Finalmente, el Senado cerró una disputa parlamentaria de varios meses, para abrir una política y jurídica. El oficialismo aprobó el acuerdo para que la (ex)jueza Ana María Figueroa continúe en un cargo que ya no ocupa, porque fue apartada hace semanas por la Corte Suprema. La situación es inédita, pero la decisión de la Cámara alta, aunque reaviva el conflicto del kirchnerismo con el máximo tribunal, no tendrá efectos inmediatos: es decir, la magistrada no volverá a su cargo.

Breve resumen: el 9 de agosto, Figueroa, presidenta de la Sala I de Casación -máximo tribunal en materia penal del país-, cumplió 75 años, tope de edad según la Constitución para ejercer como juez, a menos que exista un acuerdo previo del Senado para que continúe en funciones. Para entonces, la Cámara que integraba aún debía resolver si reabría y enviaba a juicio los casos Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán.

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El oficialismo intentó desde julio realizar una sesión para aprobar el pliego. Falló en dos oportunidades. Llegó el 9 de agosto, Figueroa no abandonó el cargo e informó a la Magistratura que esperaba la definición de su situación en el Senado. El oficialismo interpretó que el pliego podía ser tratado siempre y cuando fuera en el curso de este año parlamentario.

Un mes después del cumpleaños de la jueza, cuando el oficialismo aún intentaba garantizarse el quorum para llamar a una sesión, la Corte -con la firma de sus cuatro miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- declaró que Figueroa cesó en sus funciones en el momento que llegó a los 75 años y no tenía un acuerdo del Senado para seguir.

Es decir, este jueves, el Senado aprobó un acuerdo que sostiene a la jueza en un cargo que ya no ocupa, por decisión de a Corte Suprema. Entonces: ¿La jueza regresa automáticamente a su puesto en la Cámara de Casación?

“De ningún modo. Es irrelevante lo que aprobó el Senado, porque lo único concreto es que la jueza ya cesó en su cargo porque se cumplió con el plazo que establece la Constitución y así lo ha declarado la Corte. Puede ahora hacer la presentación judicial que quiera, no va a prosperar, el último intérprete de la Constitución es la Corte”, responde a TN el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también advierte que no habrá un efecto automático, pero plantea: “Hay un hecho nuevo. Figueroa se tendrá que presentar ante la Corte, invocar el hecho nuevo y pedir que se la restituya en el cargo”.

En diálogo con TN Gil Domínguez recuerda tres antecedentes de jueces -Silvia Mora, Juan Carlos Bonzón y Luis Imaz- que cumplieron los 75 años y el Senado dio acuerdo para que continuaran en sus cargos luego de la fecha en la que esos magistrados habían cumplido años.

“Hasta ahora no tenía nada para presentar. Ahora tiene acuerdo, hay un hecho nuevo, puede plantear por qué ellos sí y ella no. Si la Corte Suprema le dice que no, se acabó la discusión. La situación es inédita por el momento en el que intervino la Corte. Fue una decisión administrativa, no un fallo, una decisión que no tomó con los otros tres jueces antes de que el Senado aprobara sus pliegos”, agrega.

La jueza, por otra parte, también podría ir con un planteo al Consejo de la Magistratura, donde no hay mayorías claras y probablemente la discusión quedaría empantanada.

“El hecho es inédito como para predecir cómo sigue. El Senado le prorrogó un mandato que ya no tiene. Es nulo. Puede judicializarlo, pero el último camino de la judicialización es la Corte, último intérprete de la Constitución, que ya definió que esta mujer ya no es jueza”, dice Jimena De La Torre, consejera de la Magistratura en representación de los abogados.

De La Torre advierte que la decisión del oficialismo en el Senado abre un “conflicto de poderes que además es delictual”, pero además sugiere la posibilidad de una jugada judicial más a largo plazo vinculada con las causas que complican a Cristina Kirchner.

Luego de que Figueroa fuera apartada del cargo, la Sala I de la Casación, con el voto de sus dos miembros restantes, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ordenó enviar a juicio Hotesur-Los Sauces y la causa por el Memorándum con Irán.

“A futuro el argumento podría a ser que dictaron sentencia sin Figueroa. Es decir, que ella en realidad debía continuar en su cargo, tenía acuerdo del Senado pendiente y la Sala que estaba integrada por tres personas falló con el voto de dos, entonces ese fallo es nulo y el proceso inválido”, señala De La Torre.

Gil Domínguez discrepa: “Si se hubieran violado garantías, porque en vez de tres hubo dos, eso no tiene que ver con Figueroa, porque podrían haber llamado a otro juez. No es necesario que se apruebe el pliego de Figueroa para plantear eso. En todo caso, Casación cometió un error porque los tribunales tienen que estar completos. Uno tiene derecho a conocer la opinión de los tres jueces, aunque sea una minoría: dos de dos parece unanimidad, y en realidad es una mayoría”.

Más allá de las implicancias jurídicas, la decisión del Senado abre inevitablemente un nuevo conflicto político entre el oficialismo y la Corte Suprema, e instala la agenda judicial de Cristina Kirchner en medio de la campaña, a menos de un mes de la elección presidencial.