Luego de que la Cámara de San Martín ordenara este lunes la excarcelación de Alesia Abaigar, la funcionaria bonaerense detenida desde el 24 de junio por estar implicada en el ataque al domicilio del diputado José Luis Espert, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fijó una caución real de 30 millones de pesos para hacer efectiva su liberación, junto con otros pautas de conducta.

“Una vez efectivizada la caución real impuesta precedentemente, se materializará la excarcelación de la nombrada, se dispondrá su inmediata libertad y se ordenará a la Dirección de Monitoreo de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad de la Nación, el inmediato retiro del dispositivo que le fuera colocado al momento de ordenar su prisión domiciliaria”, dice la resolución de la jueza.

La medida, que también obliga a la funcionaria a presentarse semanalmente en el juzgado de Arroyo Salgado, fue apelada por la defensa de Abaigar. Sus abogados, Daniel Llermanos y Adrián Aldor -que habían pedido que la caución fuera una declaración jurada- presentaron un escrito en el que calificaron de “exorbitante” al monto impuesto por la jueza y afirmaron que, en su resolución, la Cámara de San Martín ya había sostenido que no estaba demostrado cómo Abaigar podría entorpecer la investigación en curso.

 “El monto supera el equivalente a 94 salarios mínimos vitales y móviles al día de la fecha, lo que lo hace de muy dificultoso cumplimiento -alegaron los abogados-. De llegarse a conseguir el dinero, lo cierto es que lo sería con mucha ayuda de familiares, amigos y compañeros de militancia, que verían esa suma inmovilizada probablemente por mucho tiempo”.

Y agregaron: “No cabe menos que considerar que la jueza se ha alzado contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, difiriendo cumplir la decisión de la Alzada a que la misma Alzada fije un monto razonable de caución, resolviendo el presente recurso”.

La Cámara de Apelaciones de San Martín, con las firmas de los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, ordenó ayer la excarcelación de la funcionaria Abaigar, que fue arrestada el 25 de junio y trasladada a Ezeiza, donde estuvo hasta el viernes último, cuando Arroyo Salgado le otorgó la prisión domiciliaria por problemas de salud.

“Entendí el show mediático en el que me estaban metiendo cuando me trasladaron desde el juzgado de San Isidro a la Unidad 28”, dijo Abaigar, en diálogo con Radio Perfil, en su primeras declaraciones tras su detención. “Al ver eso, me dije a mí misma: necesitan llenar la pantalla con con este show porque, como mucho, esto podría haber sido una contravención, no es para nada un atentado, en todo caso es un escrache”, continuó.

Según su relato, la detención debió repetirse tres veces para que la policía pudiera “obtener la foto y el video como ellos querían”. Además, sostuvo que durante el procedimiento, su madre de 70 años fue esposada.

“Soy militante feminista desde hace muchos años, de hecho, mi ingreso en la política tiene que ver con con mi activismo feminista. Esto es absolutamente aleccionador, ¿no? Molesta mucho, muchísimo, una mujer en política“, completó la funcionaria, que, por estas horas, sigue detenida.

Por el ataque al domicilio del diputado, ocurrido el lunes 17 de junio, también está arrestada Eva Mieri, la jefa del oficialismo en el concejo deliberante de Quilmes, en manos de la camporista Mayra Mendoza. Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, que habrían participado del ataque, ya fueron liberados.

A la concejala y a la funcionaria -que es directora de Sensibilización y Promoción de Derechos dentro del Ministerio de la Mujer bonaerense- se las acusa de haber participado en el escrache contra el diputado Espert en su casa de San Isidro, el 17 de junio, entre las 18 y las 19:30.

Aquel día, según los registros, media docena de personas con sus caras cubiertas colocaron en la casa del diputado un pasacalle con la escritura “Acá viva la mierda de Espert”, repartieron estiércol por todo el frente de la residencia y, antes de retirarse del lugar, arrojaron gran cantidad de volantes que rezaban “Espert sos una mierda… con Cristina no se jode”.

Para llevar a cabo la agresión, las siete personas se habrían trasladado en al menos dos vehículos: una camioneta marca Chevrolet, cuya titularidad es de una empresa que le cedió su uso a la Municipalidad de Quilmes, y el Clio del cual Abaigar es titular, motivo por el que quedó detenida. Ambos automóviles tenían tapadas sus patentes con cinta adhesiva negra.

El día anterior al ataque contra la casa del diputado, la camioneta de la municipalidad permaneció varios minutos en la esquina de San José 1111 -el domicilio donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario-, según un informe de la División Imágenes de la Policía Federal, dijeron a fuentes con acceso al caso

En medio de una semana clave para la disputa entre las provincias y el Gobierno nacional por los fondos federales, intendentes de todo el país se reunieron hoy en la Cámara de Diputados para reclamar la restitución de partidas que, según denuncian, la Nación retiene de forma indebida. El foco está puesto en tres ejes: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos fiduciarios para obra pública y el impuesto a los combustibles líquidos, que debería financiar el mantenimiento de las rutas.

La reunión fue convocada por el diputado cordobés Juan Brügge, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, aunque no pudo llegar a tiempo para presidirla por demoras en los vuelos. En su lugar estuvo Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria. La iniciativa de esta cumbre, según señalaron los participantes, se gestó en mayo, durante la conformación del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en Tucumán. Se da como parte de una estrategia coordinada con los gobernadores que empujan en el Senado una ofensiva legislativa por los mismos reclamos.

Aunque fueron convocados más de veinte jefes comunales de capitales provinciales, las condiciones climáticas impidieron la llegada de varios. Estuvieron presentes, entre otros, los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Marcos Castro (Viedma), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Juan Manuel García (Machagai, Chaco) y Norma Fuentes (Santiago del Estero). También el vice intendente de Puerto Madryn, Martín Ebene. Hubo representantes de las municipalidades de Río Grande (Tierra del Fuego) y Río Gallegos (Santa Cruz).

“En algún momento hay que poner un límite. La Nación es una aspiradora de recursos. No se trata de un orden fiscal, sino de acumular deuda que después alguien va a tener que pagar”, dijo Javkin a .

El intendente rosarino acusó al Gobierno nacional de recaudar con impuestos que impactan directamente en los municipios, pero sin reinvertir en servicios. “El impuesto al débito y crédito, el IVA que pagamos los municipios, el impuesto a los combustibles líquidos. Todo eso se queda en la Nación”, agregó.

Desde Santiago del Estero, Fuentes reclamó inversiones básicas para garantizar la producción y el transporte: “¿Cómo se va a sacar la producción si no tenemos rutas?”, planteó. En la misma línea, el intendente de Machagai (Chaco) describió la situación de colapso social que enfrentan los municipios: “Somos la caja de resonancia donde la gente viene a pedir lo que le falta. Pasajes, transporte, ayuda directa”. Y advirtió: “La disolución de Vialidad es una tragedia para nosotros. Se esfuerzan por destruir lo que hizo grande a este país”.

El Cofein reúne a intendentes de distintas fuerzas -UCR, PJ, PRO y partidos provinciales- con vínculos directos con los gobernadores que lideran la ofensiva legislativa en el Senado.

Entre los convocados estuvieron Julio Alak (La Plata), Daniel Passerini (ciudad de Córdoba), Gustavo Saadi (Catamarca), Roy Nikisch (Resistencia), Damián Biss (Rawson), Eduardo Tassano (Corrientes), Rosario Romero (Paraná), Jorge Jofré (Formosa), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Armando Molina (La Rioja), Ulpiano Suárez (Mendoza), Leonardo Stelatto (Posadas), Mariano Gaido (Neuquén), Marcos Castro (Viedma), Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan), Gastón Hissa (San Luis), Pablo Grasso (Río Gallegos), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Walter Vuoto (Ushuaia) y Bruno Cipolini (Roque Sáenz Peña).

El temario de la reunión giró en torno al impacto del retiro del Estado nacional de las inversiones públicas que históricamente se financiaban con recursos federales. Los intendentes plantearon la necesidad de revisar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y apoyaron los proyectos que los gobernadores buscan instalar en el Senado, que obligarían a coparticipar esos fondos y a distribuir los ATN en forma automática.

También se evaluó impulsar una propuesta para eximir del IVA a las contrataciones municipales vinculadas a obras y servicios públicos. “No tenemos ninguna posibilidad de descarga del IVA”, se quejó Javkin, al referirse a los sobrecostos que enfrentan los municipios al financiar infraestructura básica.

A su vez, Brügge impulsa una reforma para redistribuir el impuesto a los combustibles: propone que el 43,29% vaya a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25,47% al Tesoro Nacional, el 28,69% al Sistema de Seguridad Social y el 2,55% al transporte público. El objetivo, según el legislador, es “recomponer el esquema federal” y garantizar la equidad territorial frente al desfinanciamiento.

El movimiento de los intendentes no es aislado: acompaña el impulso de los gobernadores, que esta semana buscarán avanzar en el Senado con dos iniciativas clave. Una establece que los ATN se distribuyan de forma automática como parte de la masa coparticipable. La otra elimina los fideicomisos creados por decreto y establece reglas claras para la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

La tensión con el Gobierno nacional también se hará visible en el plano simbólico este martes por la noche, durante el acto oficial por el Día de la Independencia en Tucumán. Solo tres mandatarios -el anfitrión Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz- confirmaron su presencia junto a Javier Milei. El resto de los gobernadores, incluidos los dialoguistas, declinaron asistir por tener actividades ya pautadas en sus provincias.

El faltazo mayoritario -en el mismo lugar donde hace un año 18 mandatarios firmaron el frustrado Pacto de Mayo- opera como un nuevo gesto de distanciamiento. Aunque aseguran estar dispuestos a dialogar, los gobernadores sostienen que el dinero que reclaman “le pertenece a las provincias” y no afecta el equilibrio fiscal.

En este contexto, el Congreso se convierte en escenario de una ofensiva política coordinada. En el Senado, los gobernadores marcan el paso. En Diputados, sus intendentes replican la presión. La estrategia funciona como una pinza legislativa para forzar la redistribución de fondos que, denuncian, el Gobierno nacional concentra sin ley ni consenso.