Una de las actividades de la semana que pasó en el Congreso fue otra desprolija reunión de la comisión bicameral relacionada con la Defensoría del Niño, que intenta salir del embudo en el que se metió para encontrar a su próximo titular tras la desactivación -semanas atrás- de Marisa Graham, que en enero pasado se auto prorrogó su propio mandato y generó una situación de extrema irregularidad en la entidad. La novedad es que toda la oposición -kirchnerismo, radicalismo y macrismo- dejó en soledad al oficialismo y avanzó con la confección de un concurso veloz con el que se buscará conseguir, hacia finales de septiembre, la definición de un sucesor.

La bicameral fue presidida por la diputada radical Natalia Sarapura. Durante el cónclave del martes último, y si bien contaba con el guiño del resto de las bancadas opositoras, la jujeña repitió episodios de confusiones para quienes participaban del convite. Hacia allí apuntó su colega de recinto Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza-Santa Fe) que, con simples preguntas de días hábiles o de corrido, dejó a varios legisladores con miradas desorbitadas. A esta altura, ya hay quienes sospechan sobre el objetivo real de todo este proceso.

En la reunión se concretó un paso fundamental: la votación de plazos para toda la cadena que involucra designar a un Defensor del Niño, desde la publicación de la convocatoria, inscripción de postulantes, listo de admitidos, impugnaciones y avales, examen -escrito y anónimo- y corrección, audiencias públicas con postulantes que sigan en carrera, evaluación final y elevación a Cámaras. Durante años, el Congreso no tuvo voluntad de cumplir con la ley y, la primera vez que lo hizo, Graham se convirtió en la titular del organismo.

Todo terminó de la peor manera, con el mandato auto prorrogado de Graham y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la bicameral. Es decir, un papelón institucional. Claro está que, como cuenta Infobae desde el año pasado, en medio de las mini peleas de los legisladores para subir en redes sociales se encuentran las pocas personas y organizaciones que, de verdad y sin cuestiones escondidas de fondo -cargos o militancia-, trabajan a destajo por esta temática. Suelen ser los más perjudicados.

De los 10 integrantes de la comisión, ocho lo hicieron por el cronograma que propuso la oposición en su conjunto. El PRO quiso deslizar una postura intermedia que, en el fondo, no sirvió de nada. Por su parte, Mayoraz sugirió noviembre -sobre el final del período ordinario-, lo que fue tomado por el resto como una picardía innecesaria. Minutos después, el diputado manifestó: “Quería marcar otra cuestión. Me llega información de que la ex usurpadora del cargo -en referencia a Graham- sigue yendo a la Defensoría, lo cual me parece absolutamente irregular. Estamos hablando de una persona que se tuvo que haber ido hace tiempo y no lo ha hecho, motivando una resolución de este Cuerpo para hacerle entender lo que comprende cualquier estudiante de primer año de Derecho -por no decir un estudiante secundario-. Es decir, ya no puede seguir yendo”.

Mayoraz además reiteró una crítica que realizan algunos sectores sobre la poca incursión federal de la gestión Graham. En esa línea, el legislador le detalló a la jujeña: “En el informe de 2024 y en el parcial de 2025, el 63% de las acciones de la Defensoría fueron en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Su provincia tuvo el 1,69% de todas las acciones. Estamos hablando de un organismo que se lleva 7.000 millones de pesos por año. Entonces, ¿cómo estamos?”. Como aliciente, la presidenta de la bicameral quedó en convocar para el 24 de junio a distintas organizaciones.

En el despacho de Sarapura también se apilan consejos de instituciones que se dedican desde hace años a la temática, como “Infancia en Deuda”: las medidas abarcan la creación de un comité asesor para el armado y corrección de exámenes; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria; y el compromiso de difundir toda la información del concurso, entre otras cuestiones.

José López,Corrupción K,Últimas Noticias

Cristina Kirchner busca eludir el pago de los US$ 55 millones que le exige la Justicia tras la condena en la causa Vialidad, declarándose “insolvente”. En agosto de 2016, apenas tres días después de ser procesada por direccionar contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, la entonces expresidenta transfirió la mayor parte de sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Mediante una “herencia anticipada”, Cristina cedió el 50% de los activos financieros, bienes muebles e inmuebles que le correspondían por la sucesión de Néstor Kirchner, sumando al 50% ya en manos de sus hijos. La maniobra le dejó apenas US$ 200.000 a su nombre. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 estimó en US$ 500 millones el monto total a recuperar entre todos los condenados, de los cuales a Cristina le corresponderían unos 55 millones.

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El fiscal Diego Luciani, junto con su colega Sergio Mola, evalúa denunciarla por insolvencia fraudulenta, un delito que castiga la ocultación o vaciamiento patrimonial para evitar responder ante obligaciones judiciales. Ambos fiscales ya pidieron que los bienes decomisados sean destinados a obras públicas como escuelas y hospitales.

Entre los bienes embargados a los condenados figuran 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, cuentas bancarias, participaciones societarias y hasta hoteles, como el Alto Calafate y Los Sauces, que quedaron en manos de los hijos de Cristina.

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Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera, sostuvo que parte de los activos “sustraídos permanece oculta” y otra fue transferida mediante “actos simulados” para escapar a eventuales decomisos. También advirtió que el patrimonio declarado por la expresidenta está “muy lejos de reflejar la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos”.

Por su parte, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) instó a los fiscales a avanzar con la denuncia penal por el vaciamiento, estrategia que, recordó, ya utilizó María Julia Alsogaray al declararse insolvente y evitar devolver dinero robado al Estado.

En la declaración patrimonial que Cristina presentó en enero ante la Oficina Anticorrupción, asegura tener bienes por $249 millones (unos US$ 200 mil): un departamento en Recoleta, un terreno en El Calafate, acciones en Mercado Libre, Apple y Vista Oil, y un Toyota Corolla.

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El resto del patrimonio quedó en manos de sus hijos, quienes ahora poseen 25 inmuebles, acciones en las sociedades investigadas Hotesur y Los Sauces, y más de 5 millones de dólares en efectivo. Parte de esos fondos fueron hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia.

Mientras tanto, la Justicia avanza con el proceso de ejecución de sentencia, que incluirá el remate de los bienes ya embargados. Los fiscales solicitaron que los fondos recuperados se utilicen con fines sociales, recordando que “el dinero robado a través de la corrupción priva a los sectores más vulnerables de salud, educación y vivienda”.

El caso Vialidad ya tiene sentencia firme por parte de la Corte Suprema y es considerada una de las causas de corrupción más emblemáticas de los últimos años.

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