticia. Esto pone en jaque el sistema de representación, pero va a ser favorable para el peronismo. Nos costaba juntarnos y ahora recobramos la vida”, señaló uno de los intendentes del conurbano que se mantiene fiel a la expresidenta.
En La Cámpora aseguran que la discusión electoral pasó a un segundo plano. Es que la prioridad para el círculo de confianza de la expresidenta es organizar la resistencia y ampliar la red de apoyos con vistas a la marcha del miércoles. “Tiene que ser una movilización muy importante para acompañar a Cristina y evitar una humillación”, aventuran. Quienes rodean a Kicillof no ocultaron sus divergencias con la táctica que adoptó el camporismo para rechazar la decisión judicial. Repudiaron desde la violenta irrupción de militantes en el canal TN, del grupo Clarín, hasta los cortes de ruta o accesos a la Capital.
Por ahora hubo muestras de respaldo y silencios sugestivos entre los gobernadores del PJ o los popes de la CGT. En la central obrera se comprometieron a movilizarse para repudiar el fallo de la Corte, pero será más una gestualidad por el momento que vive que una demostración de lealtad o reverencia. En rigor, los moderados apuestan a la figura de Kicillof. Ven que el liderazgo de la expresidenta se consume desde hace años y que le será complicado mantener la centralidad con su encarcelamiento. En otras palabras, aventuran que la prisión domiciliaria la va a debilitar aún más con el paso del tiempo. Por lo pronto, ella intenta mostrarse fuerte y decidida a dar pelea por mantener el control del PJ.
POLITICA
Formosa | Una exfuncionaria del gobernador Gildo Insfrán denuncia a uno de sus ministros de acoso sexual

Una exfuncionaria del Gobierno de Gildo Insfrán en Formosa denunció en los medios de comunicación y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a un integrante del Gabinete provincial por un presunto acoso sexual e institucional.
Se trata de Silvia Tarantini, exdirectora del Registro de Personas Jurídicas de la provincia, quien asegura que el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, la sometió a un acoso sistemático durante buena parte de los 14 años que trabajó bajo sus órdenes.
El poderoso funcionario provincial le propinó a Tarantini, entre otros aprietes, insinuaciones sexuales a cambio de cargos legislativos o ascensos en la jerarquía del gobierno de Insfrán, según relató la mujer a .
“La relación siempre fue tensa, de mucha presión, de mucho acoso laboral y también de acoso sexual. Al principio, de manera velada: piropos, insinuaciones, como para ver si yo me enganchaba en algo. Yo me quedaba callada, bajaba la cabeza, no decía nada. Era mi jefe”, afirmó.
“En algunas oportunidades me insinuó que si yo tenía algo íntimo con él, si era un poquito más cariñosa… me dijo: ‘si vos sos un poquito más cariñosa conmigo, yo te puedo… vos podés ser la próxima subsecretaria’”, reconstruye Tarantini. “En otra ocasión me ofreció ser diputada provincial, y en otra, diputada nacional”, agregó.
intentó comunicarse con el ministro González, con la secretaría de prensa de la provincia y con otras figuras del gabinete, pero al momento no obtuvo respuestas. Tampoco hubo pronunciamientos por parte del Gobierno respecto a la acusación, que Tarantini amplió en Radio Uno de Formosa.
La denuncia fue anterior, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Sabrina Ajmechet, aprovechando una visita de un comité a la provincia, del que también formó parte la diputada Lilia Lemoine.
Por el momento, Tarantini asegura que no iniciará acciones legales, al menos no en Formosa, cuya Justicia considera “cooptada”. Sin embargo, no descarta hacerlo más adelante, con pruebas que mantiene a resguardo en una escribanía fuera de la provincia.
“Quiero resguardar mi integridad física y psicológica, pero sobre todo la física, tanto mía como la de mi familia y mi entorno, y también mis bienes, porque la represalia va a ser desmedida. Yo los conozco. La Policía de Formosa responde al ministro de Gobierno, justamente quien era mi jefe”, sostiene.
Tarantini trabajó durante 30 años en el Gobierno provincial. Según relata, su relación con González siempre fue tensa, pero la presión para desplazarla del cargo creció cuando él se convirtió en ministro.
Asegura que el respaldo político de Insfrán la sostuvo en el cargo durante años. Ese apoyo comenzó a resquebrajarse cuando insinuó que iría a la Justicia a presentar una denuncia. En diciembre de 2019, el ministro González le comunicó que “el gobernador había aceptado su renuncia”, tras presentarla junto a otros funcionarios, como es habitual frente a un cambio de Gobierno, explica.
“Tuve una crisis hipertensiva, estuve internada, sufrí un ACV; todo eso está documentado. Me dejó una incapacidad permanente: soy hipertensa de por vida, estoy medicada y me afectó el oído derecho. Tengo una incapacidad severa, uso audífonos y padezco una disminución auditiva del 70%”, detalla.
La provincia de Formosa enfrenta elecciones de medio término el 29 de junio. Se renovarán 15 de las 30 bancas en la Legislatura. La nueva conformación tendrá la tarea de poner en marcha la reforma constitucional con la que Insfrán, que gobierna la provincia de manera ininterrumpida hace 30 años, aspira a un noveno mandato.
Tarantini eligió dar a conocer su historia ahora porque la semana pasada cumplió los 30 años “de servicio” para la jubilación, un momento que estaba “esperando con ansias” para hacer público el caso, según cuenta. Coincidió con la visita de la comisión de Derechos Humanos y aprovechó para volcar allí su testimonio.
Como exfuncionaria, Tarantini describe un entramado de agresiones y presiones por parte de figuras cercanas al poder en Formosa y sostiene que los abusos en la provincia son “estructurales”, aunque reconoce que son pocos quienes se animan a denunciarlos públicamente.
Además, afirma que durante su gestión en el Registro de Personas Jurídicas se le prohibía otorgar personerías a entidades que no fueran “compañeras” y que la obligaban a participar en maniobras de “fraude electoral”.
“Ellos tienen tomado todo. No lo digo porque lo escuché, lo digo porque formé parte”, dijo ante la comisión de Derechos Humanos.
POLITICA
Al Gobierno le falta apoyo opositor y demora el proyecto para incentivar el uso de los dólares del colchón

El Gobierno ve difícil que pueda apurar en Diputados el debate por el proyecto de ley de «Principio de Inocencia Fiscal», mediante el cual busca incentivar el uso de los dólares del colchón. La llave para destrabar esta situación no serían sólo los gobernadores, sino que necesita sumar el apoyo de los sectores más díscolos de la oposición.
Por ahora, en el oficialismo no se arriesgan a convocar al plenario de comisiones para arrancar con el tratamiento de la propuesta, pero se ilusionan con la posibilidad de abrir la discusión en la última semana de junio.
«Está difícil el Congreso y las comisiones. Queremos ser prudentes pero la intención es convocar lo antes posible», le dijo a Clarín un operador libertario sobre la propuesta enviada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, para atraer parte de los más de US$ 250.000 millones que están por fuera del sistema financiero.
Los aliados más optimistas tampoco alientan la posibilidad de que el debate en comisión comience la próxima semana y dejan abierta la posibilidad de convocar a una reunión informativa entre el 24 y 26 de este mes.
Cuando en la Casa Rosada pensaban que con la adhesión de 14 provincias al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias ya tenían medio proyecto aprobado, en Diputados se abrió la caja de Pandora.
La propuesta ya fue girada a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, que son controladas por el oficialismo. En las dos últimas, el oficialismo tendría los avales para sacar el dictamen de mayoría, pero en la encabezada por José Luis Espert a los libertarios no le dan los números.
La comisión de Presupuesto está integrada por 49 diputados y para tener el despacho de mayoría se requiere de la mitad más uno, es decir, 25 avales. En un primer conteo, La Libertad Avanza tiene 6 firmas propias y las de sus aliados del PRO (7), la UCR (3), MID (2), la Liga del Interior (1), Innovación Federal (2) y Producción y Trabajo (1). Es decir, hasta aquí cuenta con el apoyo de 22 miembros.
Enfrente, Unión por la Patria, que viene unificado después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, posee 20 firmas y el Frente de Izquierda cuenta con 1 voto para el rechazo de la propuesta de «Toto» Caputo.
Ante este escenario, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, junto a Eduardo «Lule» Menem, el asesor más cercano a Karina Milei, y Santiago Caputo, deben buscar las 3 firmas que le faltan en Encuentro Federal, la bancada que lidera Miguel Angel Pichetto; Democracia para Siempre, que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau; y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Los radicales díscolos tienen 3 representantes, pero sólo Jorge Rizzotti, que responde al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, puede ser permeable a la presión del Gobierno. Mientras que en el caso de Encuentro, la atención puede estar puesta en cómo se mueva el cordobés Ignacio García Aresca, que pertenece a la línea del gobernador Martín Llaryora.
Vale recordar que este espacio tiene una propuesta similar a la impulsada por el Ejecutivo que fue elaborada por Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy y que obtuvo dictamen sin disidencias. Sin embargo, nunca llegó al recinto a pesar de que había un preacuerdo con un sector del oficialismo para que la iniciativa sea tratada a cambio de los votos para la aprobación de la ley Antimafia.
La otra opción que tiene el oficialismo para avanzar con el proyecto sería el aval de Paula Oliveto de la Coalición Cívica. En el espacio de Lilita Carrió reclaman por la falta de aprobación del Presupuesto y si bien entienden que la propuesta enviada desde el Ejecutivo busca actualizar los montos del Régimen Penal Tributario, hay una reforma al Procedimiento Tributario que no convence.
En el recinto, el oficialismo tampoco tendría garantizado los votos, pero obviamente en ese escenario comenzarán a intervenir los gobernadores que le dieron un guiño al Gobierno con la firma a un acuerdo para la transferencia de información financiera. El convenio ya lo firmaron Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis.
Por ahora, Jorge Macri (CABA) no definió su posición y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) quiere cambios en la propuesta para que no afecte a la industria de su provincia. Axel Kicillof (Buenos Aires) se niega a sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias y amenaza con cobrarles los impuestos a quienes saquen los dólares del colchón.
Diputados,Luis Caputo,Martín Menem
POLITICA
Cristina Kirchner volvió a saludar a la militancia desde el balcón de su casa tras el desalojo de la Policía de la Ciudad

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a saludar este domingo a la militancia que se encontraba a las afueras de su casa en el barrio porteño de Constitución. Así, ya se cumplen cinco días consecutivos que la líder del PJ se muestra desde la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema por la causa Vialidad.
De esta manera, pasadas las 16, como se ha vuelto habitual en los últimos días, la ex mandataria sale al balcón de su departamento en la calle San José y se muestra con el grupo de militantes que se apostan en las cercanías del domicilio.
Todo ocurrió después del operativo de la Policía de la Ciudad que se llevó a cabo durante la madrugada de este domingo para desalojar a un grupo de militantes que estaba acampando en las inmediaciones de la casa donde está la ex vicepresidenta desde que se confirmó su condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión. “No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron voceros policiales consultados por Infobae.
El operativo contó con la presencia de 160 efectivos que retiraron carpas, banderas y estructuras que estaban instaladas sobre la vía pública. No se reportaron ni enfrentamientos ni detonaciones.
Pasadas las 3 de la mañana, ya no quedaban efectivos en el lugar y la circulación vehicular había sido restablecida. Según las autoridades, el despliegue fue motivado por la necesidad de “liberar el espacio público” y se realizó de forma sorpresiva para evitar disturbios.
Todo esto se da en la previa de la presentación que hará ante la Justicia el próximo miércoles, cuando CFK vaya a los tribunales de Comodoro Py para “estar a derecho”. La ex mandataria lo confirmó a través de sus redes sociales con un escrito que publicó ratificando su pedido de cumplir con la prisión domiciliaria en su casa y en el que apuntó contra el máximo tribunal.
“El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat», escribió.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
South America / Central America,BUENOS AIRES
-
POLITICA2 días ago
Condena a Cristina Kirchner: hasta cuándo durarán las tomas en la UBA en contra del fallo
-
ECONOMIA3 días ago
Quienes cobren un sueldo superior a esta cifra comenzarán a pagar Impuesto a las Ganancias desde julio
-
POLITICA19 horas ago
Diputados: impulsan un proyecto para que los fondos decomisados de la causa Vialidad vayan a hospitales infantiles