El presidente Javier Milei habló este viernes en medio de la polémica con el examen de residencia médica luego de que se denunciaran irregularidades en los resultados -sobre todo de aspirantes extranjeros-, algo que impulsó al Ministerio de Salud a establecer una nueva fecha para aquellos que sacaron 86 puntos o más.

A través de su cuenta de X, el libertario salió al cruce de los extranjeros -entre los apuntados la mayoría son ecuatorianos- en duros términos. “Estallido dentro de los pobres cerebros wokes [término referido personas que militan para terminar con la desigualdad] domésticos“, escribió el mandatario.

Y luego agregó: “La situación de los exámenes que se sospechan adulterados son parte del parásito mental ‘equidad, diversidad e inclusión’ y es divertido ver cómo les dinamita al nacionalismo berreta de cotillón…Fin».

El mensaje del Presidente llega en el marco de la polémica por los médicos que presentaron sus quejas públicas por tener que rendir de nuevo el examen a pesar de -según cuentan- obtener resultados altos de manera honesta. Y es que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, estableció que todos aquellos que obtuvieron 86 puntos sobre 100 o más [alcanza a 286 médicos], deben presentarse nuevamente para el Examen Único que tuvo lugar el pasado 1 de julio.

De acuerdo a los registros oficiales, de esos 268, 149 poseen títulos emitidos por universidades extranjeras y un gran porcentaje de ellos no obtuvo promedios destacables en sus universidades mientras que en el Examen Único presentó puntajes sobresalientes, lo que derivó en las sospechas.

Según las denuncias anónimas presentadas por médicos, algunos participantes habrían utilizado celulares “señuelos” o auriculares, habrían armado grupos de chats que proponían organizarse para copiarse según el tema y habrían vendido las preguntas por entre US$2000, US$3000 y hasta US$5000.

Este año se presentaron 2833 profesionales extranjeros. Entre los países con mayor participación, figuran 1045 de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú, de acuerdo con los registros oficiales.

El Presidente escribió su mensaje y citó un video de un cruce entre un médico ecuatoriano y uno argentino. En el canal TN, Leonardo Arias, presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, dijo que “no existe ninguna prueba fehaciente” de que se cometió un fraude en el Examen Único. “No existe ni denuncia penal ni sentencia judicial. ¿Crees que fueron culpables los postulantes y no los responsables del sistema, que tuvieron años planeando [el examen] sin poder prevenir los errores?“, expresó Arias.

Inmediatamente, Franco D’Addario, médico argentino, manifestó su posición en contra de tener que rendir de nuevo: “Yo estuve seis meses preparándome para el examen, 10 años me preparé para ser médico. No me corresponde a mí saber quién es el responsable. Hoy estoy siendo perjudicado por una decisión que se tomó”. Sin embargo marcó: “Nunca en la historia hubo puntajes tan altos como en este año”.

Tras esa frase, en la que D’Addario deslizó que los puntajes tan altos marcan una irregularidad, Arias replicó: “Estás mencionando no puede haber extranjeros con suficiente capacidad intelectual y sin recursos, porque ellos no fueron a la universidad privada [D’Addario fue a una institución privada] que te pagaron tus papis [sic], ellos vinieron a trabajar día y noche y se ganaron ese puntaje. Nos estás culpando de que no hayas rendido bien el examen”.

CÓRDOBA.- Horas después de que el fiscal general adjunto de Córdoba, Alejandro Pérez Moreno, cuestionara la aplicación de la figura de la asociación ilícita por parte de los fiscales provinciales, dos de ellos presentaron notas ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia, exigiendo una investigación sobre quien es una de las cabezas del Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales de instrucción Juan Pablo Klinger y Enrique Alberto Gavier plantean que reaccionaron porque así lo pide el Código Deontológico del Poder Judicial, que dice que “frente a las intromisiones, presiones, amenazas o influencias de cualquier origen, que expresa o implícitamente se realicen y sean susceptibles de alterar el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional o en lo funcional, corresponde a magistrados y funcionarios la comunicación o denuncia ante la autoridad competente, sin perjuicio de las medidas a su alcance para evitarlas o repelerlas”.

En la nota que firman apuntan a la “conducta reprochable, de gravedad institucional apreciable, llevada a cabo por el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien ejerce la función de Fiscal General Adjunto de la Provincia de Córdoba».

Pérez Moreno habló el 12 de junio en un seminario de posgrado de la Facultad de Derecho y dijo: “La asociación ilícita ha llegado a ser hasta una broma entre nosotros, ya vamos al bar, vemos a tres: ‘che, asociación ilícita’…. Incluso ahí en tribunales, cuando se juntan tres abogados: ‘che, te va a ver tal fiscal; che, asociación ilícita’… Fíjense ustedes cómo se ha desnaturalizado la importancia que debe tener una asociación ilícita, hemos llegado al absurdo y esto lo digo, olvídense de que me presentaron como fiscal adjunto. No, yo soy el Ale Pérez Moreno y pienso acá y lo decía antes y lo digo ahora: hemos llegado al absurdo de decir de que diez muchachitos que roban en moto son una asociación ilícita y que hay que condenarlos por asociación ilícita porque son una banda peligrosísima».

La referencia es a la investigación que lleva adelante Klinger sobre el accionar de una banda de motochorros en el noreste de la ciudad. Pérez Moreno criticó la aplicación de la figura de la asociación ilícita para la privación de la libertad en causas por delitos económicos o de corrupción. Por ejemplo, una de esas causas es la de la corrupción en las cárceles cordobesas por la que está detenido el extitular del Servicio Penitenciario Juan María Bouvier. El ahora Fiscal Adjunto fue su abogado.

Para los fiscales, los dichos de Pérez Moreno son una “injerencia indebida” que “altera inexcusablemente el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional, y del Ministerio Público Fiscal en lo funcional, atentando, a través de su llamado al auditorio presente -abogados, empleados y funcionarios judiciales- a ayudarlo a cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba, contra la independencia y la rectitud en la administración de justicia».

Según los fiscales denunciantes, la “grotesca y reprochable presión pública ejercida por el abogado Pérez Moreno, nada más y nada menos que desde el lugar de Fiscal General Adjunto” transgrede las reglas.

En la denuncia, dirigida al fiscal general Juan Manuel Delgado, jefe directo de Pérez Moreno, los fiscales añadieron, en alusión a la conducta cuestionada: “Conspira contra la política de persecución penal fijada por Ud. como Fiscal General de la Provincia de Córdoba”.

Subrayaron en el texto que la declaración del fiscal adjunto “no sólo tuvo como objetivo claro entrometerse indebidamente y presionar aviesamente a dos funcionarios jerárquicamente inferiores, atentar contra la independencia funcional, la rectitud en la administración de justicia y la actuación del Ministerio Público Fiscal vinculada a su política de persecución penal; sino que al mismo tiempo, ha exhibido una preocupante desconexión con la realidad delictiva, con lo que la sociedad espera de nuestro compromiso frente a la criminalidad organizada acuciante que sufre a diario, y ha demostrado un desprecio lacerante al esfuerzo, dedicación y sacrificio inestimables de policías, empleados y funcionarios judiciales que intentan dar respuesta a lo que la comunidad nos demanda”.

Pérez Moreno juró en su cargo en febrero pasado y una de las fundamentaciones para su designación por parte del gobernador Martín Llaryora fue la de darle “dinamismo al plan de territorialidad de los fiscales”. Una de las causas más resonantes en las que actuó fue la del crimen de Blas Correa, asesinado por dos policías. Pérez Moreno fue el abogado de la familia.